aplica “políticas abusivas” que constituyen “crímenes de lesa humanidad de y persecución” al “mantener el dominio de los judíos israelíes sobre los palestinos”, denunció la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este martes.

El estudio, titulado "Un umbral cruzado: las autoridades israelíes y los crímenes de y persecución", revisa en 213 páginas el trato del Gobierno israelí sobre la población palestina, y concluye que "privilegia metodológicamente a los judíos israelíes mientras reprime" a los palestinos, "más severamente en territorio ocupado".

Según HRW, tanto en como en el resto de territorios palestinos, "las autoridades israelíes han tratado de maximizar la tierra disponible para las comunidades judías y concentrar a la mayoría de los palestinos en densos centros de población".

Además, "han adoptado políticas para mitigar lo que han descrito abiertamente como una 'amenaza demográfica' de los palestinos", que en urbes como Jerusalén -que incluye tanto el oeste israelí como la zona oriental ocupada de la ciudad-, se expresa en un plan municipal que "establece el objetivo de 'mantener una sólida mayoría judía' e incluso especifica proporciones demográficas" denuncia HRW.

"Para mantener la dominación, las autoridades israelíes discriminan sistemáticamente a los palestinos", una realidad que "en territorio ocupado se combina con la opresión sistemática y actos inhumanos", denuncia HRW, que presenta un informe basado en años de documentación sobre temas de derechos humanos, estudios de casos, informes de planificación gubernamental o declaraciones oficiales.

Por otra parte, en Cisjordania ocupada, "la severidad de la represión" se expresa en políticas como "la imposición de un gobierno militar draconiano sobre los palestinos, al tiempo que se otorga" a los colonos israelíes que residen en este territorio "de manera segregada" sus "plenos derechos según la ley civil israelí".

Esto "equivale" a un modelo de "opresión sistemático" propio de apartheid, algo que según la ONG incluye "graves abusos de derechos fundamentales" como "restricciones radicales a la circulación" sobre Gaza -bajo bloqueo israelí- o "la confiscación de más de un tercio de tierra en Cisjordania".

A ello se suman "las duras condiciones en partes de Cisjordania que llevaron al traslado forzoso de miles de palestinos fuera de sus hogares", así como "la negación de derechos de residencia a cientos de miles de palestinos y sus familiares", "la suspensión de derechos civiles básicos a millones" de personas o "la demolición de miles de viviendas con el pretexto de falta de permisos", concreta HRW.

Ante ello, la ONG insta a a “desmantelar todas las formas de represión y discriminación que privilegian a los judíos israelíes a expensas de los palestinos” en cuestiones varias como la libertad de movimiento, la asignación de tierras y recursos, el acceso al agua, la electricidad o la concesión de permisos de construcción.

También pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que abrió una instrucción para investigar a por presuntos crímenes de guerra, "que investigue y enjuicie a los implicados".

A su vez, apela a los países de la internacional a que toman posturas más severas contra y revisen sus relaciones con sus autoridades. Entre otras medidas, pide que impongan "sanciones individuales, incluidas prohibiciones de viajes y congelación de activos, a los funcionarios responsables" de presuntos crímenes de y persecución.

Según la emisora pública Kan, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí rechazó las acusaciones de HRW y aseguró que esta entidad “tiene una agenda anti-israelí”.

En tanto, tras el informe de HRW, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeh, dijo que el documento muestra “la urgente necesidad de que la internacional asuma sus responsabilidades” sobre este tema.

El dirigente acogió con satisfacción el estudio de la entidad, que “define de manera articulada las políticas y atrocidades israelíes contra el pueblo palestino, usando la definición legal adecuada” para describir “crímenes y criminales”.

Para el primer ministro, “la situación tradicional en que muchos países en todo el mundo proclaman su posición contra la ocupación” sin tomar “sanciones reales” ni revisar “sus relaciones y acuerdos” con Israel “no puede ni debe continuar”.

Por su parte, un portavoz del presidente palestino, Mahmud Abás, aseguró que el estudio de HRW “reafirma” la implicación israelí en “crímenes de y persecución”, y “exige que la internacional tome responsabilidad hacia Palestina”.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de rechazó las acusaciones de HRW y tachó su informe de “panfleto de propaganda que carece de toda credibilidad”. Según este organismo, la ONG “tiene una agenda anti-israelí de larga duración” y “busca promover activamente boicots contra desde hace años”. (I)