Los grupos de extrema derecha no son bienvenidos. Así de claro lo ha dejado el Ayuntamiento de Barcelona con la nueva medida que se ha aprobado este miércoles en la sesión extraordinaria de la comisión. El consistorio examinará “escrupulosamente” las solicitudes de actividades de vía pública de grupos de extrema derecha y no las autorizará si hay riesgo de que se produzcan acciones violentas. Lo que no queda claro en el acuerdo es qué consideran “extrema derecha”. Por otro lado, también ha pedido a la Generalitat que haga lo mismo con los actos que convoquen estos grupos.
Esta iniciativa ha sido aprobada tras un tenso debate en que se han visto reflejadas las diferencias entre independentistas y unionistas. El gobierno de BComú, los grupos municipales PDeCAT, ERC y CUP-Capgirem y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy (DC) se han mostrado a favor. Así pues, han aprobado “condenar todas las agresiones violentas que se han producido desde el 8 de septiembre en nuestro país contra un movimiento democrático y no violento”. Por su parte, Ciudadanos, PSC y PP han votado en contra.
En la medida aprobada instan a implementar las medidas de seguridad y orden público suficientes para garantizar que los grupos de ultraderecha “no puedan llevar a cabo acciones violentas en el marco de actividades con autorización de ocupación de vía pública”, así como a “examinar escrupulosamente las solicitudes de actividades que realicen para, en su caso, proceder a la no autorización”.
QUIEREN QUE INTERIOR PONGA ORDEN
En este acuerdo la comisión también pide al Departamento de Interior que implemente “las medidas de seguridad y orden público suficientes para garantizar que estos grupos no puedan llevar a cabo acciones violentas en el marco de las manifestaciones y concentraciones que hayan autorizado”. Para ello han considerado necesario “examinar escrupulosamente las comunicaciones que se produzcan en esta materia para, en su caso, proceder a su no autorización”.
En el texto aprobado, la comisión muestra la solidaridad y ofrece apoyo legal “a todas las personas de nuestro municipio que han sido víctimas de violencia, tanto de agresiones por parte de otros ciudadanos o ciudadanas, como por parte de los aparatos del Estado español”.
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