Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades venezolanas que pongan en libertad a la jueza detenida durante más de un año sin juicio por dictar una orden de libertad condicional a favor de un banquero acusado de corrupción.
La jueza María Lourdes Afiuni Mora fue detenida el 10 de diciembre de 2009, horas después de haber emitido una orden de libertad condicional a favor del banquero Eligio Cedeño; decisión que se encontraba dentro de su competencia y se ajustaba a las leyes venezolanas.
Un día después de su detención, el presidente Hugo Chávez condenó la decisión de la jueza en una entrevista para la televisión, y pidió para ella la pena máxima de 30 años.
La jueza Afiuni se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, Los Teques, a las afueras de Caracas, la capital. Según informes, Afiuni necesita tratamiento médico de forma urgente, y ha recibido amenazas por parte de otras reclusas a las que ella misma ha condenado. Hasta el momento no se ha abierto ninguna investigación oficial sobre dichas amenazas.
“La detención de la jueza Afiuni parece ser el resultado de la interferencia política del presidente Chávez. Ha sido detenida simplemente por desempeñar su trabajo y por eso debe ser puesta en libertad”, ha declarado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Se encuentra en unas condiciones precarias de salud, y no está recibiendo el tratamiento médico necesario. Además, podría ser víctima de actos de violencia. Las autoridades deben garantizar que durante su detención no sufrirá ningún tipo de tortura o maltrato por parte de las funcionarias de prisiones ni por parte de las reclusas.”
La jueza Afiuni ha sido acusada de “corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir” por su decisión de conceder la libertad condicional al banquero Eligio Cedeño en diciembre de 2009
Un año después, la Fiscalía General de la República no ha presentado ninguna prueba fehaciente para sustentar los cargos de corrupción y abuso de autoridad presentados contra de la jueza Afiuni.
A pesar de que los familiares de la jueza han expresado su preocupación por el deterioro físico que parece haber sufrido la detenida, según informes, las autoridades han retrasado o incluso ignorado las peticiones para que reciba tratamiento médico.
De acuerdo con los informes médicos, la jueza Afiuni tiene dos tumores de pecho. Además, padece un problema ginecológico desde noviembre de 2010 que le está provocando graves hemorragias. Sin embargo, no se ha permitido que los médicos realicen las pruebas necesarias para prescribirle un tratamiento médico adecuado.
En enero de 2011 ha sufrido varios episodios de taquicardia, pero tampoco ha recibido la atención médica necesaria.
El pasado 10 de diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades venezolanas a tomar medidas inmediatas para garantizar la vida y la integridad física y mental de la jueza Afiuni. Asimismo, pidió a las autoridades que garantizasen que si la jueza necesita atención médica, tendrá acceso a un especialista de su elección.
La Corte dio a Venezuela plazo hasta el 20 de diciembre para que informase de las medidas tomadas. Sin embargo, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna respuesta por parte del gobierno venezolano.
El 16 de diciembre de 2009, la ONU manifestó que era “imperativo que se ponga a la Jueza Afiuni en libertad inmediata e incondicional”, y que “las represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que el caso de la jueza Afiuni pueda disuadir a otros jueces de ofrecer un trato equitativo a todos los acusados, como establecen las leyes venezolanas y los tratados internacionales de derechos humanos de los que Venezuela es Estado Parte.
La organización ha afirmado que el temor de los jueces a que quienes tienen una mayor autoridad se nieguen a aceptar sus resoluciones puede afectar negativamente a los derechos humanos de los ciudadanos, así como a las posibilidades de las personas acusadas y las víctimas de probables abusos contra los derechos humanos para garantizarse justicia.
Fuente: Amnistía Internacional
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