El próximo 4 de febrero, Costa Rica elegirá a su nuevo Presidente y Parlamento, aunque la contienda electoral se vislumbra muy sombría para este país, debido a que la ciudadanía no solo se encuentra desencantada con la labor de su actual Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y el Partido Acción Ciudadana, sino también del bipartidismo de viejo cuño que aunque en las pasadas elecciones fue roto mediante el llamado “voto castigo” frente a la Social Democracia, representada por Liberación Nacional, dejó un mal escenario político para todos aquellos que exigían un cambio, pero real, dentro de la democracia costarricense.
Ya que las promesas de campaña duraron poco y los 4 años de gobierno fueron más de lo mismo, sin una propuesta real en donde se excluyera a los políticos de siempre de la llamada cultura de corrupción que afronta éste país, desde hace décadas. Porque en los últimos meses, han sido cuestionados varios Diputados y Magistrados que incluso insinúan una posible participación del Presidente de la República en el famoso caso llamado “cementazo”, en cuanto al tráfico de influencias desde Casa Presidencial a favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, el cual actualmente se encuentra en prisión.
Haciendo evidente que la corrupción en Centroamérica no tiene fronteras y donde el descontento de la gente se muestra en un sector importante de la población costarricense que ronda entre el (45% y 47%) de indecisos para las próximas elecciones presidenciales. Con ciudadanos que no se encuentran identificados con ningún sector político ni candidato presidencial. Sin propuestas de campaña que contengan una salida coherente para enfrentar la ola de corrupción que está atacando a esta Nación, donde la crisis político-social y económica, está más allá de la democracia participativa que tanto se profesa por lo menos hacia el exterior del país.
Además, para nadie es un secreto que el punto más vulnerable de Costa Rica en este momento ha sido su Poder Judicial, el cual no solo se ha visto cuestionado, sino también implicado en diversos actos de corrupción, que incluso han puesto en tela de juicio mucho del actuar de ésta legislatura de Gobierno. Debido a que la corrupción es tal, que ha permeado a todas las esferas de la sociedad, e incluso, a gran parte de la ciudadanía que al no encontrar soluciones prontas y cumplidas, se suma a una serie de actos de corrupción sin más.
Lo que explica el actual clima preelectoral, en el que un abogado penalista llamado Juan Diego Castro, exministro de seguridad en el gobierno del expresidente José María Figueres Olsen, es quien pretende dar un nuevo rumbo a este país, apartándose de la línea de partido que lo vio nacer; olvidando que se hizo famoso en los años noventa por defender en un principio, al primer precandidato y posterior presidente de la república que fue sentado en un juzgado y acusado de diversos delitos durante su precampaña.
Así que ahora se encuentra denunciando todo lo que puede hacer público, en la mayor guerra de difamaciones en la historia de Costa Rica, sin aportar nada nuevo al debate político nacional, más que prometer cárcel para todo aquel que infrinja la ley, pero la del más fuerte. Ya que el Partido Liberación Nacional es la estructura político-social, más consolidada en las últimas cuatro décadas de la historia de Costa Rica y por ende, de su social democracia…
(Especial para el Diario Judío.com de México.)
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