La Audiencia Territorial de Stuttgart (suroeste de Alemania) dio comienzo este martes al juicio en contra del llamado Grupo S, una banda que, según la fiscalía, planeaba realizar atentados en contra de mezquitas y dirigentes políticos así como contra la comunidad judía.
El juicio tiene lugar en la sala del juzgado dentro de la prisión de alta seguridad de Stammheim y deberá concluir en agosto.
Entre los objetivos de los presuntos terroristas, según la fiscalía, estaban el copresidente de Los Verdes Robert Habeck y el copresidente del grupo parlamentario del mismo partido, Anton Hofreiter.
Los miembros del grupo también debatieron sobre la posibilidad de atentar contra el edificio del Reichstag, la sede de la cámara baja del Parlamento alemán.
Generar situación en Guerra Civil
El propósito del grupo era generar una situación de guerra civil que querían aprovechar para emprender una revolución. Se esperaba, según comunicaciones interceptadas por la policía, que los ataques a una serie de mezquitas produjeran una reacción violenta de la población musulmana en Alemania que luego podría aprovecharse en actos de propaganda.
Los 12 imputados están representados por 27 abogados. Otro sospechoso murió el año pasado en prisión preventiva y las autoridades parten de la base de que se trató de un suicidio.
El Grupo S ha sido llamado así por su fundador Werner S., un hombre proveniente de las cercanías de Augugsburgo (Baviera).
Las primeras acciones concretas contra la banda se realizaron después de una reunión en febrero de 2020 en Minden (oeste del país) en la que, según la fiscalía, se definieron planes de acción y se hicieron preparativos para comprar armas por valor de 50.000 euros.
Poco antes de su detención, según la acusación, Werner S. intentó comprar un Kalaschnikow con 2.000 disparos y tenía en su poder 27 armas de diverso tipo que hubieran requerido una autorización especial. Entre las armas había granadas de mano.
Un informante clave amenazado
Las autoridades ya tenían desde antes en la mira al grupo que se había creado a mediados de septiembre de 2019 pero solo tenían las declaraciones de un informante por lo que antes de actuar tenían que obtener más indicios.
El informante está ahora en un programa de protección de testigos y la fiscalía acusa a Werner S. de haber encargado desde prisión su asesinato, lo que es una razón más para que el juicio se realice en medio de fuertes medidas de seguridad.
Según la fiscalía, S. le preguntó en prisión a alguien cercano al crimen organizado por la posibilidad de contratar a un asesino a sueldo.
S. le dijo al otro prisionero que no sería problema pagar 50.000 euros por el asesinato y le proporcionó informaciones sobre personas que estaban en libertad que podrían encargarse del paso así como detalles sobre la vida diaria del informante.
Los planes para asesinar el informante son objeto de otro proceso, a cargo de la fiscalía de Augsburgo. Aunque el caso está relacionado con el proceso de Stammheim la fiscalía general no ha querido asumirlo, probablemente porque el testigo clave, el miembro del crimen organizado, ha dejado de hacer declaraciones a las autoridades.
Sin embargo, el caso afecta también el juicio de Stammheim puesto que muestra el peligro en que se encuentra el informante, considerado como testigo clave en el mismo.
La banda tenía un grupo de whatsapp en el que participaban 15 personas. Los organismos de seguridad consideran que el grupo llegó a tener hasta 24 miembros y un amplio entorno de personas que los apoyaban.
Werner S. tenía 53 años en el momento de su detención y había tenido contactos con las agrupaciones ultraderechistas Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD) y Alternativa por Alemania (AfD).
Según conversaciones telefónicas interceptadas por la policía Werner S. buscaba gente “inteligente, dura, brutal, rápida” y que estuviera dispuesta “a algo más que participar en manifestaciones” y “a matar y morir”.
La estrategia de la defensa parece ser tratar de desacreditar las declaraciones del informante, poniendo en duda su credibilidad aludiendo a su pasado criminal.
“El informante tiene un largo pasado criminal. Por eso no se le deben atribuir motivos altruistas sino más bien interesados”, dijo uno de los abogados de la defensa, Daniel Sprafke. EFE
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