La huelga convocada por la mayor federación sindical de Israel, llamada Histadrut, que provocó entre otras acciones, el cierre de los principales bancos, compañías eléctricas, ayuntamientos, almacenes, y la cancelación del despegue de vuelos del aeropuerto internacional Ben Gurión en Israel, logró su efecto, y frenó la iniciativa de reforma judicial planteada por el gobierno de Benjamin Netanyahu.
El primer ministro anunció este lunes 27 de marzo una pausa en el proceso para aprobar la reforma, hasta después del receso que se tomará el parlamento por los festivos de Pesaj (la pascua judía) y las celebraciones del Día de la Independencia y el de los soldados caídos, para “dar una oportunidad real para un diálogo”.
En su anuncio a la nación, Netanyahu agregó no estar dispuesto a aceptar que existan extremistas que quieran destrozar el país “.. escoltarnos a una guerra civil y pedir que se rechace el servicio militar, lo cual es un crimen terrible”.
La Embajada de Israel en Panamá anunció en su cuenta de la red social Twitter la suspensión de sus funciones y el cierre de sus oficinas por la adhesión a la huelga.
Las Reformas
La protesta que reunió el pasado domingo 26 de marzo a más de 650 mil personas, y este lunes 27 de marzo a más de 100 mil frente a la sede del parlamento, aumentó su temperatura tras el despido del ministro de Defensa, Yoav Gallant, el único miembro del gabinete, del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, que se oponía a la reforma judicial impulsada por el ejecutivo.
Dicho proyecto le daría un mayor poder al parlamento israelí, la Knesset, con reformas que le darían la posibilidad de anular decisiones que dicte el Tribunal Supremo –máxima instancia judicial del Estado de Israel–, hasta como se deben seleccionar los jueces que conforman el mismo. Si se lo trae al plano panameño, es como si la Asamblea Nacional, tuviera más poder que la Corte Suprema de Justicia.
La gran diferencia es que Israel no cuenta con una Constitución, sino que se conforma por un conjunto de leyes básicas, que ejercen el papel de Constitución. Estos cambios propuestos provocarían que sea el parlamento –actualmente controlado por la coalición de gobierno– más poderoso que dicho Tribunal.
Además la reforma propuesta por el mismo parlamento, plantea aumentar la cantidad de miembros del comité que eligen a los integrantes del Tribunal Supremo, que actualmente son nueve personas –entre jueces en ejercicio, miembros del colegio de abogados, miembros del parlamento y de gobierno– y pasarlo a once, con el fin que el gobierno de turno, pueda tener a seis miembros de once que los represente, con un mayor control en el tema.
Según el primer ministro Netanyahu, el actual Tribunal se ha convertido en un grupo elitista y que no representa al pueblo. Además, comparó a países como Estados Unidos en donde –según él– los políticos controlan qué jueces serán designados.
Sumado a esto, la reforma pone barreras para que un primer ministro en ejercicio, pueda ser declarado incapaz, y exige que sea el propio mandatario, o dos tercios del gabinete, que tengan que votar a favor para que se apruebe dicha declaración.
Además, existen modificaciones que le darían al parlamento la posibilidad de poder aprobar leyes que hayan sido declaradas inválidas por el Tribunal Supremo, ya que quienes auspician las reformas, dicho Tribunal no debería interferir en la voluntad del pueblo.
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