En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, hace 74 años, hordas nazis llevaron a cabo, con la anuencia de las autoridades alemanas y austríacas y ante la total inacción policial, el pogrom denominado “Krishtalnajt”, popularmente conocido en castellano como “La noche de los cristales rotos”, que dio inicio a la Shoá, el exterminio de 6 millones de judíos, diez meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Durante el trágico episodio las milicias paramilitares nazis -muchos vestidos de civil- de las “Schutzstaffel” (SS) y las “Sturmabteilung” (SA) asesinaron a unos 400 ciudadanos judíos -otros 30.000 fueron confinados en los campos de concentración de Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen- y destruyeron unos 8.000 comercios propiedad de judíos, 1.574 sinagogas (foto) -prácticamente todas- alemanas y la mayor parte de las 94 de Viena, y muchos cementerios en toda Alemania, la Austria anexada y la zona de los Sudetes de la entonces Checoslovaquia, recientemente ocupada, con el simbólico saldo de una alfombra de vidrios sobre las calles que dio lugar al casi inocente nombre del pogrom.
El gobierno nazi anunció que se había tratado de una reacción espontánea al asesinato de Ernst vom Rath, un oficial de la embajada alemana en París, por parte del joven polaco de 17 años Herschel Grynszpan, tras la expulsión de Alemania de miles de judíos de esa nacionalidad.
El ministro de Propaganda nazi, Joseph Goebbels, acusó al “judaísmo mundial” y anunció que las manifestaciones no serían obstaculizadas.
Trascartón, el jefe de la Policía de Seguridad (Sicherheitspolizei), Reinhard Heydrich, envió un telegrama urgente a las oficinas centrales y estaciones locales de la Policía Estatal y a los líderes de las SA con instrucciones específicas: los alborotadores “espontáneos” no podían dañar a personas o propiedad no judía, ni agredir a extranjeros -incluso judíos- y debían sacar y transferir al Servicio de Seguridad (Sicherheitsdienst) los archivos de las sinagogas antes de destrozarlas.
Las órdenes también indicaban que los oficiales de la Policía debían arrestar a la mayor cantidad de judíos, preferiblemente hombres jóvenes y sanos.
El gobierno alemán declaró que los judíos eran culpables del pogrom, le impuso una multa de mil millones de Reichsmark a la comunidad judía y confiscó las indemnizaciones de las compañías de seguro.
En las semanas siguientes, el gobierno alemán promulgó docenas de leyes y decretos destinados a privar a los judíos de su propiedad y sus medios de vida, que con el tiempo se agravaron y se convirtieron en la Shoá.
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