El presidente de Hugo Chávez.

Diario Judío México - El Gobierno venezolano ha adoptado e impulsa medidas que reducen la capacidad de los críticos del Gobierno para expresar sus opiniones y que limitan seriamente la libertad de expresión en , señaló hoy Human Rights Watch.

El 30 de julio de 2009, la Fiscal General de la Nación presentó un proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” que contempla penas de prisión de hasta cuatro años para quienes, a través de los medios de comunicación, divulguen información “falsa” que produzca un “perjuicio a los intereses del Estado”.

Este proyecto de ley se presentó luego de que las autoridades venezolanas adoptaran diversas medidas durante este mes que atentan gravemente contra la libertad de expresión. Cancelaron la transmisión por televisión y radio de avisos publicitarios que critican un proyecto legislativo del Gobierno de Chávez, propusieron nuevas reglamentaciones que obligarían a los canales de cable a transmitir en directo las cadenas con discursos del Presidente Hugo Chávez y anunciaron su intención de limitar la capacidad de las estaciones de radio de agruparse a través de circuitos para extender su cobertura a todo el país.

“Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en desde que Chávez asumió el poder”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Con la excepción de Cuba, es el único país en la región al cual le resultan abiertamente indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión”.

Legislación sobre ‘delitos mediáticos’

El proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” criminaliza la divulgación de noticias “falsas” que causen un “perjuicio a los intereses del Estado” y la “manipul[ación] o tergivers[ación de] la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública”. Cualquier persona que cometa estos “delitos mediáticos” podría ser condenado por hasta cuatro años.

En caso de ser sancionada, esta ley constituiría una clara violación del derecho internacional sobre libertad de expresión, incluido el artículo 13 de la Convención Americana sobre , que fue ratificada por . La Corte Interamericana de ha señalado que “[n]o sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor”. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de en 2000, establece que los “[100]ondicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.

“El proyecto de ley no es más que una receta para la censura y resulta absolutamente incompatible con las normas internacionales sobre libertad de expresión”, manifestó Vivanco.

Censura de una campaña publicitaria

El 3 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) inició un procedimiento administrativo contra cuatro canales de televisión y dos estaciones de radio por difundir una campaña publicitaria preparada por dos organizaciones que promueven la protección de los derechos de propiedad privada en . La campaña, que se difundió al mismo tiempo en que el Gobierno de Chávez presentó un proyecto de ley con el propósito de definir, establecer y regular la propiedad social en , consistía en seis espacios publicitarios (cuñas) de 30 segundos en los cuales se mostraba a ciudadanos de a pie – por ejemplo, un ama de casa y una joven que trabaja en una panadería familiar – explicando el gran esfuerzo que habían hecho para adquirir sus bienes. Al final, cada una de estas personas afirma que “defenderá” su propiedad si alguien intenta quitársela.

CONATEL ordenó a las estaciones que cancelaran inmediatamente la difusión de estos avisos mientras investiga el caso, argumentando que “contienen mensajes que presuntamente causan angustia, temor y zozobra en la población pudiendo fomentar en el colectivo conductas tendientes a alteraciones del orden público y que pueden ser contrarias a la seguridad de la Nación”. Diosdado Cabello, Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda y Director de CONATEL, expresó que este tipo de campaña puede afectar “la salud mental de los venezolanos”.

Asimismo, CONATEL también ha prohibido la difusión de avisos “similares”. Dado el lenguaje amplio empleado para esta prohibición, es difícil para los canales y estaciones determinar cuáles avisos no deberían ser transmitidos. Si bien el procedimiento administrativo aún está en curso, la prohibición sobre estos avisos ya está siendo implementada.

El mismo 3 de julio, los fiscales iniciaron una investigación penal de las dos organizaciones y el periódico Últimas Noticias, luego de que este publicara un aviso gráfico que muestra la imagen de una mujer embarazada desnuda cubriendo sus senos, con el mensaje “La ley de propiedad social te quita lo tuyo; no a la ley cubana”. Durante la investigación, los fiscales pidieron una medida cautelar que ordenara al periódico suspender la publicación del aviso, con el argumento de que se trata de un caso de violencia de género. La imagen y el texto no contienen ningún tipo de insinuación de violencia contra las mujeres. Una jueza de primera instancia rechazó el pedido por razones procesales y los fiscales han apelado la decisión.

