El Fiscal General de la República debería llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial del asesinato del líder comunitario y activista ambiental Gustavo Marcelo Rivera Moreno, así como de las posteriores amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch.
Según informes de los medios, Rivera, director de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), desapareció en Ilobasco, Cabañas, el 18 de junio de 2009, y su cuerpo fue hallado en un pozo cercano varias semanas después con signos de tortura. Se ha difundido información que señala que las autoridades han arrestado a cuatro supuestos integrantes de una pandilla por el asesinato, al cual calificaron como un delito común.
“Se trata de un asesinato cometido en circunstancias muy sospechosas y que requiere una investigación exhaustiva”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas Human Rights Watch. “Restarle importancia a este brutal asesinato calificándolo como un homicidio perpetrado por pandillas sin indagar cuáles fueron las circunstancias y el motivo de las posteriores amenazas podría tener un efecto intimidatorio para la sociedad civil de El Salvador”.
Rivera encabezaba una campaña comunitaria contra los proyectos de minería industrial de Canadian Pacific Rim Mining Company en la zona. Según versiones de la prensa, Rivera también habría sido víctima de amenazas de muerte luego de que denunciara, junto a otros líderes, un fraude electoral que se habría pretendido efectuar en San Isidro durante las elecciones municipales de enero de 2009. Rivera era miembro de la Junta Departamental del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Human Rights Watch ha recibido denuncias de amenazas y persecución contra activistas y periodistas locales luego del asesinato de Rivera. Según informes periodísticos y declaraciones de organizaciones no gubernamentales locales, el 23 de julio tres periodistas de la estación de radio comunitaria Radio Victoria en Cabañas comenzaron a recibir amenazas de muerte en las cuales se hacía referencia al asesinato de Rivera y se indicaba que ellos serían “los próximos”. La estación había llevado a cabo una labor informativa de promoción de los derechos humanos y el medioambiente, y también había difundido la noticia del asesinato de Rivera.
El 27 de julio, el Padre Luis Quintanilla, un sacerdote y activista local, habría logrado escapar de un atentado mientras conducía en la zona de Cabañas. Según se informó, luego del frustrado ataque Quintanilla comenzó a recibir amenazas telefónicas. Según la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES), Antonio Pacheco, el director de esta organización local, también habría sido víctima de amenazas de muerte.
“Para que esta investigación sea adecuada y efectiva, los investigadores deben analizar la posibilidad de que el asesinato haya tenido un móvil político”, expresó Vivanco. “Y deben además identificar a quienes han emitido estas amenazas”.
Fuente: Human Rights Watch
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