Luego de que un magistrado pidiera la liberación inmediata de la francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano dijo que acatará el fallo que emita la Suprema Corte de Justicia.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la libertad inmediata y absoluta de la francesa Florence Cassez Crepin, acusada de secuestro y condenada a 60 años de prisión.
Lelo de Larrea presentará ante los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dicha propuesta
El caso de Cassez, condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro será enlistado en los próximos días entre los temas que abordará la Sala, a fin de que los integrantes de ésta analicen la propuesta de Zaldívar Lelo de Larrea y se emita una postura definitiva.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Max Alberto Diener, dijo que dentro del Estado de derecho “existe el principio del debido proceso, y éste tiene que ser respetado en términos de la Constitución”.
Consideró que el Poder Judicial deberá tomar en cuenta todos los elementos para tomar la decisión que corresponda con base en las disposiciones de la Carta Magna.
“El Estado mexicano no puede oponerse al orden constitucional. Por tanto, si el Poder Judicial considera que hay algunos puntos que se están vulnerando en términos de la procesada, se tiene que actuar en consecuencia”, acotó.
Violación de derechos humanos
Entre las razones del ministro Zaldívar para proponer otorgar el amparo a Cassez, es que se violaron varios de sus derechos humanos, como que no fue puesta a disposición del Ministerio Público de manera inmediata, sino que fue llevada al Rancho Las Chinitas “a fin de que participara en un montaje preparado por las autoridades que la detuvieron”.
El ministro destacó que “no encuentra justificación constitucional alguna el tiempo en el que Florence Cassez fue retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación”.
Sobre este punto, el ministro aclaró que su proyecto no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia, sino que censura que las autoridades encargadas de una detención “deformen conscientemente la realidad”.
Expuesta a un ‘montaje’
Añadió que esta deformación tuvo como fin “exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo”.
Es por ello que “como consecuencia de este montaje”, su propuesta que puso a consideración de la Primera Sala establece que las pruebas que se obtuvieron, carecen de fiabilidad.
“Los testimonios de las víctimas, así como las declaraciones de los policías, son producto de una deformación de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigación”.
Recalcó que es un derecho fundamental de los detenidos ser puestos a disposición inmediata del representante social y no retenerla “con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros”.
La francesa fue arrestada por la policía mexicana el 8 de diciembre de 2005 en el estado de Morelos junto a su novio, Israel Vallarta, presunto jefe de la banda de secuestradores Los Zodíaco, y fue llevada al rancho Las Chinitas “a fin de que participara en un montaje preparado por las autoridades que la detuvieron”.
El montaje televisivo, realizado al día siguiente, simuló una operación en vivo en la cual la policía mexicana arrestaba a Cassez y a su novio en un rancho propiedad del último.
Más irregularidades
Otra de las irregularidades que consideró el ponente que se cometieron, es que los policías que la detuvieron no contactaron con el consulado francés, lo que violó el derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular.
En este sentido expuso que “una asistencia consular efectiva sólo será aquella que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero”, lo que cobra una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión, consideró Arturo Zaldívar.
Lo anterior, señala el proyecto, provocó que Cassez Crepin quedara en “una indefensión total”, además de que las presuntas violaciones a sus derechos humanos descritas, provocaron la afectación total del procedimiento.
Arturo Zaldívar recalcó que la acumulación de violaciones tuvo “una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada”, por lo que de manera fundamental hubo una violación al derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Por último, el proyecto aclara que no se pronuncia sobre las pruebas contra el otro detenido y supuesta pareja sentimental de la francesa, Israel Vallarta Cisneros, también señalado como el culpable del secuestro de un menor de edad, una mujer y un joven.
Defensa recurrió al amparo
La batalla legal está en manos del máximo órgano jurisdiccional de México después de que justo hoy hace un año la defensa de Cassez presentara un “amparo directo” contra la condena, después de una batalla legal en otros tribunales inferiores.
El abogado defensor de Cassez, el penalista mexicano Agustín Acosta, adujo entonces que el recurso se interponía ante supuestas violaciones a varios artículos de la Constitución mexicana que tienen que ver con el debido proceso (artículos 14, 16, 20, 21 y 133).
El abogado cree vulnerado también el principio de la Carta Magna mexicana que establece que “la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez”, contenido en el artículo 21.
Fuentes de la SCJN consultadas por Efe dijeron que no hay un plazo definitivo para resolver el caso, que podría comenzar a ser abordado “la próxima semana o en quince días”.
En los últimos años el litigio ha tensado las relaciones entre México y Francia, donde su presidente, Nicolás Sarkozy, ha reclamado la repatriación de Cassez para que cumpla condena en ese país.
La ciudadana francesa cumple su condena a 60 años en el Centro Femenino de Readaptación Social de Tepepan, en el sur de la capital mexicana.
En una entrevista concedida a Efe en junio de 2006 desde la cárcel, Cassez dijo que utilizaría todos los medios jurídicos, dentro y fuera de México, para probar que nunca cometió los delitos que le imputan, entre ellos el de secuestro.
