La mayoría de las instituciones del Estado costarricense en la actualidad, son objeto de una ola de corrupción institucionalizada, la cual se ha hecho presente sin necesidad de que medien colores políticos, debido a la ausencia de toda ética y moral en el ejercicio de su función pública, reflejada en una crisis fiscal que tiene al país al borde de la quiebra, a raíz del mal manejo que se ha hecho de la recaudación tributaria que pagan los costarricenses, donde éstos dineros se han gastado en salarios excesivos, pluses y pensiones de lujo, pertenecientes a poderosos gremios de funcionarios privilegiados, quienes laboran en los tres poderes del Estado y además en las universidades públicas.
Más allá del discurso que impera a lo interno y externo de la llamada “Suiza Centroamericana”, no se está siendo consecuente con la realidad nacional; ya que en la esfera íntima de la sociedad es mal visto evidenciar la corrupción institucional sea ésta pública o privada. Sin embargo son los propios funcionarios y sus alegatos los que dan fe de esto al arroparse públicamente en sus investiduras, constituidas por un supuesto “autogobierno en el ámbito judicial” para gestionar sus salarios exorbitantes y pluses.
A su vez las principales universidades estatales, como centros de enseñanza superior también se escudan en la llamada “autonomía universitaria”, al protegerse de cualquier reforma que pretenda paliar la disparidad económica que ha polarizado a Costa Rica en todos los sentidos y principalmente en materia económica.
Porque para el resto del Pueblo la capacidad de asombro ya se perdió, cuando en diversos medios de comunicación, aparecen altos jerarcas como por ejemplo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Fernando Cruz, cuestionando el hecho de que se les quieran rebajar sus remuneraciones privilegiadas a él y a todo su gremio, ya que según sus palabras: “esto es un tema tributario y no una ley de empleo público”.
Es lamentable corroborar la ausencia de toda ética y moral en el ejercicio de la función pública con argumentaciones como éstas, porque los empleados públicos deben servir al País en lugar de servirse de éste, por ello autogobernarse en materia salarial para el Poder Judicial, no es una opción a considerar frente al proyecto de reforma fiscal tan urgente y necesario en ésta Nación.
(Especial para el Diario Judío.com de México.)
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