La Corte Suprema ha prohibido temporalmente al Estado la deportación de inmigrantes en el marco de un plan que afecta a cerca de 38.000 personas a las que se insta a dejar el país “voluntariamente”, so pena de ser encarceladas.
El requerimiento impide la expulsión de cualquier persona que no quiera marcharse de manera voluntaria a un tercer país en África.
Ahora, el Gobierno tiene hasta el 26 de marzo para dar una respuesta a la Corte, que después decidirá si se extiende la orden o no.
La Corte asegura que esta decisión no afecta a quienes quieran irse y tampoco impide que el Estado siga con los preparativos administrativos que tenía en marcha para la implementación de las deportaciones, que está previsto que comiencen el 1 de abril.
El plan de deportación fue aprobado por el Gobierno en enero y afecta en su mayoría a inmigrantes de Eritrea y Sudán, y solicitantes de asilo que entraron clandestinamente desde Egipto antes de que Israel levantara una valla en la frontera con el Sinaí.
Éste contempla que sean encarcelados de manera indefinida si no aceptan marcharse a un tercer país con incentivos que incluyen pagos de efectivo y un pasaje de avión, aunque exime a unos 6.000 niños y a los hombres y mujeres con menores a cargo, que podrán extender sus permisos de residencia y permanecer de momento en el país.
Los críticos aseguran que el proyecto no garantiza la protección de los demandantes de asilo, a los que Israel considera “infiltrados”, y que no existe transparencia a la hora de informar sobre dónde van a ser enviados.
La ONG Hotline para Refugiados y Migrantes asegura que Israel habría firmado acuerdos con Ruanda o Uganda para que acepten a los expulsados, algo que las autoridades de estos países han negado.
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