Mucha tinta ha corrido para reproducir las condenas al hecho expresadas por gobiernos europeos y por altos funcionarios de Washington. Igualmente han sido muy comentadas las cantinflescas expresiones de Donald Trump para tratar de exculpar o minimizar la responsabilidad de MBS. La fuerte alianza entre Riad y Washington, consolidada de manera firme a partir de la Presidencia de Trump y basada en gran medida tanto en los mayúsculos intereses económicos compartidos, como en la común empresa de evitar la expansión de la influencia iraní en la región, hace muy difícil para el presidente norteamericano imponer verdaderas sanciones a su aliado.
Ha sido también notable cómo la casi totalidad de los gobiernos árabes ha reaccionado, ya sea con un silencio sobre lo ocurrido, o bien con defensas de la monarquía saudita. Esto último fue patente en las declaraciones de los liderazgos de Egipto, Líbano, Bahrein y Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), quienes asumieron la defensa de MBS. En especial, llamó la atención cómo el ministro de relaciones exteriores de EU amenazó con represalias severas a quienes estén acosando a Arabia Saudita a causa del caso Khashoggi.
Son varios los factores que explican tanto el silencio cómplice de unos, como la defensa de otros. Factores que poseen una lógica elemental. Arabia Saudita es el país árabe más grande, más rico y con el galardón adicional de ser el corazón y cuna del Islam. Por todo eso, y por el liderazgo que representa, además, en la confrontación sunnita contra el mundo chiita, no es en absoluto posible que esgriman condenas. El precio sería demasiado elevado, y por ende, inaceptable. Más aún cuando la acusación a MBS se da alrededor de un acto que a ojos de muchos de esos liderazgos, no es ni tan monstruoso ni tan excepcional.
Si se observa el estado de los derechos humanos y de la libertad de expresión en esas naciones, es evidente que el récord es lamentable. Tan sólo en Egipto, el presidente Abdel Fatah el Sisi ha perseguido y desaparecido a cientos o tal vez miles de opositores políticos, al mismo tiempo que ha impedido que activistas y defensores de los derechos humanos salgan del país. Con esos antecedentes, muy parecidos a los que se registran en otros países árabes hermanos, no hay manera de que estén dispuestos a asumir una postura crítica con lo ocurrido en el consulado saudita en Turquía, sin arriesgarse a ponerse en la mira para ser juzgados, ellos también, por actos muy parecidos, pero que por una combinación de elementos no han sido internacionalmente divulgados y conocidos.
Arabia Saudita, como cualquier otra gran potencia política o económica, cuenta pues, con grandes ventajas para evitar o resistir sanciones que se planteen a fin de castigar sus abusos y crueldades. Lamentablemente, en nuestro mundo, movido por juegos de poderes e intereses, esas potencias pueden violar derechos humanos a placer, sin pagar por ello. Y, ay de aquellos que desde una posición de relativa debilidad se atrevan a censurar. La ira vengativa hará de las suyas como ocurrió cuando Canadá se atrevió a criticar a la monarquía saudita por su comportamiento misógino y por condenar a muerte a una joven mujer cuyo pecado fue participar en protestas públicas contra el gobierno. MBS retiró a su representación diplomática en Canadá y rompió acuerdos e intercambios comerciales establecidos. La defensa de los derechos humanos a nivel global enfrenta así el desafío de encontrar formas de castigar a los gobiernos “bullies” que matan, torturan y abusan sin límite alguno, amparados en su poder económico y/o político.
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