En un intento más de impulsar modificaciones a la Ley General en Materia de Trata de Personas, la Senadora de la República del Partido Acción Nacional Adriana Dávila Fernández, presentó el proyecto de decreto para incluir el delito de Trata de Personas por prácticas religiosas o culturales.
La reformas al artículo 12 de dicha Ley consideraría dentro del delito de Trata de Personas, a toda persona que “obligue” a otra a prácticas religiosas o culturalescuando sean contrarias a la salud, integridad física o dignidad humana.
Bajó el supuesto “concepto evolutivo” de los Derechos Humanos el artículo 12 castiga con un pena de 5 a 10 años de prisión y una multa de un mil a 20 mil días de salario mínimo a toda personas que incurran en el delito de Trata de Personas con fines de prácticas religiosas o culturales.
A decir de expertos en materia de religiosa en México, la iniciativa de la Senadora, violenta la libertad de culto que los mexicanos poseen en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que reza… “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penada por la ley.
De manera que, cualquier persona que participe en actividades como ayunos, campañas de evangelización, misioneros, o tan simple como la limpieza de templos católicos, podrá ser considerado víctima de “trata religiosa”, y poseerá recursos legales para denunciar a esta clase de tratante religioso, toda vez que son trabajos que se realizan sin paga y que generalmente son de forma voluntaria y/o penitencia para la “expiación de culpas o pecados” en algunas religiones.
De forma irónica y sin considerarlo, durante las campañas políticas, son los mismos candidatos quienes someten a sus seguidores a jornadas de trabajo que perjudican por mucho el bienestar de la salud, sin embargo no son remunerados, son captados o enganchados bajo la promesa de que una vez en el cargo les brindaran algún pago, mismo que generalmente no llega. Por lo que una campaña política bajó este mismo argumento legal, sería explotación laboral con fines políticos…. Trata Política.
A pesar de ello, las y los Senadores, admitieron esta iniciativa y se pretende someter a aprobación del pleno en la segunda semana de febrero.
De tal suerte que ministros religiosos de la Fé Católica así como representantes de la Iglesia Evangélica y otras denominaciones, han solicitado al Senado de la República, que reconsidere este absurdo que provocará sin duda, una desestabilidad religiosa, por lo que han llegado a cuestionar si es que las legisladoras que acompañan la iniciativa presentada por la tlaxcalteca Adriana Dávila, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, María Cristina Salazar Díaz, y Diva Gastélum Bajo, ¿conocen el contenido de esta propuesta?.
A decir de Jueces y Magistrados, Abogados, Organizaciones Civiles, Empresarios, Activistas y sobrevivientes del delito de trata de personas, además de esta absurda consideración la iniciativa de Ley que la Senadora Adriana Dávila Fernández impulsa, se encuentra plagada de yerros y vacíos legales que permitirán a los delincuentes que hoy día se encuentran en la cárcel por este delito, obtener una puerta de salida al pagode sus crímenes.
Asimismo vuelve a las víctimas, vulnerables y provocará que las denuncias y condenas sean más difíciles de obtener por la cantidad de “argucias legaloides” a las que podrían recurrir los tratantes para evitar que el delito sea comprobado.
Con la iniciativa presentada por la Senadora Dávila ( de ser aprobada), el sector religioso en México será el principal afectado ya que las Iglesias de todas Religiones tendrán que modificar sus liturgias y algunas otras actividades que, fuera de la mirada religiosa y a la luz de ésta nueva Ley serían calificadas como actos de Trata Religiosa.
Existe un referente como éste en Bolivia, donde el Presidente Evo Morales, impulsó un nuevo código penal para encarcelar a religiosos con penas que van desde los 7 años de cárcel y hasta los 12 años por realizar actividades de evangelismo o proselitismo religioso. La iniciativa causó indignación social y revuelo mediático por lo que el Presidente de aquel País tuvo que retractarse y reconocer su error.
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