Según El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) “Estados Unidos fue el segundo país de acogida de nuevos solicitantes de asilo en 2015, con 172,700 solicitudes, un 42% más que en 2014 (121,200). Una proporción cada vez mayor del total de solicitudes –el 51% en 2015 frente al 42% en 2014 y el 35% en 2013– corresponde a personas de México”.
En el período que va del año 2,000 al 2016 solicitaron asilo en Estados Unidos 293,980 mexicanos, de los cuáles 2,413 casos fueron aprobados, lo que da una tasa de aceptación promedio de 1.13% en el período.
Conforme pasa el tiempo aumenta el número total de aceptaciones, en parte porque los abogados están mejor preparados, sin embargo, porcentualmente sigue siendo un número muy bajo. Por los intereses políticos de Estados Unidos los casos de China, Colombia, Venezuela, son porcentualmente mucho más altos.
La elevada tasa de negación de solicitudes refuerza la narrativa de que en México no hay problemas. El Departamento de Estado censura sistemáticamente a México, emite alertas de viaje a sus ciudadanos, hay una alerta para no tomar bebidas embriagantes, pero lo considera un régimen democrático y sostienen que nadie huye de la democracia. Sobra decir que pelean cualquier solicitud de asilo y mucho más en los casos de periodistas, como fue el caso de Martin Pineda (Guerrero) perseguido y amenazado por la policía federal por denunciar corrupción. Este periodista prefirió pedir la repatriación después de tres meses de detención y haber sido notificado que no saldría hasta terminar el juicio, lo que podía tomar más de un año. En otros casos sostienen que México hace grandes esfuerzos para luchar contra los carteles, ponen como ejemplo la detención de El Chapo para denegar peticiones de asilo. El gobierno de Estados Unidos recurre a criterios políticos para definir cuestiones administrativas o legales en el asilo político.
La criminalización del asilo político en Estados Unidos permite sostener la narrativa de que la culpa de la persecución no está en el Estado, lo que configura una forma de Crimen Autorizado Internacional, dónde un país apoya la asociación de otro gobierno con el crimen organizado. La intervención inapropiada de funcionarios consulares mexicanos ante solicitantes de asilo refuerza esta narrativa, a la vez que intenta desanimar a los solicitantes. Tal parece que ambos gobiernos conducen una política de contención de daños, como si la desprotección de los perseguidos ayudaría a mejorar su imagen en el mundo.
Estados Unidos impone crecientes dificultades para otorgar el asilo, y sostiene una política de detención prolongada, que contraviene a su propia constitución política y es violatoria de los Derechos Humanos. Los perseguidos son víctimas por partida doble, son maltratados en ambos países.
Las medidas aplicadas para desanimar el asilo se han agravado desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, entre ellas se encuentra:
1) Nombramiento de jueces proclives a negar solicitudes de asilo y predispuestos contra los migrantes.
2) Represión estructural disfrazada de Estado de Derecho
3) Detención prolongada.
Las nuevas normas niegan la liberación de los solicitantes de asilo con lo que se desanima a los abogados para que tomen esos casos. Aun cuando los abogados informan a los detenidos sobre la imposibilidad de su liberación, éstos solicitan se haga lo posible, así muchos al final se desesperan por la detención prolongada, culpan a los abogados y llegan a poner quejas contra ellos, con lo que peligra su licencia. Otros terminarán por solicitar su repatriación con el peligro consecuente para sus vidas, de no morir, se refuerza la narrativa estadounidense de que se pueden mudar de Estado, aunque su calidad de vida sea precaria, tengan que esconderse constantemente. Considérese que hablamos de víctimas de diversas formas de violencia que buscan refugio y protección, no hablamos de criminales.
Evitan la prisión los que hacen una solicitud afirmativa de asilo, o sea, estando en el país legalmente. Los solicitantes que llegan al puente (Petición defensiva) son detenidos de inmediato y permanecen presos mientras dura el juicio, lo que puede implicar varios años. Los abogados no pueden liberarlos ni siquiera bajo fianza. Son detenidos bajo la premisa de que son “un peligro para la comunidad”, que carecen de apoyo comunitario, o que hay el riesgo de que escapen. La víctima se volvió peligrosa. La detención prolongada viola la constitución de Estados Unidos y los derechos humanos, como han denunciado Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros sin fronteras.
