Cataluña declara su independencia; el senado español autoriza la “ocupación” de Cataluña

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En una importante escalada del conflicto territorial español, los parlamentarios catalanes declararon este viernes la independencia regional, una medida que fue contrarrestada rápidamente por una votación del Senado español que autoriza al gobierno a tomar el control directo de la región y remover a su liderazgo separatista.

Esta situación lleva a España a la que quizá es su peor crisis constitucional desde el regreso de la democracia en 1978. El Senado votó 214 a 47 para invocar el artículo 155 de la Constitución española, con lo que se le otorgó a Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, un paquete de poderes especiales para reprimir el impulso independentista de Cataluña.

En sus declaraciones al Senado, Rajoy dijo que no había alternativas porque el presidente regional Carles Puigdemont y su gabinete habían tomado un camino ilegal y unilateral y que actuaban como “una minoría que de forma intolerante se erige en propietaria de Cataluña” con un comportamiento que “ha pisoteado la ley”.


Sin que los detuvieran las amenazas del gobierno de Mariano Rajoy de asumir el control de la región, los legisladores independentistas aprobaron una resolución para constituir “la república catalana, como Estado independiente y soberano”. A modo de protesta, aquellos parlamentarios que están en contra de la separación —los de Ciudadanos, el Partido Popular y el Socialista— abandonaron la sala antes de la votación.

El jueves, Puigdemont estuvo cerca de convocar a elecciones anticipadas en Cataluña, pero abandonó esa idea y dejó en manos del Parlament tomar la decisión sobre cómo reaccionar a las discusiones sobre el artículo 155. La coalición de Puigdemont tiene 72 de los 135 escaños del parlamento regional.

Durante el debate parlamentario, los catalanes cruzaron acusaciones y describieron la votación como “histórica” y “feliz” o “trágica” y una seria violación de la constitución.

El jueves, Puigdemont estuvo cerca de convocar a elecciones anticipadas en Cataluña, pero abandonó esa idea y dejó en manos del Parlament tomar la decisión sobre cómo reaccionar a las discusiones sobre el artículo 155. La coalición de Puigdemont tiene 72 de los 135 escaños del parlamento regional.

Durante el debate parlamentario, los catalanes cruzaron acusaciones y describieron la votación como “histórica” y “feliz” o “trágica” y una seria violación de la constitución.

El legislador de Ciudadanos Carlos Carrizosa le dijo a Puigdemont y a los independentistas en el organismo que, más allá de crear una república “pasarán a la historia por haber arruinado Cataluña” y que se habían “cargado nuestras instituciones”.

En el estrado, rompió en pedazos el documento con la resolución independentista. “Hoy es un día triste y dramático en Cataluña. Es el día que se perpetra definitivamente el golpe a nuestra democracia”, asestó.

Por su parte, Marta Rovira, de la coalición Junts x el sí, dijo que “es urgente crear un Estado libre de represión” y que, aunque “vienen tiempos difíciles y de tensión” no había alternativa.

Los legisladores del Parlament podrían enfrentar cargos por sedición.

El gobierno de Puigdemont ha estado en violación abierta de la Constitución española desde principios de septiembre, cuando los legisladores separatistas votaron para que se realizara un referéndum, el 1 de octubre, camino a la declaración independentista.

Los catalanes que acudieron a las urnas votaron a favor de la separación, pero el referéndum no tuvo garantías legales ya que había sido declarado inconstitucional por las cortes españolas. Muchas personas no votaron.

En las calles afuera del parlamento catalán, cerca de un mitin proindependentista, algunos catalanes se dijeron frustrados por la decisión.

Francisco Escolar, de 53 años y dueño de una cafetería, dijo que el referéndum no le daba al gobierno regional la legitimidad para actuar de ese modo,

“La mayoría de los que habrían votado por el ‘no’ ni siquiera participaron”, dijo Escolar, mientras fumaba un cigarrillo. “No fue un referéndum propiamente. Fue ilegal”.

Christina Juana, trabajadora social de 38 años que iba camino a una estación cercana del Metro, estuvo de acuerdo. “Ni Puigdemont ni el Govern saben exactamente cuál es la opinión de los catalanes”, dijo.

En las afueras del Parlamento catalán se reunió una multitud de personas que apoyan el proyecto secesionista y no veían ningún problema con que se haya declarado la independencia aunque en el pasado referéndum solo participó un 43 por ciento del padrón electoral.

“Hace dos meses habría dicho que un 43 por ciento no es suficiente” dijo Ester Romero, de 25 años, una gerente de ventas que participó en la manifestación. “Pero después de toda la opresión, después de ver a la policía golpeando a la gente durante el referéndum, es suficiente”.

David Meseguer colaboró en este reportaje.

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