Mensualmente, la Procuraduría General de la República (PGR) pagará 12 millones de pesos de todos los mexicanos por la renta de un inmueble.
En junio próximo, la dependencia mudará sus oficinas centrales a la Torre Glorieta, ubicada en Insurgentes 20, Colonia Roma Norte.
Esto, luego de que los terremotos ocurridos en septiembre pasado dejaran sus cuatro edificios “no aptos para operar”, incluido el de Reforma 211 y 213, donde despachaban el titular de la PGR y otros dos mil funcionarios.
El inmueble albergará a 3 mil 200 servidores públicos, pues cuenta con 25 pisos de los cuales 18 serán ocupados como oficinas, mientras que en la planta baja y tres sótanos, se organizarán los archivos, esto con la idea de reducir el peso en los pisos superiores.
A decir de sus propietarios, Scholem y Yoram Cimet, la estructura del inmueble lo hace muy seguro ante cualquier temblor de magnitud considerable, pues es una mole de mil toneladas de acero con cimientos de 54 metros de profundidad, 32 mil metros cúbicos de concreto y 17 mil toneladas de acero.
El Gobierno busca cubrir el costo con la venta de los inmuebles desocupados por la PGR tras el sismo.
La dependencia está en proceso de entregarle al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) los edificios para enajenarlos y reinvertir los recursos.
La PGR ya suscribió un contrato de arrendamiento que ronda los 144 millones de pesos anuales, con opción a compra, si esta llegara a concretarse, sería la inversión inmobiliaria más importante del Gobierno federal en las últimas dos décadas, pues en 2002 adquirió en 350 millones de pesos el edificio de su antigua sede en Reforma y en 2013 destinó más de 325 millones de pesos a su instituto en Querétaro.
(Con información de Reforma)
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