La Corte Suprema de Justicia rechazó el plan de gas, que el primer ministro, Biniamín Netanyahu, firmó el mes de diciembre pasado con las empresas de gas norteamericanas e israelíes, para desarrollar los yacimientos marinos de gas frente a las costas de Israel.

Los jueces rechazaron la “cláusula de estabilidad”. En tanto que la misma implica un requisito previo para el plan, todo el plan ha sido rechazado. La cláusula de estabilidad había sido concebida para impedir que el gobierno o el Parlamento (Knéset) alteren el plan por un período de diez años. La misma tenía como fin impedir cambios regulatorios en materias impositiva, en las limitaciones antimonopolio y en las cuotas de exportación. A excepción de Noam Solberg, cuatro de los cinco jueces dictaminaron que la cláusula de estabilidad es ilegal.

Sin embargo, la Corte le otorgo al Estado un plazo de un año durante el cual podría solucionar los aspectos problemáticos de la operación. Al final de ese período de tiempo, si no se logra un acuerdo, el plan será cancelado.

El juez Eliakim Rubinstein manifestó que: “Se ha determinado que la cláusula de estabilidad, en este capítulo del plan, según la cual el gobierno se compromete, por una década, no sólo a no legislar, sino también a combatir cualquier legislación que esté en contra de las disposiciones del plan, no tiene autoridad; y, como tal, es rechazada. Se determinó por el contrario el principio general del derecho administrativo en relación a la prohibición de inmovilizar la capacidad de la autoridad para juzgar. El gobierno no tiene la potestad para decidir no decidir y no actuar”.

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