En los últimos días hemos sido testigos de un enredo entre los partidos políticos y el IFE por una sentencia tardía del Tribunal Electoral del Poder Judicial respecto de las cuotas de género en las candidaturas al Congreso. Esta sentencia fue emitida el 30 de noviembre a dos semanas del arranque de las precampañas, cuando ya los partidos habían definido sus procesos internos para la selección de candidatos y candidatas. No es la primera ocasión en la que el Tribunal resuelve y quien tiene que dar la cara es el IFE.
De este modo las complicaciones en el registro de candidatos y candidatas derivan de la rigidez con la que el Tribunal interpretó las disposiciones de Ley en materia de cuotas, señalando que la cuota de género del 40% se debe cumplir estrictamente tanto en las candidaturas de las listas de representación proporcional como en las de mayoría relativa.
Bajo esta interpretación cada partido o coalición debe postular al menos a 400 mujeres para las diputaciones y a 104 para senadoras como propietarias y suplentes, pues por otra sentencia del Tribunal y para evitar el fenómeno de las “juanitas”, las respectivas fórmulas deben quedar integradas por dos mujeres.
El IFE había dejado una cierta flexibilidad cuando los candidatos o candidatas postulados fueran elegidos por procedimientos democráticos.
El origen del problema era entonces lo que se llama una contradicción de tesis entre autoridades electorales pero como el Tribunal es el que tiene la última palabra, el IFE y los partidos políticos no tuvieron más que acatar sus sentencias.
El asunto es relevante pues en cierta forma contrapone dos derechos políticos importantes: a) el de las mujeres por alcanzar una representación proporcional en puestos de elección popular y en el fondo, su derecho a avanzar en las estructuras de poder de las que históricamente han sido excluidas y b) el de desarrollar una cultura y prácticas democráticas dentro de los partidos políticos que garanticen el derecho de sus militantes a ser elegidos como candidatos, evitando que sean las cúpulas partidarias o las turbias negociaciones de éstas con los poderes fácticos las que determinen quiénes serán los postulados.
Respecto del primer aspecto señalado la evidencia existente es que sin la incorporación del sistema de cuotas tanto en los estatutos de los partidos como en el COFIPE las posibilidades de acceso de las mujeres al Congreso y a otros puestos de elección popular seguiría estancada en un nivel bajo como lo ha estado por ejemplo, la proporción de mujeres en las presidencias municipales que históricamente se mantiene alrededor del 5%.
La importancia del acceso de las mujeres a los puestos de decisión surge del reconocimiento de la posición de subordinación, desigualdad y discriminación que históricamente han vivido en la sociedad y refiere a la impostergable necesidad de transformar las relaciones sociales de género y avanzar en la necesaria adquisición de libertad, igualdad real, autoestima y empoderamiento de las mujeres. Las mujeres hemos estado sometidas a relaciones de poder profundamente inequitativas y seguimos siendo abusadas, violentadas, mutiladas, esclavizadas, excluidas e incluso asesinadas por nuestra condición de género.
En los años ochenta, las teóricas del feminismo tomaron conciencia de que la igualdad real no se alcanzaba con la ampliación del acceso de las mujeres a la educación, al trabajo, a la vivienda y en general, al bienestar material sino que se ubicaba en la esfera de las relaciones desiguales de poder entendido éste como el control de bienes materiales, recursos intelectuales e ideología. Ese poder se acumula para quienes controlan la distribución de esos bienes y recursos y ese control confiere el poder de decisión, que en lo general ha estado en manos de los varones y de las jerarquías controladas por estos.
Con el acceso de un mayor número de mujeres al poder se busca transformar las estructuras e instituciones que refuerzan la discriminación de género y la desigualdad social, y dentro de ello, de manera importante de las leyes y normas que rigen la vida de todos y todas y que son desarrolladas por las y los legisladores, cuya elección es el punto actual del debate.
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