Confía Sarkozy en liberación
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, expresó su “confianza” en que la justicia mexicana libere próximamente a la francesa Florence Cassez, condenada en México a 60 años de prisión por secuestro.
“Tengo confianza en la justicia mexicana” en este asunto, afirmó Sarkozy este jueves en una entrevista con la radiodifusora RMC cuestionado por la recomendación judicial anunciada la víspera en México a favor de que Cassez sea liberada.
“Luchamos para hacer valer sus derechos, es una primera etapa”, consideró Sarkozy, quien precisó que platicó por teléfono hace una semana con Cassez, quien cumple condena en un reclusorio de la Ciudad de México.
Ahora “es preciso que resista. No diré más por no influenciar el proceso de la justicia mexicana”, prosiguió el presidente y candidato a su reelección en las próximas elecciones que se celebrarán en dos vueltas en abril y mayo.
Esta “es la primera verdadera buena noticia en cinco años y medio”, concluyó Sarkozy, quien pidió en reiteradas ocasiones durante los últimos años a las autoridades y a la justicia mexicana la liberación de la ciudadana francesa.
El caso Cassez provocó la anulación del Año de México en Francia en 2011 y severas tensiones diplomáticas entre ambas naciones.
Expresan preocupación por el caso
Mientras tanto la Procuraduría General de la República expresó preocupación por el alcance que pretende darse en la Suprema Corte a un proyecto de resolución sobre el caso de Florence Cassez, pero confió en que al someterse a consideración de otros miembros de la Primera Sala se modifique y se deje “incólume” la responsabilidad de la ciudadana francesa.
En un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) manifestó su respeto a las decisiones de Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que no se pronunciará oficialmente en este momento acerca de la comunicación de prensa que circuló en medios relativa a un proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar Lelo De Larrea.
Precisó que este se refiere al amparo directo en revisión 517/2011 del caso de la ciudadana francesa, en el que se propone otorgar el amparo y ordenar la inmediata y absoluta libertad de la sentenciada.
La PGR señaló que Cassez fue encontrada culpable por el juez de primera instancia y el Tribunal de Apelación por la comisión de tres secuestros, incluido el de una mujer y un menor de edad, posesión y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como delincuencia organizada.
Indicó que no forma parte de la comunicación periodística emitida este día por la oficina de prensa de la SCJN valoración alguna a cerca de los derechos de las víctimas.
“Manifestamos, en este sentido, una lógica preocupación por el alcance que pretende dar el ponente a los supuestos vicios encontrados en el proceso y por la posible descalificación de valor de las declaraciones de las personas secuestradas”, explicó.
Ello “sin que obre elemento alguno que acredite la supuesta deformación de la realidad a la que alude el ministro ponente”, precisó la PGR.
Abundó que la sentenciada combatió la resolución de la apelación, mediante juicio de amparo directo mismo que le fue negado.
Destacó que tres instancias judiciales federales consideraron que en este caso el Ministerio Público de la Federación logró acreditar el tipo penal de los delitos graves, por lo que ejercitó acción penal y determinó la responsabilidad penal de la francesa.
Asimismo, aseveró, la resolución del Tribunal Colegiado no decidió sobre la inconstitucionalidad de una ley, ni estableció interpretación directa de un precepto de la Constitución que además entrañará un criterio de importancia y trascendencia que amerite la competencia de la Corte.
De tal forma que el propio recurso de revisión es improcedente de conformidad con lo establecido en el Artículo 107, Fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señalan que Cassez es culpable
Respecto a la presunta violación al derecho de la extranjera a la notificación, contacto y asistencia consular, elementos mencionados como parte del proyecto del ministro Arturo Zaldívar, no son los policías quienes tienen la obligación de dar el aviso consular.
Precisó que la presencia de Florence Cassez en el rancho Las Chinitas fue parte del operativo de rescate de las víctimas que se encontraban en ese lugar, según el propio dicho de los secuestradores, tal y como lo señaló el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito cuando resolvió negar el amparo solicitado.
“Pero en todo caso la dilación en la puesta a disposición de la autoridad ministerial tampoco puede desvirtuar las pruebas de cargo, sino en todo caso sólo afecta la detención preventiva del inculpado durante el proceso”, apuntó la PGR.
Señaló que de las constancias se desprende que durante todo el proceso penal se respetó el derecho fundamental a la presunción de inocencia de Florence Cassez, como lo resolvieron en su momento las instancias judiciales federales previas.
Es decir, el Juez de Distrito que dictó la sentencia, el Tribunal Unitario que resolvió la apelación confirmando la sentencia condenatoria y finalmente el Tribunal Colegiado que negó el amparo.
“Como en otros casos, al ser sometido el proyecto a la consideración de los ministros integrantes de la primera sala de nuestro máximo tribunal, se prevé que con base en los abundantes elementos disponibles, y principalmente atendiendo a la defensa de los derechos de las víctimas, se modifique su sentido y alcance”, recalcó.
Esto con el objetivo de que “se deje incólume la responsabilidad penal de Florence Cassez por los delitos que fue condenada”, finalizó el comunicado de la PGR.
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