En un proceso legislativo sorprendentemente rápido, los mexicanos fuimos espectadores de la aprobación de la legislación secundaria en telecomunicaciones. El trámite en la Cámara de Diputados duró menos de 48 horas. Así, sin debate (irónico, dado que una de las supuestas funciones del Congreso es servir como ágora de las ideas) y promulgada ayer mismo por el Ejecutivo Federal una Ley de Telecomunicaciones que según sus auspiciadores será detonante de la competencia. No es así. Lo que la falta de debate no descubrió es que la reforma no será levadura del incipiente ecosistema de internet en nuestro país, sino todo lo contrario.
Internet está basado en una premisa fundamental y es la confianza de los usuarios en Internet. Cuando enviamos un correo electrónico, confiamos en que la información que compartimos sólo será vista por sus destinatarios y nadie más. Cuando hablamos en un grupo de Whatsapp, asumimos que sólo aquellos dentro del grupo podrán leer lo que escribimos. Internet se ha convertido en un habilitador del intercambio de información precisamente por su poder de transmitir sin exponer. La nueva Ley de Telecomunicaciones rompe con este paradigma.
Los artículos 189 y 190 de la Ley obligan a los proveedores de internet y otorga al Estado mexicano la posibilidad de recabar, indiscriminadamente y sin control judicial, todos los metadatos que nuestras conversaciones y actividad en línea generen. Es decir, la información que naturalmente se genera en una comunicación (fecha, hora, ubicación, nombre, tipo de comunicación, origen, destino entre otros) tendrá que ser almacenada por 24 meses por los proveedores de acceso a internet. Además, si el ejército así lo desea, le podrá solicitar esa información a nuestro proveedor de internet. Existen diversos problemas con esto: no queda claro qué garantías de seguridad tendrá nuestra información almacenada y cuáles son los supuestos bajo los cuales, entidades como el ejército podrán solicitar dicha información.
El primero de los puntos resulta relevante debido a que se relaciona muy cercanamente con el tema de la ciber seguridad. Actualmente, el mundo vive constantemente ataques informáticos. Las grandes empresas se arman hasta los dientes para proteger su información confidencial y su producción intelectual. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos millonarios resultan fútiles ante el creativo dinamismo de los ataques cibernéticos. Existen algunos teóricos sobre el ciber espacio que plantean que una estrategia exitosa en el ciber espacio debe de ser dinámica por naturaleza.
Dado lo anterior, resulta de interés general saber cuáles serán las salvaguardas que los proveedores de internet tendrán respecto a nuestra información. Es decir: ¿cuáles son los candados, en dónde se almacena esa información? Adicionalmente, los usuarios debemos de tener el derecho de conocer el momento en el que esos datos hayan sufrido un ataque cibernético y saber qué información ha sido vulnerada. Nada de esto está incluido en la reforma. Estas medidas de seguridad necesariamente se traducirán en costos para los proveedores de internet, y si queremos que esa información se guarde con la adecuada seguridad que merece, esos costos serán altos, trasladando el costo a los usuarios y contradiciendo lo que el partido oficial y sus diputados de cartón en el Congreso han repetido hasta el cansancio: que la reforma abaratará los costos de los servicios de telecomunicaciones.
El segundo punto, el del acceso de entidades gubernamentales a esa información almacenada atenta contra el principio de confianza de internet. Desde el momento en el que el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley no podemos confiar en que la información de nuestras conversaciones estará restringida a aquellos a quienes está destinada. Desde ese momento, los funcionarios federales, a los que no hemos elegido mediante procesos democráticos tendrán acceso a la información que nuestras comunicaciones generan. Esto es preocupante dado que no hay un proceso judicial claro y sistemático en el que se especifiquen los supuestos bajos los cuales esos funcionarios tendrán acceso a la información de nuestras comunicaciones. Es decir, a partir de la promulgación de la Ley, tendremos que tener cuidado con lo que compartimos y hacemos en Internet, esto necesariamente se convertirá en un incentivo negativo al uso en Internet. No suena descabellado pensar que uno de los efectos de esta Ley será un menor consumo por parte de los usuarios en México de Internet.
En conclusión, el proceso no democrático y anti deliberativo bajo el cual se confeccionó este corset llamado Ley, es una amenaza para Internet en México. La Ley es un contrasentido a una política digital de inclusión y de acceso universal.
* Miguel Guevara es Ingeniero en Telecomunicaciones por la UNAM. Trabajó en COFETEL y al momento es Google Policy Fellow en Artículo 19. Estudia una Maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
lo malo es que luego se vuelven criminales, los que se supone deben protegernos.
Perdón . . . ¿Accesar es un verbo? ¿desde cuando?
Gracias por su observación. El error ha sido corregido.