Tras la polémica suscitada el año pasado, cuando la Embajada de Israel en la Argentina y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación decidieron que el acto central por el aniversario del atentado contra esa sede diplomática se realizara el día anterior, en el Archivo General de la Memoria y solo para invitados especiales, esta vez el evento volverá a la plaza seca levantada donde funcionara la misma, en Arroyo 910, pero nuevamente no será en la jornada que corresponde, porque cae domingo, sino en la siguiente, el lunes 18 de marzo, desde las 14.50 hs.
Otra característica fuertemente simbólica será la ausencia del principal referente y símbolo de la lucha de los familiares de las víctimas, Carlos Susevich, padre de Liliana Graciela S. de Levinson, ya que falleció hace tres meses, a los 94 años.
Según informó la legación israelí, la conmemoración tendrá por lema “Y le contarás a tu hijo que al terrorismo lo vimos así de cerca” y consistirá en el tradicional toque de sirena, ofrendas florales, los discursos del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el embajador Ilan Sztulman y el sobreviviente Alberto Romano, y dos canciones de Alejandro Lerner.
Hace tres años que no hay representantes del Gobierno israelí.
El ingreso del público se realizará por Carlos Pellegrini y Arroyo, a partir de las 14 hs.
En tanto, en la víspera, en coincidencia con el aniversario y desde las 19, se llevará a cabo en el mismo lugar el tradicional acto de la juventud, con el eslogan “#jaquealolvido. 27 años de memoria”.
LA CAUSA JUDICIAL
En 2013, la Corte Suprema de Justicia informó que la investigación está “resuelta” tras el fallo del 23 de diciembre de 1999, que dio por acreditado que el atentado fue realizado por la organización terrorista libanesa Hezbollah, a través de su brazo armado, la Jihad Islámica.
Un presunto terrorista suicida habría detonado una camioneta Ford F-100 repleta de una mezcla de hexógeno y pentrita a las puertas de la casona donde funcionaba la legación, situada en Arroyo 910, casi Suipacha.
El vehículo fue comprado con dólares estadounidenses que tenían marcas características de las casas de cambio de Biblos, en El Líbano.
A pesar del blanco seleccionado, la mayoría de las víctimas no perteneció al personal de la embajada ni eran judíos, en una nueva muestra del indiscriminado accionar del terrorismo y el desinterés por la vida humana, independientemente de su origen, credo o nacionalidad.
Basta como muestra advertir que entre los muertos hubo argentinos, israelíes, bolivianos, un uruguayo y otro italiano, ancianas alojadas en un geriátrico ubicado enfrente de la legación, ocasionales peatones y hasta un cura.
Por tratarse de una representación extranjera, la competencia originaria le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, que en los primeros años casi nada avanzó en la investigación, de la mano del octogenario Ricardo Levene (h) y su secretario, Alfredo Bisordi, y luego, de la composición con “mayoría automática” menemista, encabezada por Julio Nazareno.
Tras diversos intentos por cerrar la causa o adjudicar la explosión a un “autoatentado” o a la presencia de un nunca probado “arsenal” supuestamente escondido en el sótano de la Embajada, recién 5 años después se designó a un secretario especial, Esteban Canevari, quien empezó a impulsar la pesquisa con mayor responsabilidad.
Con el advenimiento del kirchnerismo, el cambio en la composición de la Corte y la designación, en 2005, del fiscal especial José Luis Mandalunis para revisar lo actuado hasta ese momento despertaron ciertas esperanzas que no fueron satisfechas.
En la actualidad, y más allá de diversos señalamientos a personajes como el traficante de armas Monzer al-Kassar, solo existen órdenes de captura dictadas en 2006 para los libaneses José Salman el-Reda Reda, casado con una argentina y sospechoso de ser el coordinador local del ataque, aunque está identidad sería falsa, y Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman.
Hace unos años, la Embajada de Israel aportó una foto actualizada, los datos biométricos e información que ayudaría a localizar a este último en su país, y también relevantes referencias sobre su cómplice, hermano de Samuel el-Reda Reda, supuesto jefe de la red latinoamericana que Hezbollah montara en la década de 1990.
Según la inteligencia argentina, Suleiman fue arrestado en 2001 en Jordania y habría confesado que en 1991 viajó a San Pablo y a principios de 1992 a Foz de Iguazú, donde recibió los explosivos utilizados en el atentado.
Luego habría ingresado a la Argentina en micro, con los mismos disimulados en cajas de alimentos.
El Reda fue arrestado en Rosario en 1992, con gran cantidad de dólares falsos, pero quedó libre por falta de pruebas.
También tenía orden de captura el entonces responsable de operaciones especiales en el extranjero de Hezbollah, Imad Moughniye, quien fue asesinado con un coche-bomba en 2008, en Damasco, Siria.
Si bien por el hecho no hay condenados, se sospecha que los autores del ataque ingresaron al país a través de Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.
Quedan muchas preguntas sin responder, fundamentalmente la responsabilidad de una “conexión local” y un eventual encubrimiento posterior, además de la increíble anécdota del móvil policial desviado de su recorrido habitual para investigar… el robo de una lapicera en el Palacio San Martín, la sede la Cancillería, lo cual dio lugar a especulaciones sobre una probable “zona liberada”.
El atentado a la Embajada de Israel fue el peor ataque terrorista en la historia de la Argentina hasta la voladura de la AMIA el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y centenares de heridos, y el ataque más sangriento contra una misión diplomática israelí.
Tras años de lucha, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes lograron la sanción, por unanimidad, de una ley resarcitoria que habilitó una indemnización que ya cobraron.
En tanto, en 2017 se aprobó todo la ley 27417, que consagró el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del mismo.
Esta norma también prevé la realización de “actividades conmemorativas en todos los establecimientos escolares del país, públicos y privados” y la inclusión de esa tragedia “en la currícula escolar oficial como un hecho histórico”.
Como si la inacción de esta causa “dormida” y en “terapia intensiva” no fuera suficiente, el 1º de abril del año pasado renunció para jubilarse su instructor, el secretario penal de la Corte Esteban Canevari…
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