En política no todo lo que atrae la atención es relevante. Incluso es posible que lo realmente importante pase de largo, o sólo le interese por un corto periodo de tiempo a un círculo informado. Tal y como diría un connotado miembro del gabinete, hay temas “sexys” y otros que no lo son. Lo anterior llama aun más la atención cuando podría pasar desapercibido ejercicio de un poder fundamental de todo órgano legislativo.Desde la Edad Media, una facultad primordial de una asamblea deliberativa es aprobar los ingresos de un gobierno. Es decir, toda persona que aporta a las arcas públicas merece tener voz en la forma en que se gastan los recursos. A esto se le conoce como el “poder del bolsillo”.
Algunas fases del ejercicio de esta facultad pueden tener en vilo al país mientras otras generen, como máximo, una indignación pasajera que desaparece con el siguiente escándalo. Por ejemplo, los dos últimos meses de cada año la negociación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos acaparan la atención. Abundan las especulaciones sobre los ganadores y perdedores en la asignación de recursos. Los gobernadores cabildean más recursos ante el Congreso. Los diputados buscan convertirse en héroes anunciando reasignaciones presupuestales “históricas” a temas populares. Y sobre todo, los comentaristas juegan con la posibilidad de qué pasaría si el paquete económico no se aprueba dentro del plazo legal.
Sin embargo, pareciera no ser tan relevante un tema que tiene la misma importancia como es la vigilancia al ejercicio de esos recursos. El pasado miércoles 16 el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal Martínez, presentó la Cuenta Pública de 2009. Por los siguientes días abundaron notas sobre los desvíos de recursos que hubo lugar en ese ejercicio presupuestal; aunque el tema parece haber perdido vigencia. ¿Qué sucede?
¿Qué sucede en la Cámara de Diputados?
Como se dijo arriba, una de las principales atribuciones de un órgano legislativo es el “poder del bolsillo”. Su proceso inicia con la presentación del paquete económico y debería terminar con la aprobación de los diputados de la respectiva Cuenta Pública, como se lee en la fracción IV del artículo 76 constitucional.
A las dos cámaras Congreso de la Unión les corresponde aprobar la Ley de Ingresos. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar tanto el Presupuesto de Egresos como la Cuenta Pública.
En tiempos, las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se presentan a más tardar el 8 de septiembre y la Cámara de Diputados tiene como plazo final para aprobar el segundo documento el 15 de noviembre (Art. 74, fr. IV). Los recursos son ejercidos durante el año siguiente y las cuentas son enviadas a la Auditoría Superior de la Federación, quien toma otro año para analizarlas. La Cuenta Pública debe presentarse a más tardar el 30 de abril del año siguiente y los diputados deberían concluir su revisión a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de su presentación (Art. 74, fr. VI).
Para decirlo de manera más clara, el miércoles 16 se presentó la Cuenta Pública de 2009, la cual fue aprobada en noviembre de 2008. Los diputados tienen hasta el 30 de septiembre de 2011 para terminar su revisión. Hablamos de un proceso que dura casi tres años.
Y aquí reside el primer problema: ningún diputado es responsable por las cuentas públicas de los presupuestos que aprueba.
Por ejemplo, a la LXI Legislatura (2009-2012) le corresponde aprobar los presupuestos de 2010 a 2012. Las cuentas públicas de esos años se presentarán en 2012, 2013 y 2014; y sus revisiones deberían concluir en 2013, 2014 y 2015. Es decir, serán responsabilidad de la LXII Legislatura (2012-2015).
La inexistencia de la reelección inmediata hace que los diputados se desentiendan de su responsabilidad por aprobar la Cuenta Pública. De hecho ninguna se ha aprobado o rechazado desde hace casi diez años.
Por ejemplo a finales de marzo de 2009, en plena euforia por las elecciones federales intermedias, la LX Legislatura Cámara de Diputados (2006-2009) decidió rechazar los dictámenes sobre la revisión de las cuentas públicas correspondientes a 2002 y 2003, cuyo presupuesto había aprobado la LVIII Legislatura (2000-2003) y cuando no se le podía ya fincar responsabilidad a funcionario alguno de la administración de Vicente Fox. No se ha vuelto a votar una cuenta pública.
¿Indignante? Lo es. ¿Qué se puede hacer? Nada, ni siquiera marchas o manifestaciones de enojo “ciudadano” podrán cambiar las cosas. Es más, ni a los diputados les interesó mucho cumplir o no con esta responsabilidad, pues no les generó costo alguno: los de las legislaturas anteriores ya están en otro puesto. Y los actuales saben que su trabajo no depende de revisar las cuentas públicas, sino de ser leales a quienes les pueden dar el siguiente encargo en 2012.
¿Y la Auditoría Superior de la Federación?
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se creó en 1999, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados. Es un órgano constitucional con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.
Se encarga de fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos federales, sean ejercidos por los poderes de la nación o los estados y municipios; entregar la Cuenta Pública; investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos federales; y determinar los daños y prejuicios que afecten a la hacienda pública y fincar las indemnizaciones y sanciones pecuinarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades (Art. 79 constitucional).
De acuerdo con datos de la página de la ASF (www.asf.gob.mx ), hasta el 31 de diciembre de 2010 se reportaron recuperaciones por 37,795 millones de pesos; de los cuales 22,239 millones son de observaciones al Ejecutivo, 15,000 millones a estados y municipios, 277 millones al Poder Judicial, 26 millones a instituciones de educación superior, 11 millones a órganos autónomos y 86 millones al Legislativo.
Por otra parte se han desahogado 109 de los 239 fincamientos de responsabilidades resarcitorias realizados de 2001 a 2007. De las 75 denuncias penales presentadas por la ASF a partir de las cuentas públicas de 1998 a 2009, 3 han sido consignadas, en 3 no se ejerció la acción penal, 5 son acumuladas, 57 están en integración por parte del Ministerio Público y 7 están en reserva. Sería conveniente revisar en cuántos casos caducó la responsabilidad.
Los límites de la factibilidad
A todos nos gustaría tener un país menos corrupto, donde la impunidad se reduzca significativamente. Sin embargo pretendemos ignorar que las reglas del juego están diseñadas casi explícitamente para producir corrupción e impunidad. Si queremos tener algo distinto es necesario cambiarlas.
¿Se conducirían nuestros funcionarios si enfrentasen a un Congreso compuesto por legisladores que tengan que vigilarlos permanentemente porque de ello dependería la permanencia en sus puestos?
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