Las marcas que Dominga Díaz Díaz tiene en el cuello son “señales de ahorcamiento con lazos y cuerdas”, cicatrices que se suman a las que presenta en la espalda por azotes y a las quemaduras por estar expuesta varias horas al sol tras haber sido rociada con gasolina, según el reporte que el médico del Hospital de las Culturas entregó a finales de junio pasado.
La mujer de 60 años es una de las ocho personas que recibieron atención médica después de haber sido retenidas y golpeadas por pobladores de la comunidad de Los Llanos, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, el pasado 25 de junio.
En total, 31 personas sufrieron la violencia de esa tarde en la que evangélicos que fueron expulsados en 2010 de la comunidad intentaron regresar a sus hogares, pero se encontraron con un grupo católico que les bloqueó el paso y les exigió “el pago de una multa” para salir con vida.
“Llegamos ahí a la comunidad y nos pararon, de inmediato se empezaron a comunicar que vinieran todos para que no nos fuéramos. Eran como el cuarto para el mediodía y nos agarraron, nos ataron y primero nos llevaron arrastrando por las piedras hasta el centro de la comunidad. Ahí nos desnudaron y nos vendaron los ojos, nos habían agarrado como a diez de nosotros. Nos bañaron de gasolina y nos empezaron a golpear y nos dijeron que nos iban a prender fuego ahí en la comunidad. Unos querían enjuiciarnos ahí y quemarnos, pero para no hacerlo mejor nos pidieron dinero. Las multan, que les llaman, el rescate. Nos preguntaban a nosotros ‘¿cuánto vale tu vida?, ¿cuánto vas a pagar por tu vida?’. Y entonces le pusieron precio”, narra Esdras Alonso González, pastor fundador de la Iglesia evangélica Alas de Águila, a la que pertenecen las familias que fueron atacadas.
El conflicto religioso en Los Llanos inició en mayo de 2009, cuando en la comunidad regida por usos y costumbres, la asamblea decidió que no querían que en sus tierras se profesara la religión evangélica ni que existiera un templo de esa iglesia, por lo que la mayoría votó a favor de su destrucción.
Según documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2010, tras la demolición del templo, también se atacó las viviendas de al menos cuatro familias que aceptaban profesar la religión evangélica y se les expulsó de la comunidad.
Los afectados buscan regresar a la comunidad en la que nacieron y reclaman el derecho sobre sus tierras, también han denunciado robo y despojo de pertenencias y de las cabezas de ganado que poseían; mientras que los católicos argumentan que la asamblea que los rige ya no los identifica como parte de la comunidad.
Chiapas es el estado del país con mayor diversidad religiosa. De los 4 millones 796 mil 580 habitantes, el 58.30% son católicos; el promedio más bajo entre las 32 entidades federativas, pues se ubica 25 puntos porcentuales debajo de la media nacional.
Organizaciones civiles y religiosas han documentado que en once municipios de Chiapas hay alrededor de 30 conflictos religiosos que califican como “graves” e involucran a más de mil personas y denuncian que éstos no son atendidos adecuadamente por el gobierno estatal.
En una carta enviada el 26 de junio pasado al gobernador Manuel Velasco tras el enfrentamiento en Los Llanos, organizaciones civiles e iglesias evangélicas exigieron poner fin en la entidad a los conflictos religiosos con políticas públicas que permitan restablecer el estado de derecho.
Según la versión de Esdras Alonso, como en “otros conflictos en los que aumenta la violencia”, lo que evitó que él y otros dos pastores fueran quemados vivos ese 25 de junio fue el pago de esa multa o rescate que ascendió a un millón 300 mil pesos; aunque asegura que quien entregó el dinero fue el mismo gobierno estatal “para evitar una tragedia”.
“Nosotros no tenemos esos recursos. Nos comunicamos a la secretaría general de Gobierno (del estado de Chiapas) y llegó una Comisión que fue la que negoció y como a las 9:30 de la noche les dijeron que iban a pagar el dinero. Nosotros sabemos que sí pagaron. Ellos no nos iban a soltar sí no daban el dinero porque además tenían detenidos a tres del gobierno”, cuenta el pastor, quien fungió como vocero de las familias afectadas.
El líder religioso se dice “muy agradecido” con el gobierno de Chiapas por pagar la multa y da su versión de lo que ocurrió ese día, en el que él mismo fue rociado con gasolina, golpeado y amenazado con ser quemado vivo para ver “si su Dios podía hacer algo”.
“A las 12 de la noche que no llegaba el dinero, los líderes de Los Llanos, Juan Gómez Díaz y Felipe Gómez Díaz, empezaron a gritar ‘traigan lazo, traigan lazo y aquí de una vez vamos a ver si el gobierno nos está tomando el pelo’. Ahí ya estaban metidos en un cuarto tres personas de la subsecretaria de Gobierno de la Región Altos. Entonces nos volvieron a atar y a pegar y nos decían que si nosotros creíamos que el gobierno nos había engañado y ahí nos iban a dejar. Como en la madrugada hablaron por radio ‘parece que ya viene el dinero’ y ya después dijeron ‘ya sáquenlos a todos que ya llegó el dinero’. Mario Carlos Culebro, subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos, fue encomendado por el gobernador para entrar a rescatarnos”.
