Diario Judío México -

Hace poco más de diez días el PRI y el PVEM presentaron en la Cámara de Diputados una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que entre otras cosas, se aumentan las facultades de la Secretaría de Gobernación incluyendo las relativas a la seguridad interior y se desaparece a la Secretaría de Seguridad Pública.

También se propone sectorizar en la Secretaría de Desarrollo Social diversos organismos responsables de promover los derechos de grupos importantes de la población como son el Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNI), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El INAPAM relacionado con los adultos mayores, ya está en SEDESOL

Tres comentarios me interesa formular respecto de esta propuesta y del curso de su negociación en el Congreso, pues aún no ha sido aprobada.

Si bien la propuesta incluye aspectos muy urgentes de recuperar, el PRI tiene doce años fuera del Gobierno Federal. Por mi experiencia en la administración pública es mejor entrar primero a las entrañas del gran aparato del gobierno y hacer una evaluación del estado real en que lo dejan las administraciones panistas y a partir de ello, proponer e iniciar los cambios. No fue esta la opción de Peña Nieto y entra impulsando modificaciones sustantivas a varias áreas del gobierno federal.

Una de las que más preocupan son los amplios poderes que le asigna a la Secretaría de Gobernación. Yo por lo pronto encuentro una enorme inconsistencia entre dos ámbitos que se le encargan, el relacionado con la promoción y defensa de los derechos humanos dentro de la administración pública federal con respecto al de seguridad interior.

En la fracción XI del Artículo 27 del Dictamen aprobado por la Cámara de Diputado, la SEGOB deberá “Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, coordinar trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones que emitan los órganos competentes en dicha materia….” Por su parte las facultades que se le otorgan en el manejo de la seguridad interior, incluyen dirigir la policía federal, administrar el servicio para la atención a las víctimas del delito, administrar el sistema penitenciario federal y el tratamiento de menores infractores, establecer y operar un sistema de investigación e información, etc.

Es decir, en una misma secretaría recae la responsabilidad de proteger y defender los derechos humanos junto con responsabilidades donde es frecuente que se violen estos, como son entre otros los casos de desapariciones forzadas, tortura, detención arbitraria, violación de datos personales, ausencia de debido proceso. ¿Realmente están presuponiendo que con el cambio de administración ya no se van a dar violaciones a los derechos humanos por parte de la policía federal y en los reclusorios y ya no van a existir víctimas “colaterales” y sólo habrá víctimas del delito?

Otro comentario refiere a trasladar a la SEDESOL responsabilidades de proteger los derechos de los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las relacionadas con prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y la discriminación. El movimiento amplio de mujeres reaccionó de inmediato, al igual que el indígena y echaron para atrás la propuesta de incluir al INMUJERES y a la CNI en SEDESOL. Actualmente la comunidad LGTTTBI está cabildeando en el senado para que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se mantenga bajo SEGOB.

Desde mi perspectiva este rechazo a SEDESOL se relaciona con una muy desafortunada idea alentada por los gobiernos neoliberales de que el desarrollo social significa programas asistenciales dirigidos a las poblaciones pobres y más vulnerables y que por lo tanto, al pasar a esa secretaría todos los grupos mencionados serían tratados como beneficiarios de programas “asistencialistas” cuando lo que se busca es su reconocimiento como personas dignas, titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Ni siquiera es un tema de inclusión como se plantea en la iniciativa de reforma, porque ello presupone la existencia de una sociedad o de un modelo de desarrollo al que se desea ser incorporado, sino más bien a la construcción participativa de una sociedad para todos y todas con igualdad, justicia, sin discriminación, ni violencia.

Esperemos que la SEDESOL asuma un enfoque de promoción, protección, respeto y garantía de los derechos sociales universales y no sólo continúe regulando a las poblaciones en pobreza mediante transferencias de ingresos y desarrollando sus capacidades para que se incorporen a una economía que no les ofrece empleos, ni retribuciones dignas.

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Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).