LAS CONTROVERSIAS que se tornan cíclicas son aquellas que nunca se resuelven y, por lo mismo, a cada tanto saltan a la primera plana, se discute sobre ellas y de un momento a otro vuelven al cajón del olvido.

Paradójicamente el asunto de redimensionar el fuero militar se atravesó en la campaña presidencial, pues, si bien es cierto que en el gobierno Uribe muchas veces el Jefe de Estado anunció que era necesario crear un sistema técnico de defensa judicial para la Fuerza Pública, esta idea nunca se concretó, salvo algunas medidas parciales.

Es más, las reformas a la Justicia Penal Militar estuvieron dirigidas tanto a que esta fuera más transparente y objetiva para investigar, juzgar, condenar o absolver a los militares y policías sindicados, así como para definir su ámbito jurisdiccional. En ese proceso, ya fuera por vía constitucional, legal y jurisprudencial, la mayoría de los casos empezaron a ser remitidos (incluso mediante múltiples choques de competencia) a la Justicia Ordinaria, pues se trataba de delitos que no tenían nada que ver con actos del servicio o implicaban graves violaciones de los .

Así, al tiempo que un sinnúmero de uniformados pasaban a órdenes de la Fiscalía y jueces ordinarios, y varios ex altos oficiales fueron procesados y condenados por casos tan sensibles para el estamento castrense como la recuperación del Palacio de Justicia, la insatisfacción en las filas fue en aumento.

Sin margen

Para nadie es un secreto que a Uribe, que tenía en la Fuerza Pública el alfil clave para apuntalar su Política de Seguridad Democrática, le quedaba muy difícil volver a fortalecer el fuero militar, toda vez que la presión de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, era muy fuerte sobre el Estado colombiano, más por la forma en que fue quedando al descubierto la alianza macabra entre algunos sectores aislados de las Fuerzas Militares con los grupos paramilitares.

contra los soldados, oficiales y suboficiales de las unidades castrenses y policiales más efectivas en el combate de los ilegales, poco pudo hacer para retornar el fuero militar a las características de años atrás.

Sin embargo, aunque tanto Santos como el titular de Defensa Rodrigo Rivera anunciaron que trabajarían en esa dirección, poco hicieron en este primer año de gestión. Es más, a medida que la situación de orden público y seguridad rural y urbana se fue deteriorando, comenzó a rumorarse en círculos castrenses que había una ambiente de desmoralización entre las tropas y que en muchos casos los comandantes de las unidades en el terreno, preferían no operar para evitarse luego denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos.

La cuestión se complicó todavía más cuando el Gobierno decidió reconocer, en el texto del proyecto de Ley de Reparación a Víctimas, que en

Sobrevino entonces una fuerte polémica sobre lo que implicaba reconocer el conflicto armado, y si ello podría dar lugar a legitimar de alguna manera el accionar de la guerrilla o abrirle paso a un estatus de beligerancia.

En medio de ello varios analistas y sectores castrenses indicaron que si progresaba la idea de reconocer la existencia del conflicto, con mayor razón se imponía la necesidad de volver a redimensionar el fuero militar, pues si se aceptaba que había un clima de guerra interna, la Fuerza Pública debía tener las garantías jurídicas para enfrentarla sin temor a que sus acciones operativas en el campo de combate terminaran siendo juzgadas por instancias civiles que no entendían la realidad puntual y escenarios que se dan en una confrontación armada.

Algunos de los impulsores de crear una especie de Ley de Justicia y Paz II indicaron que allí podría ofrecerse algún tipo de gabela penal o penitenciaria a los militares y policías condenados por delitos graves relacionados con el conflicto. De inmediato se alzaron varias voces de militares en ejercicio, pero sobre todo retirados, advirtiendo que no se podía meter en un mismo saco y medir con el mismo rasero a integrantes de la Fuerza Pública con guerrilleros, paramilitares y delincuentes de otras calañas.

El segundo ámbito en el que el tema del fuero militar volvió a ponerse sobre la mesa fue el de los balances que se hicieron en los últimos meses por los 20 años de la Constitución de 1991. Cuando se analizó lo que había pasado en paz y guerra, no pocos analistas indicaron que la Carta creó un Estado muy garantista en materia de derechos, el mismo que muchas veces riñe con la realidad de un país con un conflicto armado interno.

Defensa técnica

Y lo último en esta larga cadena de circunstancias alrededor de esta cíclica polémica, se dio el pasado 7 de agosto, cuando el propio Jefe de Estado, al anunciar una reingeniería a la estrategia operacional militar para enfrentar el cambio táctico de la guerrilla y otros grupos ilegales, urgió poner en marcha una revisión de la normatividad y acelerar la implementación de un sistema eficaz y amplio de defensa técnica y jurídica para los miembros de la Fuerza Pública.

Recordó que como Ministro de Defensa fue implacable en la defensa de los y en la insistencia en que la Fiscalía y la Rama Judicial hicieran investigaciones rápidas, para que se conociera la verdad de los hechos y para sancionar a los que fueran hallados culpables.

Finalmente dijo que esos lineamientos de revisión de la estrategia y ajustes en los procedimientos tomarán un tiempo para su debido estudio e implementación, pero que espera que a fin de este año ya haya avances sobre la materia.

