Hace unas semanas tuve una conversación con un amigo quien ha fungido como abogado de Venezuela, Ecuador, Nicaragua-entre otros países latinoamericanos-en la Haya. En esta conversación hablamos de cómo el bolivarianismo Chavista había reducido la pobreza del país en casi 2 millones de personas en solo 8 años a principios del siglo XXI, y cómo Maduro ha hecho de esta ideología socialista-pseudonacionalista el peor enemigo del país. Al finalizar esta conversación hubo algo en lo que mi amigo y yo no coincidimos: yo tenía el presentimiento de que Maduro y el Tribunal Supremo de Venezuela (TSV) eliminarían los poderes parlamentarios a la Asamblea Nacional (AN). Y al parecer mi inquietud se convirtió en una realidad. Venezuela, quien posee una deuda consolidada de 250 billones de dólares, una inflación proyectada del 1,660% para el 2017 y una escasez de artículos de primera necesidad inexplicable, está en una depresión económica inenarrable.
Sin dudas, el haberse “resistido” al uso de divisa estadounidense en el país y el imprimir más bolívares a partir del 2008 cuando el país tenía una economía “estable,” ha llevado a Maduro a ni siquiera tener “cash.” Sin embargo, la crisis en Venezuela ha azotado nueva y despotamente al cuerpo legislativo del país. La sentencia 156 del TSV eximió a la mayoría parlamentaria de sus funciones, y basado en su propia jurisprudencia, asumía así el rol del legislativo para proteger el “Estado de Derecho.” Con esta sentencia la AN no desaparecía, pero hubiesen sido los 7 jueces-chavistas miembros de esta institución quienes dictaminarían la legislación que Maduro deseara. Increíblemente, hace unos días atrás se les fue revocada la inmunidad parlamentaria a los diputados de la oposición, mientras que a Maduro sus poderes de decreto dentro del marco del “estado de excepción” se les fueron expandidos. De hecho, desde el comienzo de esta legislatura, los diputados de la oposición no han cobrado e incluso el TSV aún no reconoce la juramentación de los 3 diputados de la oposición por el estado de Amazonas. Sin embargo, ante la retirada de los embajadores de Chile, Colombia y Perú, y tras el sorprendente rechazo de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, a la decisión del TSV, Maduro impulsó el que el TSV se retractara de sus decisiones judiciales.
Ante la certificada muerte de la democracia en Venezuela, me parece que llegó el momento de que la OEA ponga en vigor la carta democrática interamericana y de que el mundo responda con carácter. Y es que esta es una de las 56 sentencias más que el TSV ha emitido en contra de la oposición. Una oposición que si protesta es atacada por la Guardia Nacional Venezolana, y la que cuando levanta la voz y pide que el pueblo se lance a la calle a protestar, es encarcelada. Sin importar el “fin del desistir de Maduro” con respecto a eliminar a la oposición parlamentaria, lo que hay en Venezuela es una dictadura. Mientras que en 2016 fueron asesinados 28,500 personas en Venezuela y la gente no va a trabajar para buscar comida en los zafacones, Maduro sigue apoyando a Diosdado Cabello y al Cartel de los Soles, permite que Venezuela sea el centro de distribución de drogas de grupos terroristas como Hezbolá y aplasta despotamente la constitución del país. Por lo que ndudablemente, Maduro debe caer.
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