Tres circunstancias convergen en este país conduciéndolo a imponer el cierre total – excepto almacenes y farmacias – en los próximos días.
La primera: el rápido ascenso de los afectados por el covid de suerte que los hospitales ya ven cerrada su capacidad para aceptar nuevos casos. Un hecho que se verifica a pesar del alto número de ciudadanos – más de un 13 porciento de la población – que han recibido la primera dosis de la vacuna. El virus y sus mutaciones ya afectan a personas relativamente jóvenes, y, en particular, a los sectores judíos ortodoxos y árabes.
Por otra parte, buena parte de la población no se ajusta a las medidas elementales como uso de las mascarillas y cuidado de distancias, dirigidas a reducir la difusión del virus. Las altas multas a los infractores apenas frenan estas irresponsables conductas. El gobierno tiende a creer que la estricta suspensión de todas las actividades- incluyendo las escolares- cambiará radicalmente estas tendencias.
Por último, el volumen disponible de vacunas declina con rapidez. Sólo aquellos que ya la recibieron tienen la seguridad de merecer la segunda dosis en un plazo de veinte días. El resto de la población deberá esperar hasta fines del próximo mes.
Ciertamente, estas medidas se ven considerablemente influidas por la cercanía del torneo electoral en marzo. Esta politización del covid apenas permite decidir con equilibrio y lucidez qué conviene a la ciudadanía y cuál debe ser su extensión en el tiempo. Circunstancia que complica un escenario que hoy presenta inquietante gravedad.
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