Animal Político no pudo confirmar de manera independiente los hechos y el gobierno de Chiapas no estuvo disponible durante los dos meses que se solicitó una entrevista sobre la política estatal respecto a los conflictos religiosos y el ataque ocurrido en Los Llanos.
En la carta que la Coordinación de Organizaciones Cristianas envió al gobernador chiapaneco se hace énfasis en que se debe acabar “como política de solución el pago de multas a los líderes de las comunidades (agresoras) o la posibilidad de reubicación, actitudes que solamente acrecientan la violencia y la intolerancia”.
“Finalmente sí tuvieron que entrar ellos, si no lo hubieran hecho nos hubieran matado, pero eso tampoco soluciona el asunto, el asunto es cómo se tiene que tratar esa problemática en toda la región porque si ya permiten que la gente esté cobrando rescate y pueden detener a cualquier y no está el gobierno ahí poniendo orden puede generar otras confrontaciones”, dijo Esdras Alonso.
Conflictos religiosos, sin cifras claras
En noviembre de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció como una violación a derechos humanos la destrucción de un templo evangélico en Los Llanos, San Cristóbal de las Casas, y de doce viviendas y recomendó al gobierno estatal “garantizar el retorno de los desplazados al ejido Los Llanos (…) así como la pacífica convivencia, el respeto a su patrimonio y a profesar la religión que elijan”; lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.
Las cuatro familias que intentaron regresar a la comunidad de Los Llanos en junio pasado son protagonistas de uno de los treinta conflictos que organizaciones religiosas y civiles denuncian que existen en la entidad en comunidades regidas por usos y costumbres, en las que las asambleas votan para expulsar a la minoría religiosa o prohibir la práctica de su fe.
La Secretaría de Gobernación, instancia federal encargada de la política de libertad de cultos en el país, reportó en su Informe de labores 2012 que el año pasado se atendieron nueve conflictos de carácter religioso, que se mantienen en vías de resolución conforme a los tiempos establecidos en la ley.
El gobierno de Chiapas, por su parte, reporta que en ese mismo año sólo hubo 10 “controversias religiosas” e informó que atendió y resolvió el 100% de las controversias por motivo religioso sin que haya casos pendientes.
Las organizaciones Coordinación de Organizaciones Cristianas y Voz de Los Mártires-México (VDLM-México) tienen documentados al menos 29 casos sin resolver durante 2012 y en lo que va de 2013.
Luis Herrera, presidente de la Coordinación de Organizaciones Cristianas, conformada por siete organizaciones religiosas, tres en Chiapas, dos en el Distrito Federal, una en Tabasco y otra más en Nuevo León; dice que hay más de mil personas sin atender afectadas de diferentes formas.
Los focos rojos están en los municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, Tila y Palenque; en donde hay comunidades en las que han podido documentar que a quienes aceptan profesar una religión distinta a la católica se les prohíbe el acceso al agua, no dejan que los niños asistan a la escuela, les quitan el derecho a recoger leña, a atender sus parcelas o que sus animales puedan pastar.
“Los intimidan, les dicen que si los ven orando o que si van a una Iglesia los van a correr de la comunidad. Hemos tenido el caso en el que los líderes ejidales amenazan con que no las van a dejar llegar a las oficinas de Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) para cobrar los beneficios de los programas sociales”, dice Luis Herrera en entrevista.
La documentación de conflictos religiosos que ha hecho la Coordinación de Organizaciones Cristianas —que es tres veces mayor a la oficial— no incluye los casos contrarios, cuando los católicos son agredidos por evangélicos como ocurre actualmente en el ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó.
El pasado 21 de agosto, evangélicos de la comunidad retuvieron por más de 10 horas al sacerdote Manuel Pérez Gómez, quien intentaba mediar para lograr el retorno de 12 familias católicas que fueron expulsadas hace un mes acusadas de intentar envenenar a la comunidad.
El conflicto en esa región inició en abril pasado cuando católicos decidieron remozar una ermita, lo que al principio les valió amenazas de integrantes de religiones evangélicas que dijeron que se apoderarían de ese terreno. El 1 de julio, los católicos retomaron la construcción de la ermita, pero un grupo de evangélicos destruyeron el avance, según documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Días después, “fueron detenidos arbitrariamente, de manera violenta y con golpes” Mariano Méndez Méndez y Luciano Méndez Hernández líderes de la iglesia católica de la comunidad, con el pretexto de haber envenenado el agua de la comunidad sin que esto fuera confirmado por alguna autoridad.
Susana Montes, responsable del área de atención regional del Centro, dice que los conflictos se agravan debido a la omisión y la impunidad del gobierno estatal.
“No investigar y resolver la violencia es lo que permite que haya impunidad y la gente piensa que puede volver a actuar de manera impune y que no se va a castigar. No se están atendiendo los conflictos de raíz, vemos que no hay voluntad para hacerlo sólo hay una administración del conflicto”.
Finalmente, 12 familias del ejido Puebla abandonaron la comunidad y hay otras veinte que también corren el riesgo de convertirse en desplazados internos y correr el riesgo de enfrentarse, de nuevo, a la desatención del gobierno estatal.
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