Este pasado jueves 10 de setiembre el Presidente de la República Luis Guillermo Solís firmó un Decreto que busca que el Estado cumpla la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se le ordenó a Costa Rica reestablecer la FIV, ya que ante el estancamiento en la Asamblea Legislativa de los proyectos de ley que pretendían regular este procedimiento, el Primer Mandatario se vio obligado a firmar el Decreto Ejecutivo número 32910-MP, delegando al Ministerio de Salud la potestad de reglamentar en el plazo de seis meses la fecundación in vitro, no solo en el sector privado, sino también para la Caja Costarricense de Seguro Social.
En consecuencia, las clínicas privadas podrán poner en práctica la técnica hasta dentro de seis meses y en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, dos años como plazo para facilitar la opción de la FIV dentro del sistema de salud público.
Asimismo, el mencionado Decreto establece que cada mujer que se someta al tratamiento no podrá recibir más de dos óvulos fecundados por ciclo reproductivo. Sin embargo no está claro lo que sucederá con los demás óvulos, pues en el documento no existe referencia a un límite para la fecundación y solo se señala que se debe fecundar el menor número posible de óvulos.
Con la decisión del Presidente Solís, Costa Rica dejó de ser el único país en el Continente que impedía la realización de fecundaciones in vitro, ya que la prohibición establecida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema en el año 2000 fue objetada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por varias parejas afectadas que ganaron el proceso en el 2012.
Mientras tanto en la Asamblea Legislativa se mantienen fuertes discusiones sobre el tema, ya que las bancadas evangélicas y afines a la Iglesia Católica han anunciado públicamente su oposición al Decreto y presentarán nuevos recursos en su contra ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, le solicitó recursos al Gobierno para poder ofrecer a los asegurados la técnica de fecundación in vitro; la Presidenta Ejecutiva de la Caja, Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, adujo que es necesario que el poder ejecutivo garantice los fondos necesarios.
Además la CCSS expuso que la mejor forma de regular la aplicación de la técnica no era por Decreto, como lo hizo el Presidente Solís, sino por ley, ya que ellos no están en contra de la aplicación de la FIV desde un criterio técnico-médico, siempre y cuando se regule adecuadamente.
En consecuencia, es previsible que este tema tenga muchos episodios futuros, pues la paradoja es que los defensores de la vida, se oponen a que las parejas con problemas para tener hijos, puedan generar vida gracias a la FIV.
San José de Costa Rica. (Especial para el Diario Judío.com de México)
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