Actualmente hay un rezago en el procesamiento de solicitudes de asilo de 500,000 personas de todo el mundo y de éstos solamente el 18% se aprobará. Se puede prever que el rezago aumentará y con él el período de detención. Esto beneficia a las empresas carcelarias, debido a que casi todo el sistema de detención del gobierno se ha privatizado. Un preso cuesta en promedio 31,286 dólares anuales, mantener detenidos a esos 500,000 refugiados le cuesta a Estados Unidos $15,243,000,000 de dólares, cifra que asciende a $34,414,600,000 si le sumamos el rezago en el procesamiento migratorio de 600,000 migrantes detenidos esperando juicio.
El gobierno de Trump pretende dificultar el asilo para deportar rápidamente a los solicitantes, lo que no implica un procesamiento apresurado a los detenidos.
La intención de la detención es desanimar a los solicitantes y motivarlos para que renuncien a la petición. Se ha dado el caso de que la Policía Fronteriza le avisa a los perseguidores sobre casos que van de regreso cómo le sucedió a un policía en Ciudad Juárez, lo que equivale a una condena a muerte.
Los carteles han iniciado la detención, desaparición y muerte de deportados en la misma frontera. La deportación está acompañada de muchos riesgos. La policía detiene gente para entregarla a los carteles, de esa manera, los deportados se vuelven un dato anónimo entre los 24,000 asesinados en 2016 o entre los miles de desaparecidos. México vive una tragedia nacional que muchos insisten en calificar de guerra civil y Estados Unidos cierra los ojos para saciar su narrativa anti mexicana y rencor anti migrante.
Los agentes de ICE y los jueces tienen discreción para negar acceso a consulta legal y a la libertad. En el esfuerzo para dificultar el asilo se acosa a los abogados. A un abogado convaleciente de cáncer se le prohibió meter agua a una audiencia. Las celdas dónde se reúnen con sus clientes carecen de mesas para tomar notas.
El fraude. Se sostiene que muchos mexicanos defraudan o presentan solicitudes frívolas, en cuyo caso puede haber una sanción para el abogado; otros culpan a los notarios que indebida e ilegalmente recomiendan el asilo, fenómeno que existió hace un par de décadas y parece ya no ser el caso. De existir éstos casos son la excepción y no la regla y no contradicen el problema de miles de personas huyendo de la muerte en México y buscando protección en Estados Unidos.
Existen abogados que por dinero toman cualquier caso, lo que también es excepción. Otros abogados pierden los casos por incompetencia cómo sucede en cualquier rama del derecho. No existe manera de saber cuántos de los casos responden a todas esas categorías.
Hay casos que se van a perder y los abogados, teniendo a los solicitantes en libertad les ganan tiempo antes de ser deportados. Esto no es fraudulento a menos que se le oculte a la persona. Pero aún los casos “fuertes” llegan a ser negados por las condiciones mencionadas más arriba. Se le negó el asilo a un joven entregado a los sicarios por una policía; un caso reciente fue denegado con el argumento que el gobierno mexicano detuvo al Chapo Guzmán.
Los grandes números de solicitantes de asilo son verídicos, hay casos de persecución que responden al Crimen Autorizado, o sea el fenómeno dónde partes del Estado se asocian con criminales y cómo señalamos arriba, se llega a internacionalizar. En las otras categorías también hay persecución, por ejemplo por preferencia sexual o por ideas políticas y religiosas.
El gobierno de Estados Unidos se encamina a la creación de campos de detención de mexicanos similares a los establecidos en la Segunda Guerra Mundial y está pasando de la banalización del Mal a la Normalización del Mal, el gobierno de México no lo debe permitir y mucho menos que la conspiración del silencio sobre la violencia impuesto sobre la comunidad, permita la expansión del Crimen Autorizado que está desplazando población, generando pueblos fantasmas y el dominio del miedo entre cada vez más personas.
Recomendación
Los refugiados y solicitantes de asilo político están desprotegidos. Al salir huyendo pierden recursos para su existencia: materiales, posesiones y documentos. Hay el caso de personas que no pueden pagar el impuesto predial o que la CFE les sigue cobrando la luz porque los criminales siguen en sus casas. Se recomienda que el gobierno mexicano instale en los consulados oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para aplicar la ley de víctimas y protegerlos del abuso y la pérdida.
Los jueces de migración les preguntan si pusieron quejas o demandas ante la persecución, cosa difícil debido a que huían para salvar la vida.
Se recomienda que el gobierno mexicano establezca unidades de la PGR en los consulados para que los refugiados puedan poner sus demandas, lo que ayuda a sus procesos de asilo político, pero también le da material al gobierno para luchar contra la persecución.
Dado a que muchos casos responden a las acciones del Crimen Autorizado contar con demandas apoyarán la lucha contra éste fenómeno que mina la salud política, judicial y el Estado de derecho.
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