La decisión adoptada este mes por el gobierno peruano de anular la licencia de una estación de radio local podría tener un efecto inhibitorio sobre la radiodifusión comunitaria en Perú, señaló hoy Human Rights Watch. Las circunstancias y el momento en los cuales se produce esta anulación indican que podría haberse tratado de un acto de censura o de un castigo contra la estación en respuesta a su cobertura de las protestas contra el gobierno ocurridas el 5 de junio de 2009.
El 8 de junio, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anuló la licencia de radiodifusión de Radio La Voz de Bagua. Otros medios de comunicación informaron que la Ministra del Interior y varios miembros de APRA, el partido del presidente, habían acusado a la estación de incitar a la violencia durante los disturbios de Bagua, en los cuales perdieron la vida 24 policías y al menos nueve civiles. La resolución oficial de anulación no hace ninguna referencia a un supuesto apoyo o incitación a la violencia, sino que justifica la decisión en el incumplimiento por parte de la estación de las obligaciones legales establecidas en la autorización inicial que obtuvo para prestar servicio de radiodifusión, la cual había sido emitida en marzo de 2007.
“Si existen efectivamente pruebas creíbles de que una estación de radio ha apoyado o incitado a la violencia, entonces los responsables deberían ser investigados y sancionados, con todas las garantías judiciales correspondientes”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero cerrar una radio de esta forma sin duda parece una represalia por una cobertura que al gobierno no le gustó.”
Según Radio Programas del Perú, la ministra del Interior Mercedes Cabanillas acusó a La Voz de Bagua de “agitar violencia” durante su cobertura de los incidentes en Bagua y pidió que fuera sancionada. Asimismo, según informes de prensa, varios legisladores del APRA afirmaron en los días posteriores que la estación “apoyó y motivó” la violencia en Bagua.
Si bien en diciembre de 2008 la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones emitió un informe en el cual señalaba que la estación no cumplía los requisitos establecidos en el permiso inicial de radiodifusión, no se cerró la estación durante los siete meses siguientes. De hecho, durante este lapso, el Ministerio le otorgó a la estación un certificado de homologación de su antena y le ofreció participar en el Plan Anual de Homologación para obtener la homologación de su equipo transmisor. La propietaria de la estación solicitó ser incorporada en tal plan en marzo de 2009. No obstante, tres días después de los incidentes en Bagua y de las declaraciones de la Ministra, el gobierno anuló la licencia de radiodifusión de la estación.
La propietaria de la estación de radio presentó un recurso de reconsideración ante el Viceministro de Comunicaciones el 19 de junio, solicitando que dejara sin efecto su decisión de anular la licencia de la estación.
“El gobierno tiene la facultad legítima de regular el espectro de radiodifusión en Perú”, señaló Vivanco. “No obstante, si lo hace de un modo que parece limitar arbitrariamente el trabajo de una estación que informa sobre incidentes violentos ocurridos durante una manifestación contra el gobierno, puede vulnerar la libertad de expresión, en lugar de fomentarla”.
Fuente: Human Rights Watch
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