Uno imaginaría que un tema tan importante para el mundo como los derechos humanos sería tratado por la ONU con la seriedad y el compromiso que merece, o siquiera con un mínimo de eficacia y decencia como para justificar el presupuesto millonario que consume. Lamentablemente no es así. Existe un organismo de Naciones Unidas denominado Consejo de Derechos Humanos, el cual lejos de funcionar para cumplir con su objetivo declarado de promoción y defensa de los derechos humanos en el mundo, sirve por lo general para solapar a naciones cuyos gobiernos son violadores consuetudinarios de tales derechos. ¿Cómo es que funciona un mecanismo así de grotesco?
La explicación es relativamente sencilla: la ONU estableció desde hace tiempo que 47 de sus países miembros sean los integrantes del Consejo, quienes deben ser electos cada año mediante votación de 190 naciones. Y como es tan común en tantas partes, por debajo de la mesa esos votos se compran, se venden, se truecan por concesiones, inversiones y toda clase de favores y complicidades en el descarado bazar en que se convierte el proceso de formación anual del Consejo. El resultado es que quedan como jueces para defender los derechos humanos en el mundo muchos de los más inclementes y conocidos violadores de ellos.
Por ejemplo, en septiembre pasado se eligió a Arabia Saudita para encabezar el Consejo. Ni más ni menos, el cargo quedó en manos de este país con el mayor número en el mundo de decapitaciones por condenas a muerte, que además sojuzga a sus mujeres de formas harto conocidas, que desconoce principios como la libertad de expresión y de credo, y que castiga con fuertes sanciones lo que considera blasfemia. Por supuesto que a la pregunta de cuántas resoluciones se han dado para condenar el estado de cosas en el Reino Saudita, la respuesta es cero. Y por supuesto, también, que algo tiene que ver con la elección de Arabia Saudita para ese puesto su riqueza y su poder regional.
Es igualmente aberrante que entre los países a los que se elige para ser jueces están, por ejemplo, China, Rusia, Venezuela, Cuba y Siria. Sí, leyó usted bien, Siria, bajo el mando de Bashar al-Assad forma parte del Consejo. De hecho, en febrero pasado se les otorgó a Siria y a Venezuela puestos de liderazgo en el Comité de Descolonización del Consejo, quedando como su presidente Rafael Darío Ramírez, embajador de Venezuela ante la ONU. Y esos absurdos se extienden a menudo a otras dependencias de la propia ONU. Por ejemplo, en 2013, bien entrada ya la guerra civil en Siria y comprobadas las atrocidades cometidas por el régimen de Al-Assad, Siria fue electa para formar parte del Comité de Derechos Humanos de la UNESCO.
Contra esta farsa se han levantado un buen número de organizaciones no gubernamentales (ONG) que continuamente se las arreglan para llevar víctimas famosas de tortura y opresión a los foros del Consejo de Derechos Humanos a fin de testificar y desenmascarar a quienes son responsables de tales abusos y están sentados, sin embargo, en ese tribunal en calidad de jueces. Son 26 las ONG que se dedican a este trabajo de cuestionamiento, entre ellas UN Watch, especialmente activa en esa labor que por desgracia y a pesar de sus buenos oficios no ha conseguido desmontar este teatro. La conclusión fundamental de todo esto es que las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son patéticas. Los más grandes violadores como Siria, Corea del Norte e Irán apenas son mencionados, mientras que los rivales o competidores de quienes integran el citado organismo reciben condenas a pasto. Toda una manipulación grotesca sin apego a lo que verdaderamente ocurre en el mundo en cuestión de derechos humanos, manipulación que, además, consume enormes recursos económicos necesarios para enfrentar infinidad de otros problemas.
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