El Estado Mexicano frente a los riesgos sanitarios

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El 1 de marzo Miguel Angel Toscano dejó de ser el titular de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, cuya misión es proteger a la población contra riesgos sanitarios.

La importancia de esta Comisión en la vida de los habitantes del país y en la protección de su salud es fundamental. Cubre las funciones de la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA de Estados Unidos, e incluso tiene un mandato más amplio que ésta, pero lamentablemente mucho menos recursos y fuerza para imponerse a los grandes intereses económicos de las empresas y establecimientos a los que debe regular.

Para tener una idea del tamaño de sus responsabilidades mencionaré que le corresponde regular y controlar los riesgos sanitarios entre otros, de los medicamentos, los equipos e insumos médicos, incluyendo sangre, y también de todos los servicios de salud: hospitales, consultorios, laboratorios de análisis clínicos; así como de los alimentos, bebidas, tabaco, productos y servicios de perfumería y belleza; plaguicidas y fertilizantes; igualmente, los riesgos derivados de factores ambientales como aire, agua y suelo y el saneamiento básico, como la calidad del agua que llega a nuestras casas, las condiciones sanitarias de los mercados y de los rastros e incluso, la exposición a riesgos sanitarios de los trabajadores en sus lugares de trabajo.


Es decir, la COFEPRIS ejerce una función central de las obligaciones del Estado Mexicano en materia del derecho al más alto nivel posible de salud física, mental y social, incluido en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que nuestro país forma parte. Esta obligación refiere a la protección que debe otorgarnos a todos y todas de acciones cometidas por terceros que vulneren nuestros derechos.

Se trata de protegernos de aquellos que producen, importan, comercializan, y proporcionan una enorme cantidad de bienes y servicios que usamos, comemos, bebemos y respiramos todos los días. Ello para evitar que nos dañen, que afecten nuestra integridad, nos pongan en creciente peligro o nos maten aunque sea lentamente, como el tabaco o los químicos utilizados para engordar el ganado o reducir las enfermedades de los pollos. Y para complicarlo aún más y ante el crecimiento del mercado global, ya no se trata sólo protegernos de los productores nacionales, sino incluso de aquellos de otros países cuyos estándares de protección frente a los riesgos sanitarios, seguramente son aún más laxos que los nuestros, como los son China y la India, o de aquellos que manejan estándares dobles, unos para sus consumidores internos y otros para sus productos de exportación.

Al final, la COFEPRIS ejerce una gran función de protección de los consumidores frente a los intereses de lucro de las empresas tabacaleras, farmacéuticas, químicas y agroquímicas y de las poderosas industrias de alimentos y bebidas y de cosméticos. Una batalla parcialmente perdida por los ciudadanos frente a esos poderes reales la acabamos de vivir en torno al control de la venta de productos chatarra en las escuelas. La trascendencia de un buen y honesto funcionamiento de la Comisión tiene que ver con nuestra calidad de vida.

El aumento de las alergias, de la obesidad, del cáncer y de las enfermedades autoinmunes tiene mucha relación con el desarrollo constante de nuevos productos y sustancias creadas por el ser humano que no son probadas por tiempo suficiente, en sus efectos colaterales.

También le toca a la Comisión la regulación sanitaria de la publicidad. Al parecer fue al enfrentarse a los verdaderos dueños de nuestro país, los poderosos consorcios televisivos, que Miguel Angel Toscano tuvo que abandonar una función de defensa de los intereses de los ciudadanos que parecía estar llevando a cabo con valor y conocimiento.

Todo parece indicar que su intento por regular y controlar a los llamados productos milagro y su publicidad, que deja enormes ganancias a las empresas televisoras, fue su talón de Aquiles.

No conozco personalmente a Miguel Angel Toscano, lo vi en una entrevista transmitida el lunes 28 de febrero que fue gravada el 17 de febrero por Ricardo Raphael para el Canal 11. Me pareció un funcionario inteligente, consciente de sus responsabilidades y enterado de sus temas. Una excepción en el páramo de mediocridad burocrática que padecemos. No parecía ser alguien que estaba por renunciar en un plazo perentorio. Se mostraba seguro de poder cumplir su cometido de actualizar el Reglamento de publicidad y de poder enfrentar los graves riesgos para la salud que produce el enorme engaño que está detrás de la producción y promoción de esos productos que lo curan todo y que transforman a las mujeres en Miss Universo y a los hombres en Casanovas.

A los pobres consumidores no nos queda más que rescatar su recomendación de que consultemos la página de la COFEPRIS donde está la lista de los productos milagros y sus efectos adversos.

A la Secretaría de Salud y al Congreso les deja la obligación de continuar los procesos que él inició en materia del Reglamento de Publicidad y de control de los productos milagro. Con lo que pase en estas dos materias en el futuro próximo, podremos corroborar si se fue o lo fueron las fuerzas del mercado.

Maru y José Luis hasta dentro de quince días.

Acerca de Clara Jusidman

Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

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