“Se trata de una restricción irracional del derecho de libertad de expresión”, señaló Vivanco. “Esta prohibición generalizada de avisos en los cuales se critica una propuesta legislativa oficial limita el debate público, que es un componente clave de cualquier sociedad democrática”.

Obligación de transmitir cadenas presidenciales

El Ministro Cabello propuso nuevas reglamentaciones que obligarían a los canales de cable que cuenten con más del 30% de programación venezolana (incluidos programas y publicidad) a transmitir en directo las cadenas presidenciales cuando el Presidente Chávez así lo disponga y sujetarían a dichos canales a las leyes venezolanas sobre medios de comunicación, como la Ley de Responsabilidad Social.

Desde que asumió en febrero de 1999, el Presidente Chávez ha usado la facultad legal de exigir la transmisión de las cadenas presidenciales, a través de señales de aire públicas, para obligar a los canales de televisión de aire y a las estaciones de radio a transmitir en directo casi 2.000 discursos. Estos discursos no están vinculados con emergencias o circunstancias extraordinarias en las cuales el Gobierno necesita llegar a la totalidad de la audiencia venezolana. En 2009, Chávez ha obligado a las estaciones a transmitir en directo 75 discursos con una duración promedio de más de una hora, incluido un discurso de enero que se prolongó durante el tiempo récord de 7 horas y 34 minutos.

“Durante años, Chávez ha abusado de su poder para tomar el control de las señales de aire con el fin de impulsar su agenda política”, manifestó Vivanco. “Ahora está extendiendo este abuso a los canales de cable, que no suelen estar sujetos a este tipo de prácticas”.

Limitaciones para conformar circuitos

Mientras el Gobierno de Chávez intenta incrementar su poder e imponer la difusión obligatoria de su programación, también busca limitar la capacidad de las estaciones privadas de radio de conformar circuitos para compartir su propia programación. Actualmente, las estaciones de radio privadas, que por lo general operan únicamente en el ámbito local, dependen de estos circuitos voluntarios para conseguir una mayor cobertura de su programación en todo el país.

En una medida que busca afectar a las estaciones de radio opositoras, el Ministro Cabello propuso que sólo tres estaciones de radio puedan agruparse para transmitir una misma programación y solamente por un máximo de media hora por día. Cabello justificó esta medida al señalar que las estaciones de radio que se agrupan para transmitir su programación a una audiencia más amplia “han intentado destrozar la Revolución Bolivariana” y sólo sirven para “escucha[r] la voz de la oligarquía, de los intereses de la oligarquía, de los enemigos del pueblo… [para] lavarle el cerebro al pueblo venezolano”.

Por el contrario, el Gobierno continúa gozando de cobertura nacional al obligar a las estaciones de radio privadas a transmitir en directo los discursos de Chávez.

“Limitar la libertad de expresión con argumentos políticos es esencialmente una forma indirecta de censura”, afirmó Vivanco.

En el informe de septiembre de 2008, “Una Década de Chávez “, Human Rights Watch ha documentado cómo el Gobierno de Chávez ha atentado contra la libertad de expresión a través de diversas medidas destinadas a reformar el contenido y el control de los medios de comunicación. En Venezuela aún existe un dinámico debate público, en el cual los medios opositores al Gobierno y aquellos afines a él pueden hacer oír de igual manera sus críticas y su apoyo a Chávez. Sin embargo, al expandir y endurecer las penas previstas para los delitos que penalizan expresiones y para violaciones a las normas sobre regulación de los medios, Chávez y sus partidarios en la legislatura han reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y han creado poderosos incentivos para que los críticos se autocensuren. También han abusado del control estatal de las frecuencias de transmisión con el objeto de intimidar y discriminar a las estaciones con una programación abiertamente crítica.

Fuente: Human Rights Watch

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