¿Es posible el borrón y cuenta nueva?

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Retorna el PRI a la presidencia de la República con un presidente electo que por su desempeño previo como gobernador del Estado de México no parecería ser el hombre de estado que México está requiriendo ante la catástrofe humana que vivimos.

A pesar de las diversas voces provenientes básicamente de las élites de las iglesias, de la sociedad civil y del empresariado que llaman a la población y a los políticos a acatar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, varios pensamos que se trata de un llamado a un borrón y cuenta nueva en un asunto de la mayor trascendencia para el país en el que han quedado amplios espacios de obscuridad sobre la legitimidad del reciente proceso electoral.


Nuevamente como en ocasiones anteriores, observamos deficiencias en la legislación en este caso para dotar a las instituciones electorales de suficientes herramientas y tiempos para realizar una investigación profunda sobre el flujo de recursos ilegales para las campañas de los candidatos, así como para clarificar las acciones ilegales a fin de inducir o disuadir el voto en favor de uno u otro candidato o para sancionar con suficiente contundencia la comisión de delitos electorales como para impedir la práctica de los mismos.

Los resultados del proceso electoral muestran las grandes diferencias y deficiencias en la fortaleza institucional y en la cobertura territorial efectiva de los partidos políticos que incluso se vieron en la necesidad de pagarle a representantes en las casillas pues su militancia no les alcanza para realizar esa importante tarea, o cuyos abogados no cuenta con la experiencia y la destreza requeridas como para armar buenos expedientes de impugnación y reunir pruebas adecuadas. Hay indicios de que nuevamente el PRI puso en práctica a través de sus gobernadores el enorme conocimiento acumulado sobre ingeniería electoral para influir en las elecciones sin que ello se manifieste como una operación de fraude generalizado.

Volvimos a ser testigos de la intervención de los grupos de poder económico para preservar sus intereses generando hostilidad hacia la posibilidad del triunfo del candidato de los partidos de izquierda, obstaculizando el ejercicio libre e informado del voto o presionando a las autoridades electorales para recuperar sus privilegios.

A pesar de los buenos resultados obtenidos en términos de la organización de las elecciones, nos quedamos con dudas sobre la calidad, acuciosidad e imparcialidad de las cúpulas de las instituciones electorales donde la participación de personas cuya historia previa, compromisos adquiridos o perfil personal no justificaría su presencia como parte de los árbitros del proceso. Su evidente prisa por concluir su actuación y declarar válida la elección no se compadeció con la amplia percepción de que algo muy fuerte fuera de la legalidad, había ocurrido y que no se habían cumplido los preceptos constitucionales de equidad, libertad y transparencia.

Hubo una interesante y elevada participación ciudadana que en poco más del 60 por ciento no votaron a favor del candidato triunfador y de los cuales una proporción amplia no quedó conforme con el proceso. La desilusión con la democracia y los resultados de los gobiernos panistas, una sociedad crecientemente conservadora y el temor a la difusión de la violencia en todo el territorio, contribuyeron al retorno del PRI al gobierno federal.

Aún cuando el registro de observadores electorales fue elevado no se logró una observación organizada, que jugara un papel disuasivo para la comisión de abusos por parte de todos los partidos políticos. Esta observación debería cubrir todo el proceso e iniciarse al menos, en octubre del año previo al día de las elecciones.

En fin muy diversos actores, incluyendo a las empresas encuestadoras y a los omnipresentes medios de comunicación, generaron una serie de intervenciones interesadas, que sabemos tuvieron un papel en los resultados, pero que son difíciles de probar en plazos tan cortos como para armar un expediente que justificara la anulación de la elección.

Todos los partidos y todos los candidatos, junto con los grupos de interés contribuyeron a generar una elección opaca, que nuevamente deja una secuela de dudas y un conflicto abierto en la vida política del país.

Acerca de Clara Jusidman

Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

1 comentario en «¿Es posible el borrón y cuenta nueva?»
  1. no es posible borron y cuenta nueva;es permitir que un grupo siga robando el país y frenando el desarrollo y el progreso, aunque la verdad no podemos hacer nada por que ellos son el crimen organizado.

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