El pasado martes 15 se anunció con bombo y platillo la creación de la Comisión Especial Encargada de Investigar las Denuncias Ciudadanas contenidas en el libro Camisas azules, manos negras, relativo a presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex).[1]
La comisión tendrá como materia de trabajo lo publicado en el libro Camisas azules, manos negras de Ana Lilia Pérez (Grijalbo), particularmente en el contrato de despachos jurídicos por montos superiores a 100,000 millones de dólares para trabajos que correspondan a funcionarios propios de la paraestatal.
También verificará la contratación de coadyuvancias en litigios con despachos privados hasta por 31 millones de pesos; la firma de convenios inexplicables con empresas que enfrentaban controversias judiciales y extrajudiciales con Pemex; y aplazamientos injustificados en la entrega de obras pactadas con empresas a las que se servía sin aplicar penalizaciones.
Asimismo, se encargará de investigar el delito de prevaricato, así como la pérdida de forma deliberada de juicios en perjuicio de Pemex y en beneficio de particulares, presuntamente socios. Finalmente investigará la forma de contratos por más de 4,000 millones de dólares, violatorios del artículo 27 de la Constitución Política.
Las acusaciones en el libro de Ana Lila Pérez se centran en el hoy diputado César Nava, cuando fue Director Jurídico de Pemex (2004-2005). Sin embargo y aunque la formación de la comisión genere grandes expectativas, se recomienda precaución a aquellos que ya fantasean con ver al Dip. César Nava tras las rejas con traje de presidiario y barba de tres días: existe un alto riesgo de que el tema se congele y nunca prospere, tal y como nos tienen acostumbrados nuestros legisladores.
Las atribuciones del Congreso en materia de investigación
En primer lugar llama la atención que esta comisión tenga el carácter de especial y no de investigación. Las primeras se convocan para tratar un tema, no tienen facultad de dictaminar iniciativas y se desintegran una vez cumplido el objetivo por el cual fueron creadas. Por lo general se encargan de analizar un asunto que podría ser objeto de regulación.
Al contrario, las comisiones de investigación son órganos legislativos de carácter temporal, instados e integrados preferentemente por los distintos grupos minoritarios (de oposición), con facultades excepcionales que pueden vincular a terceros ajenos a la actividad parlamentaria, por medio de los cuales la asamblea ejerce el control del gobierno respecto de temas de interés público. Sus resultados no son vinculatorios aunque se publican; poniendo así a poner en funcionamiento los procedimientos de responsabilidad política difusa y a fortalecer al Estado democrático.
En México las comisiones de investigación se crearon como parte de la reforma política de 1977. De esa forma se otorgó al Congreso facultades extraordinarias de supervisión, como parte de aquel espíritu de estimular la “voz de las minorías”. De esa forma, el tercer párrafo del artículo 93 constitucional establece que una cuarta parte de los diputados estaría facultada a formar comisiones para investigar la operación de las empresas públicas y de los organismos descentralizados del sector para estatal. Sí, como lo es Pemex.
Al momento de la reforma constitucional el sector paraestatal se encontraba en auge. En 1977 había 899 entidades y para 1982 eran 1155. Sin embargo su contracción durante los años ochenta y noventa a poco más de 200 ha disminuido su importancia relativa. Por ello el debate sobre la reforma a las comisiones de investigación apunta a la ampliación del objeto de fiscalización, para que puedan abordar cualquier asunto de interés público.
Por otra parte la autoridad formal y constitucional otorgada al Congreso en 1977 no ha sido aprovechada en la práctica debido a controversias jurídicas y políticas. El texto del artículo 93 dice: “Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados […] tiene la facultad de integrar comisiones para investigar…” Sin embargo no se aclara la extensión o el significado de la “facultad de integrar comisiones”. Esto es, por una parte existe el argumento de que una minoría tiene el derecho de integrar comisiones de investigación con o sin el apoyo del resto de la Cámara. Al contrario, existe el argumento de que una minoría puede tener el derecho de solicitar la formación de tales comisiones, pero que la aprobación final depende de la mayoría de la Cámara, de acuerdo con el principio de mayoría que guía la labor parlamentaria en México.
Si se considera que una comisión especial requiere también de la aprobación de la mayoría del Pleno, sigue sin quedar claro por qué no se creó una de investigación.
¿Qué tan eficaz es el Congreso al ejercer sus facultades de vigilancia?
La dificultad para crear una comisión de investigación podría llevar a inferir que son mecanismos eficaces de vigilancia. Sin embargo la evidencia muestra lo contrario. En julio de 2009 el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) llevó a cabo una evaluación al desempeño del Congreso de la Unión durante la LX Legislatura (2006-2009).[2]
Al revisarse las cinco comisiones de investigación que se formaron en la Cámara de Diputados, buena parte fue creada con un fundamento legal erróneo (por ejemplo investigar las fortunas de los hijos de Martha Sahagún, que no tiene que ver con los supuestos del artículo 93 constitucional) o los acuerdos que las formaron tenían errores tipográficos. Por si fuera poco, ninguna emitió un informe final y tampoco existen registros de sus reuniones en la página de la Cámara de Diputados (www.diputados.gob.mx).
Sin embargo…
Dejemos a un lado las suspicacias y pensemos bien: nuestros diputados están interesados por lo que se conoce por el “bien común” (sea lo que ello signifique). Imaginemos que la Comisión trabaja normalmente, sin interferencias, filtraciones o boicots de uno de sus integrantes (adivinaron: Gerardo Fernández Noroña) y, tras un severo e imparcial periodo de análisis determinan que en efecto el Dip. Nava es responsable de todos los delitos descritos en el libro de Ana Lilia Pérez.
Aun así faltaría un buen trecho para que el ex presidente del CEN del PAN pise un reclusorio. Faltaría que la PGR decidiera tomar ese expediente y presentar una denuncia ante el Presidente de la Mesa Directiva. A partir de ahí se iniciaría el juicio de procedencia y podría tomar bastante tiempo – incluso más allá de las elecciones de 2012.[3]
Y algo más: nadie nos ha dicho si las responsabilidades que pudieran derivar han prescrito o no.
En breve, es altamente probable que todo este sainete que están armando los diputados sólo sea parte del golpeteo político previo a las elecciones presidenciales de 2012. ¿Les indigna? No se preocupen, a ellos no les importa: en agosto se van a otro puesto sin consultarles.
[1] Se puede conocer la conformación y currícula de sus integrantes aquí: http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/integrantes_de_comisionlxi.php?comt=223
[2] http://www.ceey.org.mx/site/files/EvPoderLegislativo.pdf
[3] Se habló sobre este tema en: http://www.gurupolitico.com/2010/09/el-michoacanito-y-su-fuerote-fernando.html
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