Diario Judío México - Los números son aterradores: 222 fosas clandestinas identificadas con 317 restos o cadáveres en ellas; 40 mil personas desaparecidas reconocidas por las autoridades; y cientos de familias que han vivido, sin exageración, años en el infierno para saber qué les ocurrió a hijas, hijos, mamás, papás, entre muchos otros miembros de lo que, se supondría, es el corazón de nuestra sociedad.

No recuerdo ningún caso reciente en el mundo donde se tengan estas cifras que rozan la de un conflicto armado, que ya ni siquiera podemos decir que fue de baja intensidad, porque la violencia ha ido en aumento durante, al menos, los últimos veinte años.

Son los estragos que no forman parte de la bizarra discusión en las redes sociales y que tampoco significaron mucho para los gobiernos de los tres sexenios pasados. Muchas de las víctimas son jóvenes, cuyas vidas nada representaron en una nación con pocas oportunidades, enormes carencias, y administraciones públicas inmóviles por la corrupción y la .

En este escenario, no debería sorprendernos que la oferta diaria que ha hecho la delincuencia para que muchas y muchos de estos mexicanos entre los 16 y los 23 años ingresen a sus organizaciones, sea más atractiva que la de los anuncios afuera de las fábricas, los avisos de ocasión en los periódicos o los sitios de internet para buscar empleo.

Del exhaustivo diagnóstico que se ha hecho sobre la situación de la seguridad en , queda claro que las y los jóvenes son la primera línea de reclutamiento del crimen organizado (que es todo) y no el ejército de reserva con el que nutren sus filas.

También las y los jóvenes son las principales víctimas del delito, porque son un segmento de la población altamente vulnerable, que depende del esfuerzo de madres, padres y tutores y que no son visibles para una sociedad que los percibe ajenos, demasiado conectados con la tecnología y poco comprometidos con su entorno. Lo que es absolutamente falso.

Sin duda existen cambios generacionales influidos por muchos factores económicos, sociales y tecnológicos que distinguen a quienes nacieron con décadas de diferencia; no obstante, las y los jóvenes mexicanos jamás han sido una parte pasiva o indolente de nuestra sociedad.

La respuesta inmediata a las catástrofes naturales, la organización por causas civiles legítimas, las protestas fundamentadas en la justicia y los derechos, han nacido precisamente de esa juventud que, por su misma naturaleza, cree que puede cambiar sus condiciones y mejorarlas.

Sin embargo, miles de ellas y de ellos se han quedado atrapados entre el deterioro económico y moral de una nación que no les ha puesto suficiente atención. Tristemente, quienes sí lo hicieron, y lo hacen, son sus mismos verdugos que ofrecen salarios de 6 mil pesos de arranque por “halconear”, con la promesa de un ascenso a los seis meses que ya incluye un vehículo, un arma de fuego, “mercancía” para vender, y un sueldo de 10 mil pesos al mes, además del espejismo de una carrera criminal de serie de televisión.

Pero pocas veces sucede de esta manera. El crimen organizado es una estructura piramidal, controlada por un grupo reducido que concentra la mayor parte de las ganancias y una amplia base que apenas sobrevive. Cualquier parecido con empresas legales que pagan mal y no ofrecen ninguna prestación, no es mera coincidencia.

De esta manera, quienes tienen la posibilidad de empujar al país hacia el desarrollo se juntan con las y los adultos que hicieron su parte para formarlos y educarlos, sin mucho éxito. Son dos polos que giran en un círculo de violencia que ha deteriorado a toda nuestra sociedad.

Y ante estas tragedias, quienes se quedan aquí, sus familiares, hacen lo imposible por encontrar algún indicio sobre lo que sucedió, un retazo de esperanza de que estén vivos o el consuelo de encontrar restos que permitan dar una última despedida.

¿Quién atenderá en lo sicológico, en lo emocional, a estos cientos de familias de desaparecidos? Queda claro que, en lo jurídico y en lo judicial, la responsabilidad es del gobierno de la República, pero es tarea de la sociedad civil legítima ayudar a que este universo de mexicanas y mexicanos regresen a una vida digna, en paz, la misma que les fue arrebatada por el horror de la violencia.

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