Militantes jihadistas procedentes de un número indeterminado de países y con una agenda propia están radicalizando el conflicto armado en Siria, con una creciente violencia sectaria en la que ambas partes, el Gobierno de Bashar el Asad y la oposición armada, siguen cometiendo crímenes de guerra.
Así lo afirmó la comisión independiente de investigación auspiciada por la ONU que ha documentado las violaciones de los derechos humanos cometidas en Siria durante los últimos 18 meses y que a finales de mes debería ver renovado su mandato.
“La comisión confirmó la presencia creciente de elementos extranjeros, incluyendo militantes jihadistas, en Siria. Algunos se unen a las fuerzas antigubernamentales mientras que otros establecen sus propios grupos para actuar de forma independiente”, anunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el presidente de la comisión, el brasileño Paulo Sergio Pinheiro.
Pinheiro no identificó a estos grupos ni su procedencia, limitándose a hablar de “gente que intenta resucitar el Califato, que emite fatwas (decretos religiosos)” y de “grupos radicales islamistas y fundamentalistas”.
La comisión, que sigue sin tener acceso a Siria, ha comprobado que la presencia de “estos elementos lleva a los combatientes antigubernamentales a asumir posiciones mucho más radicales”, lo que se ha traducido en un “aumento dramático” de las tensiones sectarias, particularmente en las provincias de Latakia e Idilib.
El jurista brasileño hizo hincapié en el sufrimiento de los civiles, que no sólo se encuentran entre fuego cruzado, sino que son objetivo específico de las fuerzas de seguridad.
El informe también acusa a los grupos armados de oposición de graves violaciones de derechos fundamentales, aunque matiza que sus crímenes “si bien son serios, no alcanzan la gravedad, frecuencia y escala de aquellos cometidos por las fuerzas gubernamentales”.
La comisión ha realizado una segunda lista de individuos responsables de violaciones de los derechos humanos, cuyos nombres no se difundirán para preservar la presunción de inocencia.
La lista ha sido entregada a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que elevó por su parte el nivel de acusaciones contra la oposición armada, afirmando que están utilizando a niños como soldados en los combates.
Siria manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos que la presencia de jihadistas en Siria responde a un plan preconcebido para producir la fragmentación de Oriente Medio y satisfacer los intereses estratégicos y de seguridad de EEUU e Israel.
“El mundo entero tiene claro que el objetivo de este plan no es la reforma política ni la democracia. El objetivo es transformar los países de Oriente Medio en entidades de conflicto, sin seguridad, en las que reine el caos”, afirmó el embajador sirio, Faisal Al-Hamwi.
El diplomático agregó que en Siria actúan “grupos terroristas asesinos, con ideas religiosas extremistas, que persiguen fragmentar la región y convertirla en unos emiratos islamistas”.
Al Hamwi pronunció un largo discurso en el que apuntó a Estados Unidos e Israel como autores intelectuales del plan para conducir a Siria a una guerra civil, con el objetivo de promover sus “intereses de seguridad” en la región y hacer “que la cuestión de la ocupación ilegal de los territorios palestinos se olvide y marginalice”.
Sobre la presencia de jihadistas en su país, el embajador advirtió también de que “son bombas de relojería que explotarán más adelante en los países que los están respaldando”.
Según el embajador, estos terroristas proceden de un total de 17 países y son financiados por “el dinero del petróleo y el gas” de países como Estados Unidos, Arabia Saudita, Catar y Turquía.
No hubo cambios en las posiciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos, con Rusia y China dejando claro una vez más que no darán nuevos pasos para presionar política o militarmente a Siria.
El Consejo deberá votar en su presente sesión si prorroga o no el mandato de la comisión de investigación, cuya renovación respaldan Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entre otros.
La votación se llevará a cabo al final de esta sesión ordinaria -la vigésima- los próximos 27 y 28 de septiembre.
Pinheiro y la otra miembro de la comisión, la estadounidense Karen Abu Zayd, declararon que tomarán una decisión sobre su continuidad una vez se apruebe una resolución al respecto.
Mientras, Suiza presiona para incluir en la comisión a la ex fiscal general para el Tribunal Especial para la Antigua Yugoslavia Carla del Ponte, experta en la investigación de conflictos armados y con un perfil mediático superior al de Pinheiro y Abu Zayd. EFE
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