Para no salirnos del tema de moda en México que es la violencia en todo el país, hablemos de violencia institucional.

Hace pocos días apareció la noticia de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos o de los minisalarios, como muchos la llaman, iniciaba el proceso para fijar los salarios mínimos legales que estarán vigentes para el año 2011.

Se trata del montaje de un nuevo ejercicio de simulación que se ha venido repitiendo desde 1975, año en el que por última vez, se dio una verdadera negociación entre representantes del sector obrero y del sector empresarial para fijar los salarios mínimos. Celebramos entonces, 35 años de simulaciones.

Hasta 1975, la Comisión Nacional ejercía una función realmente autónoma, que pasó a ser capturada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y subordinada a las decisiones del Gabinete Económico, es decir, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.

Desde 1963, e inicialmente encabezada por el Maestro Gilberto Loyo, la Comisión había venido desarrollando sus propias capacidades de investigación y de producción independiente de información sobre la evolución de los precisos, para fundamentar los niveles que deberían fijarse de los salarios mínimos legales. En ese entonces estos eran de tres tipos: generales, rurales y profesionales. Había una Comisión Nacional y 111 Comisiones regionales y mediante un sistema complejo se determinaban los salarios para cada zona.

Como señala la propia Comisión y cito " el sistema constituyó un mecanismo efectivo para facilitar el conocimiento por parte de los factores de la producción y del gobierno, de los problemas relacionados con la actividad económica y con el nivel de vida de los trabajadores, a la vez que constituyó un marco adecuado para la discusión entre los sectores" (CONASAMI)

Realmente se realizaba un importante esfuerzo por tratar de ver cuál era la situación de la economía en cada zona salarial, así como las condiciones de vida en que se encontraban las familias. Se buscaba sustentar aumentos justos para los trabajadores, reponiéndoles la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios debida al aumento de los precios, así como darles un porcentaje adicional por su contribución a los incrementos en la productividad de la economía.

La Constitución aún ahora, define a los Salarios Mínimos Generales como aquellos que "deberán ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para promover a la educación obligatoria de los hijos" (Art. 123 de la Constitución). Se trata de una de las garantías sociales claramente explicitadas en el texto constitucional.

En la actualidad el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional sólo fija tres salarios mínimos generales correspondientes a las tres áreas geográficas en que se ha dividido al país para el efecto, así como 73 salarios mínimos profesionales.

Sin embargo, los supuestos representantes obreros y patronales son realmente empleados de lo que queda de los grandes sindicatos y de las organizaciones empresariales y nada tienen que ver con los millones de trabajadores empobrecidos que reciben un salario mínimo, ni tampoco representan a los patrones que los pagan.

El porcentaje de aumento de los salarios mínimos es realmente determinado por la Secretaría de Hacienda de acuerdo a las previsiones de política económica. Es decir es un precio fijado por las autoridades económicas. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional realiza una especie de obra teatral en donde simula ser quien fija los aumentos.

El salario mínimo general que estuvo vigente este año para a la Zona A, fue de 57.46 pesos lo que significa cerca de 21 mil pesos al año y representan menos de la centésima parte del salario anual del Presidente de la Republica.

De acuerdo a datos de la OIT el salario mínimo en México aparece como el segundo salario más bajo de la región latinoamericana, sólo el de Uruguay es menor. México está cerca de Bolivia y Nicaragua. En cambio, Paraguay, Argentina y Costa Rica tienen salarios mínimos entre el doble y el triple del mexicano.

Para ilustrar el optimismo terminaría señalando que el salario mínimo en México ha caído de tal manera en los últimos 35 años que para obtener el equivalente de lo que una persona de salario mínimo ganaba en 1976, ahora se requieren cuatro personas a ese nivel de salario.

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Estudio economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, de El Colegio de México (Colmex) y de la Dirección General de Estadística.Trabajó por 20 años en el Gobierno Federal como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Rural Integral y concluyó como Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Pesquero.Dejó el Gobierno Federal en 1991 y se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil en lucha por la democracia. Fue presidenta de ACUDE (Acuerdo Nacional para la Democracia), participó en la creación y fue parte de la primera coordinación de Alianza Cívica, socia fundadora de GIMTRAP y de Causa Ciudadana APN y actualmente es presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social AC.Fue miembro del Comité Técnico para la Auditoria del Padrón Electoral en 1994 y directora del Registro Federal Electoral en 1997. Coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de1995.Participó como Secretaria de Desarrollo Social en el primer gobierno democrático del Distrito Federal de 1997 al 2000.En 2003 fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en la materia, encargándose de varios apartados del Capítulo de DESC y del relativo a derechos humanos de las mujeres. En 2008 colaboró en el diagnóstico de derechos humanos de Guerrero con el capítulo sobre DESC.En 2004 y 2005 coordinó la elaboración de un análisis sobre la Realidad Social en Ciudad Juárez, y de 2006 a 2009 promovió y participó en los Comités Conciudadanos para la Observación y la Reforma Electoral. Participa como docente y conferencista en varios diplomados en los temas de Desarrollo y Política Social, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Políticas hacia las Familias, Desigualdad Social, Sector Informal y mercados de trabajo y Desarrollo de la Sociedad Civil.Es miembro del Seminario de la Cuestión Social de la UNAM, de la Sociedad Mexicana de Demografía, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana; y ahora miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).