Aniversario de una masacre, fracaso de una estrategia

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Hace un año, el 30 de enero, fueron masacrados 16 jóvenes que se encontraban festejando un cumpleaños en la colonia Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez. El amplio impacto social que tuvo ese dramático acontecimiento, hacía pensar al menos en dos cosas: que al fin el Gobierno Federal entendería que combatir violencia con más violencia nos está llevando por un camino sin retorno y que los gobiernos federal, estatal y municipal se pondrían de acuerdo para enfrentar la catástrofe humana en que se ha convertido Ciudad Juárez.

Algunos indicios nos hacían guardar alguna esperanza del cambio de la estrategia de seguridad del Presidente Calderón o al menos de su complementación con programas que pusiera mayor énfasis en acciones de tipo económico, social y cultural. Así nos pareció con la asistencia del Presidente de la República y de varios Secretarios en los meses siguientes a la matanza, para participar en varias mesas de diálogo con los juarenses y al anunciarse el desarrollo de un plan integral para reconstruir el tejido social al que se denominó “Todos somos Juárez”.

Sin embargo, se han venido presentando varias fallas que podríamos resumir al menos en cuatro puntos:


1) Nunca se realizó un diálogo abierto y realmente democrático en donde los funcionarios federales estuvieran dispuestos a escuchar y a entender las preocupaciones y a reconocer las propuestas de los juarenses; los funcionarios de la oficina del Presidente estaban más preocupados porque este no fuera confrontado en sus reuniones con la población y con los familiares de los jóvenes asesinados. Provocaron con esa actitud, la exclusión de las mesas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y con ello generaron una ruptura entre estas organizaciones que fueron vetadas, con aquellas otras que decidieron quedarse para ver si algo se lograba. Es decir, en lugar de ayudar a consolidar las mermadas redes de trabajo colaborativo de las organizaciones civiles de la ciudad, la oficina del Presidente afectó más el precario tejido social de la Ciudad.

2) Mencionamos en otro comentario que el programa Todos somos Juárez era un conjunto de 160 acciones desconectadas entre sí, e inclusive que se repetían y que no se veía la tan anunciada integralidad. Que además esa estrategia no era resultado de un esfuerzo del gobierno por entender qué intervenciones del Estado mexicano se necesitaban ante la tragedia que vive la Ciudad, sino que se trataba de la oferta de programas que el Gobierno Federal ya tenía en su menú y que venía realizando en todo el país. A cerca de un año de haber anunciado esa estrategia, los juarenses se quejan de una participación muy desigual de las distintas secretarías, destacando positivamente las de la secretarías de Salud y Educación, pero no así las de las Secretarías de Seguridad y de Desarrollo Social. También señalan que no se ha sentido efecto alguno en la violencia criminal en la Ciudad.

3) La situación de violencia que vive Ciudad Juárez y muchos otros territorios del país determina que en primer lugar la población exija acceso a la justicia y el fin de la impunidad y de los acuerdos entre bandas del crimen organizado, los empresarios y los políticos. El grado de deterioro de la convivencia impide pensar en reconstrucciones del tejido social por ejemplo recuperando espacios públicos como lo está haciendo la Secretaría de Desarrollo Social, cuando la población tiene miedo de salir de sus casas, o está abandonándolas para trasladarse a ciudades más seguras. Estas zonas del país, tanto urbanas como rurales, requieren de programas de mitigación y ayuda para las familias que han sido víctimas del crimen organizado, como son los miles de viudas y huérfanos, las personas discapacitadas por heridas de bala, las personas despojadas de sus bienes y de sus recursos por los secuestros y las extorsiones. Estos territorios no son los mejores como para probar programas de prevención social de las violencias cuyos efectos se observan en plazos más largos y se corre el riesgo de que ese enfoque de prevención se desgaste al aplicarlo en zonas donde el grado de violencia ya es muy elevado.

4) Desafortunadamente, el programa “Todos somos Juárez” no fue compartido por los tres niveles de gobierno sino sólo por el federal. Se presentó en un momento en donde estaba en curso el proceso electoral en Chihuahua y al final resultó presa de las interminables peleas por el poder político que dominan toda la vida institucional del país.

El desinterés del presidente por “Todos somos Juárez” y por su compromiso con esa ciudad se observa en la página de internet que se abrió para informar del avance de las 160 acciones, pues desde octubre de 2010, el sitio no ha sido actualizado.

En fin, fuera de algunos funcionario federales que se han comprometido con la Ciudad y no la abandonan, para el Presidente Calderón Ciudad Juárez ya no es una prioridad.

Acerca de Clara Jusidman

Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

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