El fiscal penal Martín Lapadú comenzará a analizar los audios radiales de declaraciones del kirchnerista Luis D’Elía para resolver si incurrió en discriminación cuando ubicó a Sergio Schoklender y otras personas a las que señaló como “paisanos” como agentes del servicio secreto israelí.
Asimismo, legisladores de la Coalición Cívica renovaron su repudio a las declaraciones de D’Elía y confirmaron que presentarán una denuncia ante la Justicia esta semana. D’Elía fue acusado el viernes por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) ante la Policía Federal y el Inadi por discriminar a la comunidad judía.
“A partir de mañana (por hoy) nos abocaremos a escuchar el audio”, explicó el fiscal, quien aseguró que tras recibir la denuncia se requirió el audio de la entrevista con la radio Cooperativa.
El fiscal intentará determinar si D’Elía adoptó una actitud discriminatoria al referirse al caso de Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, como judío y vincularlo al servicio de inteligencia israelí, el Mossad.
El funcionario destacó que de encontrarlo responsable de violar “la ley de antidiscriminación sancionada por el Congreso nacional en 1983 podría caer en una pena de un mes a tres años de prisión”.
Los dichos de D’Elía fueron repudiados también por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y criticados por legisladores del propio kirchnerismo y la oposición, entre ellos el diputado nacional por la Coalición Cívica Carlos Comi.
El diputado presentará en la Cámara baja un proyecto de repudio el piquetero y una denuncia ante el Inadi, que también suscribirá Patricia Bullrich, mientras el senador Daniel Filmus presentó el viernes un proyecto para expresar su rechazo a las “manifestaciones discriminatorias y antisemitas” de D’Elía.
Momo Venegas va a la Corte
El abogado que defiende en una causa conexa a la de la “mafia de los medicamentos” al jefe del sindicato Uatre, Gerónimo Momo Venegas, reclamó ayer a la Corte Suprema de Justicia que “intervenga” en el expediente en el que se investiga al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, por presuntas irregularidades con los remedios en obras sociales.
El letrado pidió públicamente que el alto tribunal apele al “per saltum” y tome la causa, al advertir que puede terminar como los expedientes que “se van encajonando” y alertar que existe la posibilidad de que los acusados en pesquisas paralelas “no puedan demostrar a la opinión pública la verdad”.
En ese sentido, volvió a calificar como “arbitraria” a la detención temporaria de su defendido y consideró que el sindicalista duhaldista sufrió un daño “irreparable ante la opinión pública”, al insistir con su inocencia.
El letrado, luego, se refirió a la causa en la que se investiga a su defendido, que además preside la obra social Ospreba, allanada a principios de este mes por orden del juez federal Norberto Oyarbide en la causa de la “mafia de los medicamentos”. El procedimiento fue concretado así después de que Venegas pidiera por cuarta vez la postergación de una ampliación indagatoria, la que se pasó para el próximo dos de agosto.
El jefe de Uatre fue detenido el 10 de febrero, acusado de asociación ilícita, defraudación al Estado por la presunta falsificación de expedientes para cobrar reintegros y envenenamiento de sustancias de uso público, pero el mismo día fue excarcelado después de declarar como imputado, en medio de protestas de algunos de sus afiliados.
El letrado dijo que “vamos a poder dejar aclarado que no hubo medicamentos truchos ni un troquel falso, porque hubo afiliados que recibieron el aporte de la obra social”.
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