Mientras escribo estas líneas, el Parlamento Europeo debate el Informe de la eurodiputada holandesa del Partido Verde, Judith Sargentini, que acusa a Hungría de graves violaciones de “los valores de libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos” en que se basa la Unión Europea. El Parlamento decidirá si pide al Consejo Europeo la activación del “botón nuclear” del artículo 7.1 del Tratado de la Unión, a saber, un procedimiento sancionatorio que puede llegar hasta la retirada del voto húngaro en el Consejo. Como esa medida extrema requiere la unanimidad del Consejo (art. 7.2), es poco probable que se aplique finalmente. Pues Hungría puede contar al menos con el veto de Polonia… que es, por cierto, el otro país amenazado con la activación del artículo 7. Polonia y Hungría, las dos bestias negras de la UE actual, han establecido, pues, un pacto de defensa mutua.
¿De qué terribles desafueros se acusa a Hungría? Un lector desapasionado del Informe Sargentini concluye que hay ahí mucho sesgo ideológico y muy poco fundamento empírico. Sí, tras ocho años de mayoría absoluta, es probable que el gobierno de FIDESZ arrastre casos de corrupción… pero no más que nuestros Gürtels y EREs. En lo que se refiere a la independencia y transparencia del poder judicial, Hungría puede exhibir unas notas mejores que las nuestras (en España, los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por las Cortes, en abierta violación del art. 122.3 de la Constitución, que establece que sólo deberían nombrar ocho). De hecho, el EU Justice Scoreboard –un organismo de la UE especializado en la medición de la independencia judicial- deja a Hungría en la zona templada, con puntuaciones mejores que las de España o Italia. Por ejemplo, en este gráfico del Informe 2018 del EU Justice Scoreboard puede comprobarse la percepción de la independencia judicial según las empresas: cuanto más alta la columna, mayor la percepción de falta de independenciajudicial; Hungría (HU) está en registros muy dignos:
Algo parecido cabría decir sobre las imputaciones de recortes de la libertad de expresión. En realidad, el espectro mediático húngaro es ideológicamente más plural que el español, y ciertamente no controlado por el gobierno, a juzgar por la dura campaña anti-FIDESZ de varias televisiones y periódicos en las últimas elecciones. Mientras tanto, en España se prohíbe una vez más una conferencia de Alicia Rubio; pero nosotros no tenemos nada que temer.
Resultan especialmente sangrantes las imputaciones de antisemitismo y discriminación racial. Sargentini acusa a Hungría de permitir “violencia que tiene por objeto a los gitanos, así como patrullas y marchas paramilitares en los pueblos habitados por los Roma [gitanos]”; añade que “el antisemitismo es un problema recurrente, que se manifiesta en discursos de odio y casos de violencia contra personas y propiedades judías”. En realidad, fueron los gobiernos socialistas anteriores a Orban los que a veces se inhibieron frente a desmanes de ese tipo. Desde su llegada al poder, el gobierno de Orban se ha caracterizado por una política de tolerancia cero hacia el antisemitismo y la gitanofobia. Por ejemplo, la organización extremista Magyar Garda (Guardia Húngara) fue definitivamente disuelta en 2013. En 2011 se reformó el Código Penal para penalizar la formación de grupos paramilitares, instituyendo el llamado “delito de uniforme” y castigando como “conducta antisocial provocativa” (hasta tres años de cárcel) la instigación al odio contra grupos nacionales, étnicos o religiosos. La importante minoría gitana se ha beneficiado de numerosos programas de inclusión y asistencia social, incluidas viviendas sociales que sustituyan a los carromatos. El partido de Orban fue el primero en situar una gitana húngara en el Parlamento Europeo (Livia Járóka, que ocupa actualmente la vicepresidencia).
En cuanto al “antisemitismo”, Hungría cuenta con la tercera comunidad judía más nutrida de Europa, y sus relaciones con Israel son excelentes. En Julio de 2017, Benjamin Netanyahudeclaró que “Hungría está en la vanguardia de los Estados que se oponen a las políticas anti-judías”. Las visitas de Orban a las sinagogas son frecuentes. Los judíos gozan en Hungría de una gran seguridad. Es en Francia, Bélgica, etc. donde se sienten en peligro. Quienes hayan pasado por Rue des Rosiers en época de manifestaciones pro-palestinas saben a lo que me refiero. Por no hablar de los atentados contra museos, cementerios y escuelas israelitas, o supermercados kosher (el de Amely Coulibaly). ¿Han oído hablar de Ilan Halimi? El joven judío fue secuestrado en 2006 en París por un grupo de norteafricanos, y torturado durante tres semanas, hasta morir. A medida que aumenta la inmigración árabe, se incrementa la emigración de judíos franceses: miles de ellos se han establecido en Israel en los últimos años. Cuando los musulmanes entran, los judíos salen.
Y así nos aproximamos a la clave del asunto. Y es que Viktor Orban se está erigiendo en líder natural del Grupo de Visegrado, y del sector creciente de europeos que no aceptan que el futuro del continente tenga que ser uno de fronteras abiertas y “gran sustitución” de la población nativa por inmigrantes africanos y asiáticos. De ahí las críticas de Orban a Merkel, y de ahí también su firmeza inflexible en el control de las fronteras nacionales, que le ha ganado acusaciones de insolidaridad de las autoridades de Bruselas. Orban, que se reunió hace unos días en Milán con Salvini, ha lanzado el guante de manera muy abierta al eje Macron-Merkel, dando a entender que él representa una nueva concepción de la UE, y que las dos visiones chocarán en las elecciones europeas de 2019.
Es cierto que Hungría, como otros países de Europa oriental, no tienen apenas presión inmigratoria ni población extraeuropea. Precisamente por eso, están todavía a tiempo de plantear las cosas de otra forma, apostando por la revitalización de la natalidad nacional como solución para el invierno demográfico. Ahí es donde el gobierno de Orban ha echado el resto, como explicamos en otro artículo. Y con cierto éxito.
Naturalmente, relanzar la natalidad nacional requiere a su vez fortalecer las familias y proteger la vida. Por ese lado, la agenda de Orban entra en rotunda colisión con el proyecto neomarxista de ideología de género, reivindicaciones LGTB, feminismo radical… Las chispas de ese choque brillan por todo el Informe Sargentini. Por ejemplo, en el epígrafe 39, la diputada ecologista critica a Hungría por defender “una concepción conservadora de la familia, cuya protección es presentada como esencial para la supervivencia nacional”, y que según ella pone en peligro “los derechos políticos, económicos y sociales, y el empoderamiento de las mujeres”.
También se reprocha al ogro magiar (epígrafe 40) que “la prohibición constitucional de la discriminación no incluya explícitamente la orientación sexual y la identidad de género entre las causas de discriminación” prohibidas. Y que la “definición restrictiva de la familia [cultivada por Hungría] pueda dar lugar a discriminación, ya que no incluye determinados tipos de organización familiar, como las parejas del mismo sexo”. La respuesta de Hungría ha sido ejemplar: “El gobierno húngaro rechaza la confrontación artificial entre la promoción de la familia y los derechos de las mujeres. El gobierno húngaro se ha comprometido a garantizar a las mujeres la libertad de elección para tener hijos. Para hacer efectiva dicha libertad, es necesario construir un país pro-familia [a family-friendly country] y establecer las condiciones adecuadas”.
O sea, que cuando en Hungría se habla de “libertad de elección”, se está pensando en un sí a la maternidad y a la vida (y, por tanto, a la conservación de la nación). Justo al contrario que en España, rompeolas de todos los progresismos.
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