En un ambiente de impunidad, corrupción y ausencia de gobierno la información que recibimos nos habla de que en promedio diariamente, al menos, veinte personas son asesinadas arteramente y sin consecuencias, en las calles de Ciudad Juárez, en sus coches, en sus viviendas, en velatorios, en centros de rehabilitación de adictos, en hospitales, en fiestas juveniles e infantiles. Nos informan además, que en esa Ciudad la proporción de consumidores de drogas es cinco veces la del promedio nacional, que los negocios que aún sobreviven, se ven obligados a pagar protección a las bandas criminales y que al menos, 230 mil personas, el 15 por ciento de sus habitantes, han abandonado la Ciudad.
Lo ocurrido el viernes pasado en dos viviendas en la colonia Horizontes del Sur donde fueron asesinadas 14 personas y 15 más quedaron lesionadas, entre ellas mujeres, jóvenes y niños nos recuerda la tragedia ocurrida en enero de este año en Villas de Salvárcar en la misma ciudad y nos reitera que algo terrible y difícilmente explicable está sucediendo en Juárez y extendiéndose a todo el país, y que aún no se toca fondo.
Pero lo más aterrador de esta nueva desgracia es que nos comprueba que las medidas tomadas hasta ahora no han detenido la destrucción de la ciudad, consecuencia de los múltiples delitos que a diario se cometen en su territorio. Así, los 7,000 efectivos del ejército y los 2,000 policías federales enviados a Juárez parecen haber contribuido más al abuso y a violaciones a los derechos de la población juarense que a frenar la impunidad de las bandas criminales en la Ciudad. Por su parte, la estrategia social Todos somos Juárez, ampliamente anunciada por el Gobierno Federal a nueve meses de su inicio, evidentemente no corresponde a la emergencia social que vive la Ciudad.
Entretanto la población está con miedo, los niños y los adolescentes permanecen encerrados en sus viviendas y aumentan las familias que abandonan la Ciudad. El deterioro en la prestación de servicios es cada vez más evidente por la huida de profesionales de la salud, de la educación, de la asistencia social.
Las explicaciones que se nos dan es que se trata de un territorio de guerra entre dos carteles de la droga y también se menciona que esos cárteles han penetrado a las estructuras de gobierno, a las fuerzas de seguridad y al aparato de justicia. En estos mismos días hemos visto como el hermano de la anterior procuradora de justicia del estado la acusa de haber estado coludida con el cartel de Juárez y haber ella misma mandado asesinar al menos a dos periodistas.
En Juárez se menciona que esa procuradora impedía las investigaciones de casos como el de Villas de Salvárcar acusando, deteniendo y usando métodos de tortura para incriminar a personas inocentes.
Las organizaciones civiles denuncian sistemáticamente que en esta guerra existe una alta proporción de adolescente y jóvenes asesinados y que su muerte se suma a los cientos de feminicidios que desde hace por lo menos 17 años se venían cometiendo en Juárez. Los jóvenes son cooptados por las bandas del crimen organizado, son los que se enfrentan entre sí y como sicarios o como soldados y policías; son también presionados para participar en el narcomenudeo y se les paga con droga lo que explica en parte la elevación de población adicta joven. Además si entran a centros de rehabilitación de adicciones, corren el riesgo de ser masacrados por comandos fuertemente armados. Varios de esos centros han cerrado sus puertas ante las amenazas recibidas. Es por ello que las organizaciones empiezan a utilizar el término juvenicidio, que conlleva también a la criminalización de los jóvenes por las fuerzas de seguridad. Surge un fuerte interrogante ¿a quién le interesa asesinar a jóvenes en proceso de rehabilitación? Son los vendedores de droga para proteger su mercado y advertir a sus consumidores o se trata de acciones de “limpieza social”
La situación que se vive en Ciudad Juárez se está reproduciendo en Torreón, Nogales, Reynosa, Tampico, Monterrey. En Tijuana y Tepic fueron recientemente masacrados varios jóvenes que estaban en procesos de rehabilitación de adicciones.. Muchas comunidades rurales y municipios están totalmente controlados por el crimen organizado.
Y mientras nuestro país se destruye paulatinamente, caen más personas asesinadas y avanza la toma de territorios por el crimen organizado, los partidos políticos destinan un gran número de horas pagadas por todos nosotros a sus diputados para montar una deplorable farsa para designar a tres nuevos consejeros del Consejo General del IFE.
Cuando nuestros políticos despierten de sus sueños de grandeza y poder y de sus pequeñas disputas, ya no tendrán país que gobernar.
Radio Educación, Comentario 12 – 28 de octubre de 2010
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