El escurridizo Hank

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Por un momento imagínese usted que es el Presidente. Recibe una llamada del secretario de la Defensa. El general le informa que hace unas horas el Ejército recibió una denuncia ciudadana anónima para acudir a un hotel en Tijuana donde presuntamente había personas armadas. Esos individuos les indicaron a los soldados que en una casa cercana había un arsenal. La patrulla militar se dirigió a ese domicilio donde vieron a más gente armada. Procedieron a seguirlos hacia el interior de la casa que resultó pertenecer a Jorge Hank Rhon, prominente empresario de la región, ex presidente municipal, ex candidato a gobernador e hijo de uno de los políticos priistas más legendarios, el profesor Carlos Hank González.

El general le informa que dentro del domicilio encontraron 88 armas de uso exclusivo del Ejército que, al parecer, carecen de permiso de portación. El dueño de la casa se encuentra detenido. El secretario pregunta: Señor Presidente, ¿cómo procedemos? Si usted fuera el jefe del Ejecutivo, ¿qué hubiera contestado?

Piénselo. Suponga, por un momento, que la versión del Ejército es verdadera, es decir, que la detención de Jorge Hank fue un acto de chiripa. Que una denuncia ciudadana derivó en la detención de individuos armados que revelaron el lugar donde había más armas, lo cual llevó a los militares a una persecución y a entrar, sin orden de cateo, en flagrancia, al domicilio de Hank donde encontraron armamento reservado para las Fuerzas Armadas. Usted, es decir, el Presidente, no sabía de este operativo. Vamos a suponer, insisto, que fuera cierto. ¿Qué decidiría?


Lo que al parecer hizo el gobierno fue trasladar el caso a la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público Federal arrestó al dueño de la casa y sus escoltas. Lo trasladaron a la capital, lo interrogaron, integraron un expediente y consignaron a Hank ante un juez por el delito de posesión de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas. Al pie de la letra se respetó el derecho del inculpado a un debido proceso judicial. Ayer, el juez liberó a Hank. Al parecer la representación social no probó el delito que el gobierno le estaba imputando.

En esta versión del chiripazo, el gobierno habría actuado de manera civilizada. Habría respetado el proceso judicial. No habría politizado la justicia. De esta forma, nos habríamos equivocado todos los que rápidamente especulamos que la detención de Hank había sido una maniobra política del gobierno panista para recordarle al electorado el tipo de políticos turbios con los que está relacionado el PRI. Nos habría ganado el sospechosismo. En lugar de ver un chiripazo, vimos un gato encerrado. Aunque no estoy del todo convencido, empiezo a sospechar que a lo mejor fue así. No lo sé. Pero el problema es que muy pocos mexicanos van a creer que esto fue lo que realmente ocurrió.

Por el contrario, muchos van a pensar que el gobierno planeó pésimamente el arresto de Hank por un solo delito, sin una orden de cateo y dejando en manos del defendido los videos de la casa. En otras palabras, otro caso más de ineptitud gubernamental como ocurrió con el michoacanazo donde los políticos involucrados salieron libres. Otros, todavía más mal pensados, van a creer que el PAN se arregló con el PRI; que la justicia se negoció porque así siempre actúa la mafia que controla el país, etcétera, etcétera.

Piense usted lo que quiera, lo cierto es que el caso Hank creo que podría convertirse en un desastre para la imagen del gobierno de Calderón. Esto a lo mejor explica por qué el gobierno de Baja California, que también es panista, inmediatamente después que el juez federal liberó a Hank, lo volvió a arrestar para investigarlo por un par de homicidios que presuntamente se cometieron con las armas encontradas en su domicilio. El empresario-político de Tijuana ya fue arraigado y posteriormente liberado de nuevo. A ver si ahora le pueden probar algo. O si sólo se trata de otro intento de los gobiernos panistas de pescar con caña a un escurridizo pez gordo del PRI.

Fuente: Excélsior

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