Este año 2018, no ha sido nada halagüeño en el campo económico, político y social para el país centroamericano, debido a que el nuevo Gobierno de Unidad Nacional, liderado por el Presidente Carlos Alvarado Quesada, no ha logrado articular una agenda inclusiva, donde todos los frentes que conforman a la Costa Rica del Bicentenario, se sientan arropados por un mismo discurso. El cual deberá enfrentar problemas tales como el déficit fiscal, la corrupción institucionalizada, la naturalización de la violencia, la disparidad social al igual que el narcotráfico y sicariato, entre muchos otros puntos que aquejan a todos los espectros de éste Estado Social de Derecho, como ejemplo de una democracia representativa pero en crisis.
Durante la pasada campaña electoral, el país se fracturó y posteriormente polarizó a raíz de un discurso pseudo-religioso que había logrado permear a un sector importante de la población, donde una parte de la ciudadanía se sentía discriminada y desamparada en relación con las políticas socio-económicas, implementadas por diferentes gobiernos de los partidos Liberación Nacional, (PLN), Unidad Social Cristiana, (PUSC) y Acción Ciudadana, (PAC) que no les brindaron un aporte real que combatiera la pobreza y pobreza extrema que aqueja a la Nación, debido al clientelismo político de vieja data que alimenta la disparidad social de los más desposeídos, históricamente hablando.
En la actualidad ésta República se encuentra en un periodo convulso, donde el factor detonante y que ya no puede ser contenido por más tiempo, es sobre todo de carácter económico, en el sentido de que se ha gastado más de lo que se produce; mientras las cargas sociales para algunos ciudadanos privilegiados son casi inexistentes y otras, sobrepasan los límites de salarios y pensiones precarias en el sector privado, frente a realidades muy diferentes en donde existe un porcentaje de la sociedad civil, con sueldos exorbitantes en el sector público y pensiones de lujo que las pagan el resto de los costarricenses, desde el sector privado.
Así que a partir de éste lunes 10 de setiembre, los sindicatos del sector público de Costa Rica están en huelga, a raíz de la polarización existente y disparidad social, donde el plan fiscal propuesto por éste Gobierno, encuentra tropiezos a considerar por parte de un sector importante de la población, el cual por un lado exige que se le rebajen los privilegios a esos empleados públicos, quienes se encuentran sobrevaluados en relación con sus salarios y por otro, no quieren que a la clase menos privilegiada, se le siga castigando con la carga de más impuestos…
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