Hay algunas islas de desarrollo científico en México que compiten de tú a tú con los grandes centros científicos internacionales, aunque posiblemente estemos lejos de contar con un Premio Nobel que se haya desarrollado completamente en México y trabaje en México. Cuenta la leyenda urbana que el mexicano más citado es alguien que tuvo la suerte de trabajar y publicar con alguien que resultó galardonado con el Nobel y de esa manera, nuestro amigo fue largamente leído en el mundo. Pero no hay que desesperar, un segundo lugar en ciencia no es malo y hasta puede resultar muy honroso.

Hay quien sostiene que gracias a la creación del CONACyT es que se disparó el número de mexicanos citados internacionalmente lo que habla bien del concepto no de su distorsión. Insisto en las citas porque es una muestra del impacto de las publicaciones y las publicaciones es una forma de evaluar el trabajo científico, aunque hay revistas que cobran una fortuna por publicar y universidades que lo pagan, también hay universidades que pagan los libros de sus académicos para que logren puntos, y hay quién duda si esos libros hubieran sido publicados por una editorial comercial o una editorial competitiva. Siendo director de El Colegio de Chihuahua (COLECH) un académico de otra universidad, que después fue funcionario, llegó a darme dinero para pagar la publicación de un libro cuyo título carecía de sentido, el académico ya no me habla porque me negué lo que le quitó puntos para el CONACyT.

La digresión sirve para cuestionar qué tanto del desarrollo científico mexicano se ha logrado por medio de los fideicomisos e inquirir porque su cancelación ha molestado tanto a muchos científicos, algunos de ellos muy serios.

Me explican que algunos fideicomisos sirven para ajustar lo ineficiente del gasto publico, por ejemplo, la brecha creada en los meses de enero a marzo, aunque el tema no lo viví porque al COLECH siempre le llegó la transferencia apropiada para pagar salarios, no así la jineteada que el gobierno del Estado le dio a otros fondos provenientes del gobierno federal, quien no transfiere directamente los fondos, sino por medio de la hacienda estatal.

Al parecer parte de la lógica que justificó los fideicomisos fue poder guardar dinero frente a la regla de que fondos no gastados se deben regresar a hacienda, lo que le causa problemas a aquellas actividades que rebasan el año calendario o son multi anuales, como por ejemplo los pagos de recompensas criminales, o las investigaciones científicas que requieren certeza financiera multianual. El remedio debe ser eficientar el gasto público incorporando una consideración plurianual.

En una ocasión crearon el Fideicomiso del limón, que servía para forzar el clientelismo. Podemos sospechar que muchos de los fideicomisos tenían una función clientelar y creaban una burocracia gigantesca para administrarlos. Según Fundar “374 fideicomisos públicos existentes a nivel federal. Estamos hablando de 835,477 millones de pesos, que representan el 15.8% de todo el presupuesto público para 2018, es decir, más de 20 veces el presupuesto autorizado para llevar a cabo el proceso de reconstrucción después de los sismos del año pasado”.

Parecería que esos fideicomisos conforman una especie de gobierno paralelo, que se agrava porque implica un gasto sin control ya que los fondos de fideicomiso escapan a la supervisión y evaluación gubernamental.

En una ocasión busque financiamiento del fondo de CONACyT con los estados y para mi sorpresa encontré que se debía negociar con el gobierno municipal, el que se caracterizaba por todo, menos por tener inclinaciones científicas o de desarrollo académico, sobra decir que no tuvimos el peso político para conseguir un peso.

Cancelar los fideicomisos tiene como objetivo: ordenar una cantidad de dinero asombrosa, dejar de sostener una burocracia improductiva y frenar la corrupción porque el manejo de ese dinero se prestaba para desviaciones inadecuadas, baste mencionar la fortuna que se desvió del CONACyT hacia empresas privadas sin que eso beneficiara en nada el avance de la ciencia y la tecnología en el país. Mucho del avance científico del país beneficia a empresas extrajeras porque las nacionales no se interesan por invertir en desarrollo científico-tecnológico.

Es importante que el gobierno defina una política científica, tecnológica y cultural, que incluya el apoyo público a esas áreas, así como incentivar la vinculación del sector privado, lo que no debe entenderse como un subsidio disfrazado para las empresas. Debe haber reglas claras de competencia por fondos públicos.

No me olvido del SNI que se ha convertido en una aberración. Mejor sería convertir esos fondos en parte del salario de las académicos porque a final de cuentas, cuando los académicos se jubilen no contaran con ese dinero y mientras se desgastan llenando formatos y consiguiendo puntitos. Se debe crear un proceso de calificación que sea honorario y muy prestigioso, que se elimine lo concerniente a los puntos y se mida la calidad, y que no se dependa de él para vivir.

Hay que re conceptualizar el trabajo académico y asegurar una vida digna para los educadores.

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Chair, International Advisory Board for Immigration Studies. U.S.-Mexico Research Program. UCLA. Director asociado de la revista Araucaria. Director del semanario El Reto. Testigo experto en juicios de asilo político y para frenar deportación de mexicanos en Estados Unidos. Posdoctorado en Historia, University of California, Los Angeles. Doctor en Ciencias Política (UNAM). 35 libros publicados y más de 1,000 artículos. Traducido al inglés, francés e italiano. Pionero en varias áreas de investigación: análisis de redes políticas, estudios sobre humor político, democratización en México, temas fronterizos (agua, migración y seguridad) y sobre Crimen Autorizado.