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La democracia se sustenta en consenso y legitimidad no en la fe.



Samuel Schmidt en exclusiva para Diario Judío México – El consenso se construye mediante la aceptación ciudadana de quién la gobernara. El mecanismo usualmente es una elección, que cumple con su objetivo en la medida de ser honesta. Cuando se atenta contra el factor de credibilidad en los resultados de la elección, se mina su capacidad consensual, el fraude electoral concita oposiciones y deslegitima.

Quién triunfe, así sea por un solo voto, si el proceso fue justo, honesto y legalmente aceptado, se erigirá como un líder indiscutido.

Esta es la base de la legitimidad, y se sustenta entre otras cosas en la validez incuestionable de una elección.

Consenso y legitimidad tienen un origen común, pero son tan vivos como la sociedad misma, lo que requiere recrearlos constantemente. En la medida que se gobierne de una manera correcta y honesta, la sociedad percibirá a ese gobierno como algo justo y correcto. Eso conlleva el riesgo de que un gobierno cuyo origen es ilegítimo se legitime, pero lo más grave es que un gobierno ilegítimo de origen se deslegitime todavía más por sus acciones, lo que genera tensiones y turbulencia.

La teoría política no considera la fe en las acciones del gobierno como elemento legitimador. El aspecto religioso del poder se hizo a un lado al eliminar las nociones del origen divino del poder. La existencia del Estado laico es la confirmación de la separación entre religión y poder político, de hecho en las teocracias y los intentos por restaurarlas, lo primero que desaparece es la libertad.

Es por esto que llama la atención los enormes esfuerzos del gobierno mexicano para dar al traste con éstos principios.

Las decisiones políticas erráticas cuya motivación es lograr enriquecimiento personal de los políticos, afecta en el centro de la creencia que el gobierno es justo y correcto. Tragedias como el socavón en Morelos se enfrentan con declaraciones cínicas de que se indemnizará a las víctimas por el mal rato vivido, mientras que se genera una maraña burocrática cuya finalidad es la impunidad de los responsables.
Cada acto de corrupción, además de ser ilegal ataca las bases de la legitimidad, pero además le clava una estaca en el corazón de la democracia, porque si las leyes no se respetan, el Estado de derecho se vuelve una ficción y con esto se evapora la democracia, porque se eliminan los valores supremos de libertad y justicia.

Hay gobernadores que le entregan sus Estados a dios. La construcción de un altar ad hoc en espacio público y con fondos públicos para que el Papa oficiara misa, no solamente es ilegal, sino que muestra una agresión contra los valores laicos que el gobierno debe defender. Aunque esos gobernantes no inciden en los aspectos centrales de la laicidad como es la educación, los actos públicos de religiosidad hacen una labor de zapa contra los valores democráticos y justifican la intervención de los agentes religiosos en cuestiones políticas. Hay innumerables denuncias de intervención de curas a favor de candidatos panistas, o la búsqueda incesante del apoyo de las comunidades cristianas por parte de candidatos, sin que haya ninguna consecuencia.

Las instituciones de gobierno deben actuar con eficiencia y apegadas a la ley. Un llamado a tenerles fe, está, por decir lo menos, fuera de lugar. No se eliminará la tortura si le tenemos fe a la PGR, tampoco se erradicará la práctica de manipular las averiguaciones previas para beneficiar a los que han logrado comprar la impunidad.

Si agregamos la descomposición de la ética gubernamental que lleva a tragedias, por ejemplo, la contaminación del Río Sonora y la anuencia del gobierno para que el contaminante evada su responsabilidad de saneamiento, al incumplimiento de la responsabilidad institucional por parte de los funcionarios para proteger los manglares de la Rivera Maya, tenemos una olla de presión que obliga a que los resultados electorales se manipulen para evitar que la gente remueva a los indeseables, que cada vez son más. No es casual que los partidos políticos sean la institución peor evaluada en el país.

No se debe pedir fe o que superemos los inconvenientes de las decisiones tomadas por gobiernos corruptos. Se debe limpiar los establos de la política. Pero no se ve en el horizonte nadie capaz de cumplir con esa hercúlea tarea.

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Acerca del Autor

Chair, International Advisory Board for Immigration Studies. U.S.-Mexico Research Program. UCLA. Director asociado de la revista Araucaria. Director del semanario El Reto. Testigo experto en juicios de asilo político y para frenar deportación de mexicanos en Estados Unidos. Posdoctorado en Historia, University of California, Los Angeles. Doctor en Ciencias Política (UNAM). 35 libros publicados y más de 1,000 artículos. Traducido al inglés, francés e italiano. Pionero en varias áreas de investigación: análisis de redes políticas, estudios sobre humor político, democratización en México, temas fronterizos (agua, migración y seguridad) y sobre Crimen Autorizado.



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