El Tribunal Superior de Justicia de la provincia española de Asturias dictaminó que la política del consejo de la ciudad de boicotear a Israel era inconstitucional.
El año pasado, el Concejo Municipal de Castrillón en el norte de España aprobó una moción que boicoteó de manera efectiva a las empresas y empresas israelíes y israelíes durante los negocios con Israel.
Según el Proyecto Lawfare, que impugnó la moción del ayuntamiento, el tribunal dijo que esta política de boicot contra Israel violaba los derechos civiles constitucionales y las libertades de no discriminación e igualdad ante la ley.
Desde principios de marzo, acciones legales del Proyecto Lawfare han resultado en otros siete tribunales en toda España anulando o suspendiendo boicots contra Israel en las ciudades de Castrillón, Telde, Montcada, La Roda, Barbate, Artes y Viloria.
Sin embargo, los intentos de boicot contra Israel continuaron en España en las últimas semanas. A principios de junio, la ciudad de Oviedo, capital de la región española de Asturias, canceló un concierto por parte de la Orquesta NK de Israel y una presentación de ballet por razones políticas.
Valencia, la tercera ciudad más grande de España, también aprobó una moción para boicotear a ciudadanos y compañías israelíes. La resolución exige que la ciudad se adhiera formalmente al movimiento BDS y declare que está “libre del apartheid israelí”.
El abogado español del Proyecto Lawfare, Ignacio Wenley Palacios, quien ha liderado 58 victorias contra las campañas de BDS en España, dijo que “después de nuestra cadena de victorias en los tribunales, la campaña de boicot no se atreve a usar su nombre en España, pero se esconde detrás de las mociones aprobadas consejos municipales, provinciales y regionales que usan lenguaje cargado y discriminatorio. O ejecutan nuevas subcampañas, como el ‘Espacio libre del apartheid israelí’ o peticiones para un embargo de armas de Israel “.
“A su debido tiempo, estos también serán rechazados por los tribunales, que mantienen sólidas tradiciones legales de juego limpio, libertades individuales y responsabilidad estricta de las oficinas gubernamentales”, dijo.
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