La decisión de transferir la administración civil de Cisjordania, el liderazgo de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) y las unidades de la Policía Fronteriza a los socios de extrema derecha del nuevo gobierno israelí será un error que tendrá repercusiones de largo plazo.
COGAT y la administración civil contribuyen a la lucha contra el terrorismo, ya que se encargan de la complicada relación entre residentes judíos y palestinos, y coordina la cooperación con la Autoridad Palestina en asuntos como la atención médica, la educación y otros campos. Su misión principal, hasta ahora exitosa, es garantizar que la Autoridad Palestina y la población civil palestina no se enfrenten de manera directa con las fuerzas de seguridad de Israel.
Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, ministros designados por Netanyahu en la coalición del gobierno entrante, dedican sus esfuerzos a la anexión de Cisjordania por motivos religiosos. La mayor parte de sus vidas estos dos hombres estuvieron en conflicto con los servicios de seguridad que ahora deberán supervisar. Tendrán el control de una de las fuerzas más poderosas de la región: la Policía Fronteriza.
Así, el camino hacia una anexión total estará despejado. Y una ocupación unilateral de Cisjordania no es aceptable para la comunidad internacional. Especialmente para uno de los aliados más cercanos de Israel: Estados Unidos. También se verán comprometidas las florecientes relaciones con países del mundo árabe y el estatus legal de Israel ante el mundo, que considera que Cisjordania está bajo una ocupación militar temporal.
Los dos ministros entrantes servirán a los intereses de los colonos judíos que buscan la anexión. Legalizarán las actividades ilegales de los colonos de Judea y Samaria e impondrán una política de mano dura hacia la población palestina. Esto provocará una lenta desaparición de la Autoridad Palestina, ya que es poco probable que mantengan su postura antiterrorista al servicio de personas que promueven la anexión, a diferencia de la cooperación que mantienen hoy con los servicios de seguridad a los que considera socios legítimos.
Así, sin la AP, Israel se verá arrastrado a una anexión de facto cuyo costo es estimado en miles de millones para garantizar la supervivencia de los millones de palestinos que viven en Cisjordania. El apoyo financiero europeo a Cisjordania probablemente también disminuya en tal escenario. Y la distancia hacia un conflicto más amplio se acortará, lo que requerirá de participación de las FDI para tratar una realidad compleja, en tiempos donde el ejército es requerido para otros escenarios como la amenaza iraní.
Mientras en Washington ya crece la impaciencia con el nuevo gobierno y se teme un efecto negativo en las relaciones bilaterales, en la arena internacional una anexión supondrá que la Asamblea General de la ONU probablemente vote una resolución que cuestione todavía más la legitimidad del gobierno de Israel sobre Cisjordania. Esta legitimidad es necesaria para mantener la cooperación internacional, piedra angular de nuestra seguridad nacional.
El autor (a quien respeto mucho) dice, en definitiva, que el Pueblo de ISRAEL no tiene derecho a votar lo que le parece correcto, porque a los No Judios en el exterior, asi como a los Judios complacientes que alli viven, les parece una osadia.