En febrero próximo se cumple una década del estallido de las protestas que en Egipto desembocaron en el derrocamiento del régimen del presidente Hosni Mubārak, quien se había perpetuado en el poder desde que lo asumió en 1981, tras el asesinato a manos de la Hermandad Musulmana de su antecesor Anwar al-Sadat. La caída de Mubārak se registró en aquel entonces como parte de la llamada Primavera Árabe, de la que se esperaba una oleada de procesos democratizadores que cubriera a naciones árabes del Medio Oriente caracterizadas por sus regímenes autoritarios.
Hoy se acepta que esas expectativas no se cumplieron más que de manera limitada en Túnez, mientras que en el caso egipcio, tras una década de convulsiones sociales, protestas populares, represiones y violencia, el poder está de nuevo bajo control del ejército, con las riendas de la presidencia en manos del general Abdelfatah al-Sisi. Éste ascendió al poder en 2014 mediante un golpe de Estado que derrocó a Mohamed Morsi, miembro de la Hermandad Musulmana, organización islamista hoy proscrita.
Hasta el momento, el resultado de ese proceso que se ha llevado una década ha sido descorazonador, en la medida en que el país regresó a vivir bajo un régimen que en muy poco se diferencia del experimentado a lo largo de los 30 años en que gobernó Mubārak. Los avances tecnológicos y la aparición de las redes sociales han impreso ciertos cambios, desde luego, ya que, por ejemplo, las batallas ciudadanas por la igualdad de género constituyen una refrescante novedad aunque, por otra parte, se repite la misma censura y la misma persecución de quienes se atreven a disentir de las políticas gubernamentales.
Es así que se ha registrado una cruenta represión de todas las formas de disidencia política, encarcelándose a sospechosos de militancia islamista, activistas políticos liberales, defensores de derechos humanos, periodistas, e incluso a un candidato de oposición que compitió por la presidencia en las elecciones de 2018, las que al-Sisi ganó con un 97 por ciento de los votos según el conteo oficial.
Actualmente, con la pandemia del covid-19 en curso, se ha desatado la preocupación internacional por el destino de los miles de presos políticos que se encuentran hacinados en las cárceles egipcias, ya que además de lo arbitrario e injusto de su detención, hoy viven la amenaza de un muy probable contagio.
La crítica a las políticas represivas de al-Sisi provinieron esta semana de tres diferentes instancias. La primera fue el cuerpo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el cual llamó el domingo pasado al gobierno egipcio a liberar a numerosos detenidos a raíz de su participación en protestas populares pacíficas.
Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que una gran cantidad de los arrestados lo había sido sólo por ejercer sus derechos legítimos o por brindar asistencia legal a quienes habían sido detenidos.
En segundo término, 56 miembros del Congreso en Washington urgieron a la puesta en libertad de numerosos activistas políticos y sociales, lo mismo que abogados y periodistas. En tercer lugar, 222 parlamentarios de siete países de la Unión Europea, entre los que destacan los de Francia, Italia, Alemania y los Países Bajos, enviaron una carta al presidente egipcio, conminándolo a liberar a los prisioneros de conciencia.
En Egipto se practica la prisión preventiva oficiosa como un medio para detener a activistas indefinidamente y sin juicio a la vista, lo cual fue señalado por los críticos como una clara violación a los derechos humanos.
Hoy y mañana se celebran en el país del Nilo elecciones para diputados. Cerca de 61 millones de ciudadanos están registrados para votar y elegir a quienes ocuparán las 596 curules de la cámara.
De tal forma que no es casual que en este momento hayan aparecido las protestas internacionales por las tácticas represivas de al-Sisi, pues la coyuntura se presta a que el presidente egipcio intente operar, como de costumbre, para mantener su férreo control del poder. En los próximos días veremos si las condenas llegadas del exterior fueron capaces de poner límites al autoritarismo y las maniobras sucias del gobierno de al-Sisi.
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