En una carrera a contrarreloj, el presidente Trump está tomando decisiones ejecutivas con objeto de enfrentar a la próxima administración de Joe Biden con hechos consumados que no puedan revertirse. Un ejemplo de ello se registró el martes pasado al ser aprobado por el Departamento de Estado norteamericano una masiva venta de armas a Arabia Saudita, Egipto y Kuwait. En una operación por valor de 290 millones de dólares, Estados Unidos le surtirá al reino árabe, encabezado por el príncipe Muhamad Bin Salman (MBS), tres mil bombas guiadas de precisión GBU-39, destinadas a reforzar la campaña aérea de las fuerzas sauditas contra los rebeldes hutíes en Yemen, campaña, que, repetidamente ha sido condenada por instancias internacionales al afectar sobre todo a población civil víctima de por sí de epidemias y hambrunas. Igual censura se ha presentado por parte del presidente electo Biden, quien en su momento prometió que de obtener el poder acabaría con el apoyo a la coalición antihutí, encabezada por Arabia Saudita.
El Medio Oriente es, en estas últimas semanas de Trump en la presidencia, una de las principales áreas donde él intenta remachar logros en política exterior que puedan constituir un legado digno de su administración. Por ello ha seguido enviando a sus principales negociadores a la zona —su yerno Jared Kushner, su secretario del tesoro Steven Mnuchin, y los altos funcionarios Adam Boehler y Avi Berkowitz— con objeto de consolidar y ampliar los llamados Acuerdos Abraham que normalizan relaciones entre Israel y diversos Estados árabes. De igual manera otro de sus objetivos es conseguir una reconciliación entre varias naciones del Golfo y Qatar, enfrentados por serias divergencias políticas desde hace cerca de tres años.
Trump se está apurando a consolidar esos logros regionales porque la especial relación que su administración desarrolló con Arabia Saudita no parece tener visos de mantenerse intacta durante los próximos cuatro años. Donald Trump es sabedor de que Biden y los demócratas sostienen posturas muy críticas hacia muchas de las políticas sauditas y son afines a las diversas condenas al Reino planteadas por las instancias internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Este último tema es por demás conocido. Basta recordar al respecto cómo durante la celebración en noviembre pasado de la última reunión del G20 en la capital saudita, cuando el Reino se vanagloriaba de ser la sede de tan importante reunión y sus medios de comunicación oficiales intentaban proyectar a su país como una inspiración para el mundo en cuanto a su dinamismo y su empuje modernizador, simultáneamente arreciaron desde diversos frentes los comentarios críticos. Human Rights Watch pidió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que reclamara a la corona saudita por sus “indignantes abusos contra los derechos humanos”, mientras que Amnistía Internacional convocó al gobierno británico a que presionara a Arabia Saudita para que liberara a activistas femeninas encarceladas por cuestionar las extendidas y aberrantes prácticas discriminatorias contra las mujeres.
En cuanto a la libertad de prensa, se enfatizó también la bajísima calificación del gobierno saudita dentro del World Press Freedom Index, al tiempo que abundaron los comentarios de lo ridículo de ensalzar al Reino como un ejemplo para el mundo, cuando es ampliamente sabido el papel que el propio MBS jugó en el caso del asesinato y descuartizamiento del periodista árabe-estadunidense Jamal Khashoggi, en el consulado saudita en Estambul en octubre de 2018.
Así pues, el gobierno encabezado por MBS, está a punto de entrar en un periodo de incertidumbre. Hasta ahora se ha beneficiado de la colaboración estrecha con la administración Trump, dispuesta no sólo a seguirle abasteciendo de armamento para proseguir su participación en la guerra en Yemen, sino a tolerarle también sus prácticas aberrantes en cuanto a respeto a los derechos humanos. Sin embargo, es evidente que con el cambio de inquilino en la Casa Blanca ese trato preferencial tenderá a debilitarse, por más que Trump y su gente se dediquen en los primeros días de este enero, antes de abandonar el poder, a tratar de amarrar negocios y acuerdos favorables a los diversos intereses políticos y económicos que comparten.
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