Para nadie constituyó una sorpresa los resultados de las pasadas elecciones intermedias en las que predominó el abstencionismo y menor proporción la anulación del voto por los electores en el momento de sufragar, el denominado voto blanco que ya se ha convertido en una práctica internacional. En este ámbito, preocupa la indiferencia de la sociedad en la política; “la cultura política de los mexicanos es rudimentaria y su reacción más fuerte es dejar de votar”. Con una representatividad reducida, los candidatos elegidos al constituirse en poder legislativo toman decisiones a favor de intereses partidaristas y/o personales y frecuentemente en contra del interés general. El abstencionismo o la anulación de voto refuerzan el poder de los partidos dominantes.
Los políticos conocedores de su descrédito frente a la ciudadanía, poco les importa que los candidatos triunfen con el apoyo de una minoría, únicamente visualizan tener poder y un “buen hueso”. En este sentido, el descrédito también abarca al Instituto Federal Electoral (IFE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La falta de credibilidad en el sistema electoral provoca la pérdida de esperanza de cambio; las viejas inercias se resisten a éste último e imponen sus expresiones autoritarias en beneficio de los poderes fácticos.
El IFE en su afán de vigilar que los procesos comiciales sean equitativos ha sobreprotegido a los partidos y a los políticos y también ha permitido que sus Consejeros se conviertan en instrumentos de ambos, igualmente ha caído en el extremo de la censura.
El hartazgo de la población por la política y “sus oficiantes” ha propiciado el surgimiento de iluminados de la retórica populista que desestabilizan a la sociedad y entorpecen el proceso de democratización, que con imperfecciones, se ha iniciado en el país. En un entorno de debilidad política, los políticos carecen de principios o convicciones, empero, si tienen ambición y “sed de poder”, su actitud es de intolerancia frente a sus adversarios y empiezan a utilizar el garrote, incluso en contra de sus correligionarios, si eso conviene a sus aspiraciones.
Destaca que el proceso electoral no se vio impulsado por la nueva Ley en la materia, por el contrario, ésta ha tenido marcadas deficiencias; así por ejemplo, la gran cantidad de “spots” que se otorgaron a los partidos y los mensajes originados por parte del IFE y en una amplia gama de instituciones y asociaciones para promover el voto, derivó en un bombardeo que confundió a la población. A pesar de que la Internet ha abierto las puertas a nuevas expresiones políticas y empieza a ser un medio para abaratar las actividades de los partidos, la falta de reglamentación en su empleo ha provocado una guerra de descalificaciones entre los mismos; lo cierto es que la difamación no resuelve los problemas económicos, políticos y sociales de México. Así mismo, la Internet limitó el contacto directo de los candidatos con los electores; en las pasadas campañas los primeros apostaron mas a la publicidad y a la mercadotecnia para promover sus propuestas, mismas que a todas luces estuvieron desprovistas de las consideraciones que preocupan al electorado. Los partidos sin cohesión y visión no respetaron las reglas mínimas de convivencia y se dedicaron a golpear y a denostar a sus adversarios, en vez de confrontar ideas para que el universo de casi 78 millones de electores registrados tuviera alternativas políticas claras.
Por otra parte, la nueva Ley electoral sigue prohibiendo que los ciudadanos puedan competir sin estar afiliados a un partido determinado; así, los partidos tienen el monopolio de manejar las elecciones, además de los recursos que les proporciona el Estado para las mismas y para el desempeño de sus actividades. No obstante que se ha buscado la transparencia en el uso de los recursos financieros por parte de los partidos, la corrupción sigue predominando en los mismos, incluso existen partidos pequeños que funcionan como negocios particulares; la denominada “chiquillada”, con una aportación limitada en el trabajo legislativo, le costará al Erario alrededor de 1,000 millones de pesos este año.
El escenario de multicrisis que experimenta México: económica, política y sanitaria, no ayudó a fortalecer la votación; por el contrario, ha puesto en riesgo la viabilidad del país. La incertidumbre hacia el futuro ha aumentado por la crisis de credibilidad que experimenta el país debido a la impunidad, corrupción e inseguridad prevalecientes. “El PRI se fue de los Pinos, pero no se desmantelo el entramado de corrupción y la cultura totalitaria en que basó su poder”; “se mantiene la red de corrupción: paraestatales, empresariales, carteles de la droga (agigantados), que cada partido aspira a dominar y explotar en su beneficio.
En tanto no cesen las pugnas entre los partidos y al interior de estos y no se respeten las reglas mínimas de convivencia, estos no podrán conciliar la visión de largo plazo para que México supere el marasmo en que vive. Resulta imperativo que las fuerzas políticas convoquen a un pacto nacional, no sólo para superar la difícil coyuntura de la nación, sino para fijar los lineamientos básicos y las acciones necesarias para el modelo de desarrollo que queremos los mexicanos para el largo plazo.
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