Esa tarea le fue ordenada a Rodrigo Rivera, pero como esta semana se produjo su sorpresivo relevo, ahora le corresponderá implementarla a Juan Carlos Pinzón, quien por ya haber sido Viceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación y conocer de cerca la realidad de las tropas, se espera que pueda aterrizar la orden presidencial de forma rápida.

La diferencia

Obviamente, después de todo lo que ha pasado en los últimos años y de ver cómo un sinnúmero de investigaciones contra militares y policías pasaron a conocimiento de la Justicia Ordinaria, ya que se consideró que los delitos imputados no se cometieron con ocasión o en relación con el servicio, en las filas castrenses hay poco optimismo sobre lo que pueda pasar con la creación del nuevo sistema de defensa técnica para los uniformados.

Es más, no pocas voces en los mandos de la Fuerza Pública, que por obvias razones no pueden expresar su opinión de forma abierta, consideran que no se puede confundir dos escenarios circunstanciales muy distintos.

Se trata de la posibilidad de que aquellos uniformados condenados (incluso por delitos que no tuvieran que ver con actos del servicio) pudieran pagar sus penas no en cárceles ordinarias sino en prisiones militares. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a medida que la prensa reveló escándalos como el que se destapó a finales del año pasado en la cárcel militar en Tolemaida, en donde los internos gozaban de beneficios y gabelas excesivas. En otras guarniciones, los condenados o sindicados se fugaron y sus crímenes terminaron en la impunidad.

Conceptos

Pero esa disyuntiva no es aislada. Todo lo contrario, si se consulta a los generales y altos mandos retirados queda en evidencia que la urgencia de ellos es el fuero militar más que el sistema de defensa técnica. EL NUEVO SIGLO hizo esa tarea en los últimos meses.

Por ejemplo, el ex ministro de Defensa y general en retiro del Ejército, Rafael Samudio Molina advertía a este Diario tiempo atrás que era necesario hacer una revisión a fondo de la Constitución, sobre todo en la parte del fuero militar.

Para el ex comandante de la Fuerza Aérea y presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares de la Reserva Activa, general (r) Héctor Fabio Velasco, la Constitución no representa lo que debía ser, “la desconocen y la violan frecuentemente a su arbitrio. Tal es el caso del fuero militar, definido y consagrado claramente en los Artículos 221, 250 y 234 y 256…”.

Entretanto, para el ex comandante del Ejército, general en retiro Harold Bedoya Pizarro, el problema radica en el ordenamiento constitucional que planteó la Carta del 91. “Se acabó con la Justicia Penal Militar, se acabó con la Inteligencia, se acabó con el fuero militar y con las funciones de Policía Judicial en la propia Constitución…”, precisó.

¿Entonces?

Hoy es claro que para la Fuerza Pública redimensionar el fuero militar es urgente, no porque estén pidiendo que si un uniformado comete delitos como una violación, conduce borracho o incurre en un homicidio en su tiempo de descanso (incluso utilizando un arma oficial) deba ser llevado ante la Justicia Penal Militar.

No. Todo lo contrario, ya existe una conciencia muy alta en el estamento castrense sobre esa diferenciación entre lo que es un delito común que no tiene nada que ver con el servicio ni se comete con ocasión del mismo. Hoy por hoy, cuando se presenta esta clase de situaciones, son los propios comandantes de Fuerza los que excluyen de las filas al sindicado y remiten de inmediato el caso a la Fiscalía y la Procuraduría.

El problema radica en aquellos casos en donde se trata de delitos cometidos en servicio pero que terminan en la Justicia Ordinaria, sin que fiscales y jueces tengan la suficiente preparación de lo que es una acción de combate ni el experticia para evaluar objetivamente el escenario operacional, los códigos de acción que allí se manejan, las circunstancias especiales a que se ven sometidos los uniformados para tomar una decisión o ejecutar determinada acción en cuestión de segundos.
Muchas veces la remisión de los casos a la Jurisdicción Ordinaria es casi automática, sin antes evaluar detenidamente lo que pasó o si se trata de una denuncia temeraria. Es más, los uniformados quedan suspendidos por largos meses mientras se adelantan las pesquisas y pasan necesidades tanto él como sus familias, al tiempo que la Fuerza Pública pierde hombres que requiere para operar.

Es evidente que si acepta que tiene un conflicto armado interno, debe tener una legislación acorde para enfrentar esa realidad, y entre ellas está un fuero especial de investigación y juzgamiento de la Fuerza Pública, no para institucionalizar la impunidad, como lo quieren hacer ver macabramente muchos sectores radicales, sino para que toda operación típicamente castrense en la que se pudo incurrir en una violación a la ley, sea evaluada y calificada por expertos en reglas y códigos de combate.
Sin embargo, del dicho al hecho hay muy trecho. Y por más que este sea un tema recurrente en los últimos años, no se ve que en el corto plazo el gobierno Santos, el mismo que reconoció la existencia del conflicto, se la juegue por una redefinición del fuero militar, por más que se diga que las tropas se abstienen de operar en muchos casos para evitarse luego investigaciones e intrincados procesos.

Por lo mismo, bien se podría decir que así se avance ahora en un sistema de defensa técnica de los uniformados, que implica más un apoyo en abogados y costos procesales, el fuero militar seguirá siendo lo que hasta ahora ha sido: una más de las tantas polémicas cíclicas nunca resueltas en Colombia.

Fuente: El Nuevo Siglo

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