Los demandantes, además de aclarar si se está cometiendo o no genocidio contra los gazatíes, habían pedido acciones cautelares para prevenir desde ya más daño y eso es lo que la CIJ ha aceptado. Sus medidas contemplan, además, que Israel deberá informar en el plazo de un mes de los pasos que ha dado para cumplir con las órdenes de este viernes, que son de obligado cumplimiento. También tendrá que “castigar” cualquier incitación al genocidio contra los civiles y “asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan ningún acto” que se puede catalogar como tal. Pese a todo, no se ha instado a un alto el fuego en la franja, que era el anhelo de los sudafricanos y de los palestinos.

Los jueces, además, consideran plausible la afirmación de Pretoria de que Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, por lo que acceden a mantener la investigación abierta, cuando Tel Aviv había pedido el carpetazo definitivo, y entienden que la corte es competente para investigar lo denunciado.
La jueza Joan E. Donoghue ha sido la encargada de informar en una cita que ha generado una enorme expectación a las puertas del tribunal, abriendo así un proceso que puede durar años.

Las audiencias sobre el debate de las medidas cautelares se celebraron el 11 y 12 de enero, y ambos países expusieron entonces sus argumentos sobre esta cuestión.

En su demanda, Sudáfrica solicitó a la Corte que indicara medidas para “proteger contra daños mayores, graves e irreparables los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio” y acusó a Israel de tener un “patrón genocida” en los políticas hacia los palestinos y denunció asesinatos en masa, desplazamiento forzado y lenguaje de deshumanización.

Israel rechazó tales acusaciones, justificó su guerra en Gaza como su “derecho inherente a defender a sus ciudadanos” del grupo islamista Hamás, y advirtió de que las medidas cautelares impedirán el rescate de los rehenes; además de culpar a Sudáfrica de presentar una “imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada” a la CIJ.

Ahora, la juez Donoghue ha dicho en sus propias palabras que se está produciendo una “tragedia humana” en Gaza y que la CIJ está “profundamente preocupada” por el alto número de muertes, que superan las 26.000. Ha expuesto algunas de las cifras dadas por las autoridades locales, aún bajo control de Hamás, y aunque asume que no pueden ser verificadas independientemente, se aferra a las declaraciones de agencias de la ONU que también dan cuenta de la “devastación” que sufre la franja desde hace más de cien días. “La situación de los niños en Gaza es especialmente desoladora”, ha lamentado.